El expresidente de Estados Unidos, al igual que sus dos hijos adultos que testificaron la semana pasada, probablemente enfrentará preguntas agudas sobre las prácticas contables cuestionables que el juez Arthur Engoron ya ha dictaminado que son fraudulentas.

Los abogados del estado de Nueva York argumentan que esos métodos le permitieron obtener condiciones de financiación favorables al aumentar el valor de sus campos de golf, torres de apartamentos y otros activos en un momento en que muchos prestamistas se negaban a hacer negocios con él. Dicen que esa actividad le hizo ganar 100 millones de dólares y exageró su riqueza en 2 mil millones de dólares.

Trump ha dicho repetidamente que el caso es una “caza de brujas” por motivos políticos. El lunes criticó a Engoron y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en las redes sociales y dijo fuera de la sala del tribunal que el caso era un intento de socavar su candidatura presidencial para 2024.

“Es una guerra política, como se la llamaría, o una guerra política”, dijo al entrar a la sala del tribunal.

James hizo a un lado los comentarios.

“Al final del día, lo único que importa son los hechos y los números. Los números, amigos míos, no mienten”, dijo James afuera del tribunal.

A diferencia de los cuatro casos penales que enfrenta el favorito para la nominación republicana de 2024, este juicio civil no amenaza con enviarlo a prisión mientras prepara su intento de regresar a la Casa Blanca.

Presentación de recaudación de fondos

De hecho, Trump se ha apoyado en la experiencia, usándola para solicitar donaciones de campaña y argumentar que está siendo atacado por sus opiniones políticas.

Pero podría socavar la imagen de Trump, cultivada durante décadas, como un multimillonario glamoroso que oscila entre elegantes complejos turísticos y campos de golf premium que llevan su nombre.

James busca multas por 250 millones de dólares, así como restricciones que impedirían a Trump y sus hijos Eric y Donald Jr hacer negocios en su estado natal.

Engoron ya canceló los certificados comerciales de empresas que controlan gran parte de su negocio, aunque esa orden está en suspenso durante la apelación.

Las pruebas presentadas en el juicio hasta ahora han revelado que funcionarios de la empresa, incluidos los hijos de Trump, Eric y Donald Jr., estuvieron involucrados en esfuerzos para manipular el valor tasado de propiedades trofeo como la finca Mar-a-Lago en Florida.

Un testigo, su ex abogado y reparador Michael Cohen, testificó que Trump le ordenó revisar los estados financieros para aumentar su patrimonio neto.

La ira de Trump ha sido clara en todo momento.

Aunque su presencia hasta hoy no era necesaria en el tribunal, ya ha aparecido varias veces desde la mesa del acusado para mirar con furia el proceso y quejarse del caso ante las cámaras de televisión fuera de la sala.

Eso le ha valido multas de 15.000 dólares por violar dos veces una orden de silencio limitada que le impide criticar al personal del tribunal. Los abogados de Trump están irritados por esa orden e indicaron que podrían usarla como base para una apelación, pero Engoron la amplió el viernes para cubrirlos también.

El abarrotado calendario legal de Trump amenaza con sacarlo de la campaña electoral durante gran parte del próximo año.

Su campaña electoral ha utilizado el juicio como una oportunidad para recaudar fondos, escribiendo desde el principio el 2 de octubre que estaba defendiendo a su familia y su reputación de los demócratas de Nueva York a los que llamaba “tiranos corruptos”.

A los votantes republicanos no parece importarles sus problemas legales, ya que las encuestas muestran que tiene una amplia ventaja en la contienda por la nominación presidencial del partido.

Originalmente, el juicio estaba programado para durar hasta principios de diciembre, pero podría concluir antes cuando el estado llame a sus testigos finales esta semana. No está claro cuántos testigos llamará la defensa.

La hija de Trump, Ivanka, debe testificar el miércoles, aunque no es acusada en el caso.