La campaña de Trump y los grupos republicanos presentaron demandas idénticas la semana pasada contra funcionarios electorales en los condados de Linn y Johnson.
Iowa City, IA. (AP vía VOA) – La campaña de reelección del presidente Donald Trump y los grupos del Partido Republicano están demandando a un tercer condado de Iowa, buscando invalidar miles de formularios de solicitud de boleta de voto en ausencia que han sido devueltos por los votantes.
La demanda contra el principal funcionario electoral del condado de Woodbury, que se hizo pública el lunes, amplía los esfuerzos del Partido Republicano para dificultar que los votantes y los funcionarios locales manejen las solicitudes de voto ausente durante la pandemia.
La campaña de Trump y los grupos republicanos presentaron demandas idénticas la semana pasada contra funcionarios electorales en los condados de Linn y Johnson.
Lo que está en juego son los formularios de solicitud de boleta de voto ausente que los tres condados han enviado por correo a la mayoría de los votantes registrados previamente llenos con información, incluidos nombres, fechas de nacimiento y un número de identificación para votar que pocas personas conocen.
Los votantes solo tienen que revisar, firmar y devolver los formularios para recibir las boletas a partir del 5 de octubre. Más de 70,000 personas han solicitado boletas en los tres condados.
Las demandas argumentan que los correos de los condados violan una directiva del Secretario de Estado de Iowa, Paul Pate, quien dijo a los funcionarios locales el mes pasado que los formularios deben enviarse en blanco para garantizar la uniformidad en todo el estado. La oficina de Pate dice que está investigando los tres condados.
Los funcionarios del condado dicen que están actuando dentro de su autoridad para promover el voto en ausencia durante la pandemia de coronavirus. Dicen que dejar los formularios en blanco amenazaría con privar del derecho al voto a las personas que no conocen su número de identificación para votar o su licencia de conducir, cualquiera de los cuales debe proporcionarse según la ley estatal de identificación de votantes.
Bajo una nueva ley aprobada por la Legislatura controlada por los republicanos, los auditores no pueden usar sus bases de datos para completar los números de PIN (clave) en blanco en los formularios como lo han hecho en elecciones pasadas. En su lugar, deben intentar comunicarse con esos votantes por correo electrónico o correo postal para corregir los errores ellos mismos, un proceso que requiere mucho tiempo y que no siempre tendrá éxito.
Grupos de tendencia demócrata han presentado una demanda cuestionando la ley como una barrera inconstitucional al derecho al voto. Está programada una audiencia para fines del próximo mes.
Los republicanos dicen que exigir a los votantes que proporcionen su propia información es una protección contra el fraude.
A diferencia de los dos condados de tendencia demócrata demandados por la campaña de Trump la semana pasada, los votantes del condado de Woodbury apoyaron a Trump sobre Hillary Clinton en la campaña de 2016. El demócrata Patrick Gill, el auditor del condado durante mucho tiempo, fue nombrado como acusado.
La oficina de Gill dijo la semana pasada que envió alrededor de 57,000 formularios y los votantes habían devuelto 11,000 de ellos.
Trump se reunió con funcionarios el martes en Cedar Rapids para discutir una tormenta de viento que devastó el estado la semana pasada. Cerca de 51,000 votantes en los alrededores del condado de Linn han devuelto sus formularios de solicitud de boleta de voto en ausencia, dijo el auditor Joel Miller.
Las demandas argumentan que cualquier voto ausente que se emita en respuesta a correos incorrectos estaría “sujeto a impugnación y no se contará en las elecciones generales de 2020”. Buscan órdenes judiciales que invaliden los formularios devueltos y requieren que los votantes llenen nuevos formularios en blanco.
Una audiencia sobre la solicitud de la campaña de una orden judicial temporal en el caso contra el condado de Linn está programada para la próxima semana. El martes, un juez fijó una audiencia en el caso del condado de Woodbury para el 28 de agosto.
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