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Las representaciones en México de tres agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebraron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional considerar el aborto como un delito.
Ciudad de México (Sputnik) — Las agencias relacionadas con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de las mujeres y la población en general destacan que “el trabajo y la tenacidad de las organizaciones de la sociedad civil, colectivas, activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres y niñas ha sido fundamental para que la SCJN diera este positivo paso”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), del Fondo de Población y la agencia para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres de la ONU esperan que el criterio establecido por la SCJN sea aplicado en todo el país.
La finalidad del nuevo marco jurídico debe ser “que ninguna mujer sea criminalizada por interrumpir su embarazo”.
Las agencias reconocen también el impulso en 2017 de la anterior Procuraduría General de la República, que en 2019 fue remplazada por una Fiscalía General, cuando interpuso la “acción de inconstitucionalidad” en contra de dos artículos del Código Penal del estado de Coahuila (noroeste) que fue resuelto por el máximo tribunal.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación de las mujeres en la legislación y en la práctica, estableció que “criminalizar la interrupción del embarazo es una de las formas más perjudiciales de instrumentalizar y politizar el cuerpo y la vida de las mujeres”.
Delitos contra las mujeres
El posicionamiento de las agencias de la ONU indica que el fallo reconoce que este tipo de delitos “violentan la autonomía y libertad reproductiva de las mujeres”.
En este sentido, instan al Congreso del estado de Coahuila a modificar su Código Penal en los términos señalados por la Corte Suprema.
Recuerdan que esa recomendación al Estado mexicano había sido hecha de manera reiterada por parte de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, “incluyendo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la decisión del máximo tribunal fue prácticamente unánime, y que debe de respetarse.
Sin embargo el jefe de Estado acotó: “no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas encontradas”.
López Obrador evitó tomar una postura clara a favor de las organizaciones de mujeres que exigían la despenalización.
Horas antes de la votación que tuvo lugar el 7 de septiembre, el presidente evitó expresar su opinión sobre el aborto, ante una pregunta sobre la discusión que sostenían los ministros de la Corte Suprema.
El gobernante esgrimió que es un tema muy controvertido, y que un jefe del Ejecutivo federal debe evitar el “desgaste” que supone participar en ese debate.
“Deben entenderse las cosas: yo no puedo por la investidura presidencial exponerme a un desgaste, entonces tengo que cuidarme; este asunto es bastante polémico”, dijo el gobernante en conferencia de prensa.
Ante la insistencia de los periodistas, López Obrador, quien suele eludir ese tema desde su campaña electoral, propuso: “lo tienen que resolver las mujeres, el pueblo, y en este caso lo está atendiendo el Poder Judicial”.
En cambio, el presidente del máximo tribunal mexicano, Arturo Zaldívar, expresó en el debate que desde hace diez años sostiene “que hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo”, y agregó que “criminalizar a la mujer, sobre todo a la más pobre y vulnerable, es profundamente injusto y abiertamente inconstitucional”.
El código penal declarado inconstitucional señala que “comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo”.
Con ese argumento, la ley de Coahuila establecía que se impondría “de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”, medida que ha quedado eliminada.
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