“El Departamento de Justicia llevará ante la justicia a los criminales que defraudan a los estadounidenses, roban de los programas financiados por los contribuyentes y ponen a las personas en peligro por el bien de las ganancias”, dijo el fiscal general Merrick Garland.

Los acusados fueron detenidos en una redada por fraude de atención médica que duró dos semanas en todo el país y llevó al arresto de 193 acusados, incluidos 76 médicos, enfermeras practicantes y otros profesionales sanitarios con licencia.

La redada a nivel nacional también resultó en la incautación de más de 231 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo, oro y otros activos de gran valor.

Uno de los sospechosos era una enfermera practicante de Florida que recetó más de 1,5 millones de píldoras a personas en todo el país, dijo el Departamento de Justicia, a través de la política de recarga automática con su compañía.

“Esto supuestamente resultó en que la enfermera practicante recetara Adderall y otros estimulantes a personas que sufrían de adicción a las drogas y continuara emitiendo recetas de Adderall durante meses después de las muertes por sobredosis de los pacientes”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Adderall se usa a menudo para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH.

En otro caso, tres propietarios y ejecutivos de un distribuidor mayorista de medicamentos farmacéuticos fueron acusados en relación con una supuesta conspiración de fraude electrónico de 90 millones de dólares que presuntamente introdujo “medicamentos para el VIH adulterados y mal etiquetados en el mercado”, según el Departamento de Justicia.

Las farmacias de todo el país, sin saberlo, dispensaron estos medicamentos a pacientes con VIH desprevenidos. Uno de ellos, informó el Departamento de Justicia, tomó lo que pensó que era un medicamento para el VIH y quedó inconsciente durante 24 horas porque en su lugar había tomado un medicamento antipsicótico.

Mientras tanto, 14 acusados en otro caso se les levantaron cargos por delitos relacionados con la prescripción y distribución ilegal de opioides que resultaron en millones de dólares en facturas falsas.

En un caso, 126 acusados presuntamente defraudaron a Medicare, Medicaid y compañías de seguros privadas por más de 450 millones de dólares en reclamos falsos, y otros 10 fueron acusados en relación con una estafa de pruebas de COVID-19 de 65 millones de dólares en el sur de Florida, según un comunicado del Departamento de Justicia.

La unidad de fraude criminal del Departamento de Justicia fue la investigadora principal de los esquemas de estafas médicas. Otras agencias involucradas en la investigación incluyeron al FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Administración de Control de Drogas.

[Parte de la información para este informe provino de Reuters y The Associated Press].