“Aunque el presidente Carter no tuvo que cumplir con la Ley de Registros Presidenciales, que entró en vigor después de su presidencia, él donó voluntariamente todos sus documentos y registros a los Archivos Nacionales cuando dejó el cargo y dio instrucciones a su equipo de colaborar estrechamente en la transferencia”, dijo un portavoz en una respuesta por correo electrónico a la Voz de América.
La Ley de Registros Presidenciales de 1978 se aplica a los registros oficiales de presidentes y vicepresidentes después de enero de 1981 y transfiere la propiedad legal de esos registros de privados a públicos a la Administración de Registros y Archivos Nacionales.
El Centro Carter no negó un reporte de AP de que materiales clasificados fueron hallados en la casa del expresidente en Plains, Georgia, al menos en una ocasión y que fueron entregados a los Archivos.
“Puede suceder”, dijo Matthew De Galan, vicepresidente de comunicaciones del Centro Carter, a la VOA. “Si sucede, uno encuentra un documento clasificado y lo devuelve”.
Sin embargo, ninguno de los empleados actuales del Centro Carter o la Biblioteca y Museo Presidencial Jimmy Carter recuerda que el expresidente haya encontrado materiales clasificados en su casa, dijo De Galan.
Representantes de Clinton, George W. Bush y Barack Obama respondieron de forma similar a preguntas de la VOA, afirmando que los presidentes devolvieron los materiales a los Archivos al final de su término y no se han hecho búsquedas adicionales.
La oficina de Obama recordó declaraciones de los Archivos en septiembre que desmintieron reportes de la prensa de que faltaban cajas de documentos presidenciales de la administración Obama cuando los Archivos los trasladaron al finalizar su mandato.
Un problema generalizado
Abogados de Pence dijeron que un “pequeño número” de documentos clasificados fueron encontrados la semana pasada en su casa en Indiana. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump y el presidente Joe Biden son investigados por fiscales especiales por su manejo de documentos clasificados.
Mucho aún se desconoce sobre cómo, cuándo y por qué esos materiales no fueron manejados correctamente, mientras que exfuncionarios y expertos afirman que el problema es generalizado.
“Hay varios millones de personas en cualquier momento dado con permisos de acceso a información clasificada”, dijo a la VOA Mark Zaid, un abogado experto en seguridad nacional. “Los individuos dejan el servicio federal y se llevan a sus casas por error documentos que eran clasificados e incluso no se percatan por años”.
Los documentos clasificados pueden también extraviarse durante una transición presidencial, donde hay un movimiento masivo de registros, incluyendo la transferencia física de cientos de millones de registros de texto, electrónicos y audiovisuales, y objetos desde la Casa Blanca a una futura biblioteca del presidente saliente.
Matthew Dowd, estratega de la campaña presidencial Bush-Cheney de 2004, dijo en un tuit que es muy probable que todo presidente y vicepresidente de la historia reciente “salga con documentos clasificados a causa de la premura en las transiciones”.
Aun así, algunos legisladores se sorprenden.
“Tenemos una epidemia de altos líderes que se llevan documentos clasificados a sus casas. Y tenemos que decirlo categóricamente, ya sean republicanos o demócratas, es incorrecto”, dijo el representante republicano Don Bacon a la cadena NBC.
“Demuestra descuido, negligencia y pienso que los estadounidenses deben estar indignados”, añadió, al tiempo que expresó apoyar una investigación a Pence similar a las de Trump y Biden.
Los funcionarios de la Casa Blanca insisten que Biden y sus asesores se toman muy en serio el tratamiento de materiales clasificados.
“Todos conocemos las reglas, seguimos las reglas y los procedimientos existen por alguna razón”, dijo John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
La confianza pública en los funcionarios electos está ya en un mínimo histórico, con solo el 20 % de los estadunidenses que dicen confiar del desempeño del gobierno, según una encuesta de Pew Research.
“La mayoría de la gente piensa que el gobierno hace un buen trabajo en seguridad nacional”, dijo a la VOA Jennifer Mercieca, quien imparte clases de retórica presidencial en la Universidad A&M de Texas. “Estos escándalos de documentos clasificados podrían afectar la forma en que el público percibe la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad”.
Algunos observadores dicen que aunque los funcionarios deben manejar con más cuidado los materiales clasificados, el sistema del gobierno sufre de una clasificación exagerada.
“Muchos millones de documentos se clasifican cada año y la mayoría no contiene secretos reales, pero se clasifican por propósitos políticos”, dijo Allan Lichtman, historiador presidencial de la American University, quien ha escrito sobre una reforma al sistema de clasificación de EEUU. “Hasta que se haga esa reforma, el público estadounidense tiene una razón para desconfiar del sistema de clasificación”.
Como parte de la Iniciativa de Gobierno Abierto, Obama firmó un decreto que ordenaba que el gobierno no puede clasificar un documento si existe una “duda significativa” sobre la necesidad de ocultarlo.
Sin embargo, según Elizabeth Goitein, directora sénior del Justice’s Liberty & National Security Program del Brennan Center, el decreto debió ser más estricto, porque los funcionarios abusan de los sellos de “Secreto” y “Muy secreto” para impedir que muchos documentos lleguen hasta el público.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.
