“No es sorprendente ver que las tasas de impunidad siguen siendo muy altas porque no ha habido ningún ejemplo significativo y poderoso de justicia rápida en los casos de periodistas”, dijo Courtney Radsch, directora de defensa del CPJ.
Estados Unidos (VOA/) – La falta de voluntad política o de capacidad para realizar investigaciones está obstaculizando el progreso en la obtención de justicia cuando los periodistas son asesinados, según un informe publicado el miércoles por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Durante la última década, 230 de los 277 asesinatos de periodistas en todo el mundo no han sido procesados, con una docena de países que representan el 80% de todos los casos sin resolver, según el informe del Índice de Impunidad 2020 de la organización que defiende la libertad de prensa.
El índice, actualizado anualmente, examina los países donde los periodistas son asesinados y los asesinos quedan libres. El informe de este año se publicó previo al Día Internacional de las Naciones Unidas para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas el 2 de noviembre.
Somalia, Siria, Irak y Sudán del Sur, países impactados por la guerra y la inestabilidad política, siguen encabezando el índice. México y Filipinas, que sufrieron algunos enjuiciamientos, pero donde la violencia contra los medios de comunicación sigue siendo un problema grave, también permanecen en la lista.
“No es sorprendente ver que las tasas de impunidad siguen siendo muy altas porque no ha habido ningún ejemplo significativo y poderoso de justicia rápida en los casos de periodistas”, dijo Courtney Radsch, directora de defensa del CPJ.
Filipinas, que pasó del quinto al séptimo lugar en el índice, tardó una década en lograr condenas de la masacre de 2009 de 58 personas en Maguindanao, incluidos más de 30 trabajadores de los medios de comunicación.
Un tribunal regional condenó el año pasado a 28 personas por su participación en el ataque. Pero el país todavía tiene 11 asesinatos de periodistas sin resolver en la última década.
Radsch citó dos razones principales de la impunidad. El primero, es la falta de capacidad institucional para realizar investigaciones o realizar juicios significativos. El segundo, es la falta de voluntad política, que amenaza el avance de las condenas.
México en números rojos
En México, el país más mortífero para los periodistas en Occidente con 26 asesinatos sin resolver en la última década, las autoridades consiguieron condenas en dos casos, incluido el del galardonado periodista de investigación Javier Valdez Cárdenas. Pero las unidades especiales creadas para investigar delitos contra los medios de comunicación no están haciendo lo suficiente, dijo Radsch.
Valdez, quien recibió 12 disparos fuera de su oficina en el estado de Sinaloa, había recibido amenazas de muerte por su reportaje sobre una guerra territorial entre grupos criminales.
Una persona fue condenada el 28 de febrero a 14 años de prisión y una segunda está a la espera de juicio por el asesinato de 2017. También se emitió una orden de arresto contra un exmiembro del cartel de Sinaloa, quien está acusado de ordenar el asesinato, según el CPJ.
“Hay cierto nivel de consuelo, que alguien ha sido responsabilizado, pero aún hay más por hacer”, dijo Radsch.
Relatores especiales sobre libertad de expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron a México en noviembre del año pasado por la lenta investigación del asesinato de Valdez.
Los relatores hicieron un llamado a México para crear un sistema más efectivo para investigar estos casos y dijeron que “la demora en los procesos contribuye directamente a la impunidad actual de los crímenes contra periodistas en México”.
México tiene una fiscalía federal especial encargada de examinar los asesinatos de periodistas. Pero el informe del CPJ dice que ha asumido menos casos nuevos desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018.
Un factor importante que ralentizó las investigaciones en México, dijo Radsch, son los planes del congreso federal de abolir 54 fondos fiduciarios, incluido uno utilizado para financiar la protección de los periodistas. Según las propuestas, los planes de seguridad de los medios de comunicación serían financiados a través del Secretario del Interior. Esto podría hacer que el proceso sea más susceptible a maniobras políticas.
“Este no es un paso en la dirección correcta para México, dado que es uno de los lugares más peligrosos para ser periodista”, dijo Radsch.
En lo que va de 2020, el CPJ ha determinado que al menos cuatro periodistas fueron asesinados en México por sus reportajes.
Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York, dijo a la Voz de América que “lamentablemente la violencia contra los periodistas sigue siendo una amenaza en estos países”.
Dijo que por esa razón “se espera que va a haber más casos de periodistas asesinados”.
“Este índice solo mira los asesinatos y no comprende por ejemplo los cierres de estaciones de radio, las amenazas, los procesos judiciales contra los periodistas, entonces hay una gran diversidad de herramientas de censura para estados y también para otros actores que buscan silenciar e intimidar a periodistas”, dijo Southwick.
Afganistán en avance negativo
Los derechos y las protecciones también están a la vanguardia de la mente de los periodistas afganos en los últimos meses, mientras Kabul entabla conversaciones de paz con los talibanes en Doha.
En Afganistán, la mayoría de los asesinatos de periodistas no son procesados, según NAI, una organización no gubernamental que surgió en 2005 para dar apoyo a la libertad de prensa en esa nación. El país subió un lugar al quinto lugar en el índice CPJ.
NAI ha documentado 120 asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios en el país desde 2001.
El director del grupo, Mujeeb Khlewatgar, dijo a la Voz de América que los talibanes eran responsables de 55 casos y que 40 asesinatos siguen sin resolverse.
“No se ha iniciado ningún proceso judicial para ellos”, dijo Khlewatgar, y agregó que el gobierno no tiene jurisdicción en las áreas bajo el control de los talibanes.
En Afganistán, 229 distritos, o poco más de la mitad del país, están bajo el control del gobierno, mientras que 59 distritos, aproximadamente el 15%, están bajo el control de los talibanes, según un informe de enero de 2019 del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán.
La escena de los medios de comunicación afganos ha experimentado un enorme crecimiento en el período posterior a los talibanes, impulsada por la participación internacional y la aprobación de una serie de leyes que brindan cierta protección a los periodistas.
Los funcionarios del gobierno han dicho que procesarán a los autores de los asesinatos de periodistas después de que se resuelvan las conversaciones de paz, pero Khlewatgar dijo que tiene dudas. Incluso durante el proceso intermitente, los periodistas fueron amenazados por su cobertura de las acciones de los talibanes, dijo Khlewatgar.
“No hay ningún sistema de protección aquí”, dijo. “La libertad de expresión no es algo que practiquemos ahora”.
Radsch dijo que el tema de la impunidad en los ataques a periodistas ha ganado fuerza en el escenario mundial, pero los compromisos políticos deben conducir a acciones y políticas. El enjuiciamiento de los perpetradores, que a menudo es un proceso largo y tenso, puede ser fácilmente impugnado o revocado.
“Por un lado, hay una creciente atención y condena internacional por tales asesinatos, lo que ha ayudado a impulsar el tema aún más en la agenda internacional”, dijo Radsch. “Pero traducir la atención en una prevención significativa sigue siendo un desafío”.
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