Se trata de la mayor iniciativa para implicar a las autoridades locales en la aplicación de la ley de inmigración desde la histórica ley estatal de 2010 que obligaba a la policía a preguntar a las personas su estatus migratorio en determinadas situaciones.

El tribunal rechazó el martes una impugnación de grupos hispanos que argumentaban que la medida electoral violaba una norma de la Constitución estatal que establece que las propuestas legislativas deben abarcar un único tema. En una orden de la presidenta de la Corte Suprema, Ann A. Scott Timmer, el máximo tribunal del estado concluyó que la medida satisface la regla de un solo tema.

De ser aprobada por los votantes, la propuesta, conocida como Propuesta 314, convertiría en delito estatal el cruce de la frontera entre Arizona y México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada, otorgaría a los policías estatales y locales la facultad de detener a los infractores y permitiría a los jueces estatales ordenar el regreso de las personas a sus países de origen.

También tipificaría como delito punible con hasta 10 años de prisión la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona y exigiría a algunas agencias gubernamentales que utilicen una base de datos federal para verificar la elegibilidad de un no ciudadano para recibir prestaciones del gobierno.

Los opositores habían argumentado que la propuesta abordaba temas no relacionados con la aplicación de la ley de inmigración, la crisis del fentanilo y la regulación de las prestaciones públicas. Un tribunal inferior había rechazado previamente esos argumentos.

Aunque la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes en Estados Unidos, los defensores de la medida afirmaron que es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que la gente cruce ilegalmente por la porosa frontera de Arizona con México.

También dicen que algunas personas que entran en Arizona sin autorización cometen robos de identidad y se aprovechan de las prestaciones públicas.

Los opositores dicen que la propuesta daría lugar a la caracterización racial, dañaría la reputación de Arizona en el mundo de los negocios y acarrearía enormes costos no financiados para los departamentos de policía que no suelen aplicar la ley de inmigración.