Ambas decisiones, una de ellas de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, son pasos jurídicos trascendentales para que una decena de empresas estatizadas y acreedores de bonos incumplidos por PDVSA puedan cobrar a Venezuela sus deudas mediante la subasta de acciones de Citgo, en los próximos meses, según expertos.

La Voz de América detalla las recientes sentencias y los pormenores del largo y complejo caso judicial que involucra la filial petrolera, con sede en Estados Unidos.

La voz de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una solicitud de revisión de un fallo del juez Leonard Stark, de Delaware, quien ordenó el año pasado la subasta final de acciones de Citgo en junio de 2024 para honrar los compromisos de Venezuela con un grupo de firmas afectadas por expropiaciones y bonos vencidos.

El recurso lo introdujo la junta ad hoc designada por la oposición venezolana, que desconoció en 2019 a Nicolás Maduro como presidente y reconoció como tal al líder del Parlamento de 2015, Juan Guaidó, para gerenciar la estatal petrolera.

Esa directiva rechaza la subasta de acciones por orden judicial e insiste, en cambio, en que es posible negociar los pagos de esas acreencias, en medio de reportes de utilidades superiores a los 2.500 millones de dólares al año de la filial desde 2022.

El nuevo fallo del juez Stark

El juez Leonard Stark, cuya corte en Delaware forma parte del circuito judicial federal de Estados Unidos, acreditó a un grupo adicional de 10 compañías para que participen y reciban ganancias de la subasta de las acciones de PDV Holding, matriz de Citgo.

es el juez que aprobó en 2020 la venta de la filial petrolera venezolana para que la minera canadiense Crystallex cobrara una deuda calculada entonces en 1.400 millones de dólares como compensación de una expropiación sufrida en Venezuela.

El gobierno del ex presidente venezolano Hugo Chávez confiscó en 2010 la mina Las Cristinas, en Guayana, sin compensarla. Crystallex ganó en 2016 un arbitraje del caso.

Si bien recibió más de 400 millones de dólares de Venezuela como parte de un acuerdo, Crystallex reanudó sus acciones legales para cobrar el resto de la deuda y sus intereses en un contexto de default del país suramericana a partir de 2017 y de sanciones económicas de Estados Unidos, que impedían esas transacciones.

La de Crystallex fue la primera demanda introducida con éxito en Estados Unidos en contra de Citgo bajo la figura del “alter ego”.

Comúnmente, las empresas públicas y las naciones son consideradas entes distintos, pero Crystallex, primero, y otros, luego, argumentaron exitosamente que PDVSA es “alter ego” de Venezuela, es decir, una representación más de su gobierno ante la ley.

¿Quiénes son los acreedores?

Además de las empresas Crystallex y Conocco Phillips, podrán participar como beneficiarios de la subasta de Citgo las compañías O-I Glass Inc, Huntington Ingalls Industries Inc, ACL1 Investments Ltd y Rusoro Mining Ltd.

También, están autorizados Huntington Ingalls, ACL1 Investments, Rusoro Mining, Koch Industries, Gold Reserve y Siemens Energy, entre otras.

Varias de esas firmas se comprometieron ante la corte de Delaware a participar “con fuerza y efecto” en la subasta si los dos reclamantes más grandes, Crystalex y ConocoPhillips, llegasen a un acuerdo con Venezuela que pudiera acabar la demanda.

Bonistas tras sus dineros

Los tenedores de los bonos PDVSA 2020, por los cuales el gobierno de Nicolás Maduro puso como garantía el 50,1 % de las acciones de Citgo, cuando aún la administraba, son considerados acreedores y podrán cobrar sus deudas con el resultado de la subasta.

Entre los bonistas se encuentran las firmas inversionistas Ashmore Group, que tiene casi la mitad de la emisión del gobierno venezolano, y Auriga Global Investors.

El economista venezolano y profesor de la Universidad de Denver, Francisco Rodríguez, aseguró que los gobiernos de Maduro y Juan Guaidó pagaron intereses y amortización de esos bonos hasta que el interinato demandó la nulidad de esos bonos, que fue negada por la Corte de Nueva York y cuya apelación está en marcha.

¿Cuánto se debe, cuánto vale Citgo?

Las demandas de los acreedores y tenedores de bonos PDVSA 2020 contra Citgo se rondan los 24.000 millones de dólares, según cálculos de expertos como Rodríguez.

Gilberto Morillo, ex gerente de planificación financiera en PDVSA, detalló a la VOA que la filial petrolera tiene hoy un valor “superior a los 10.000 millones de dólares”, es decir, que sus acciones valdrían menos de la mitad de lo adeudado a los acreedores.

“Citgo es lo único que queda que puedan echarle mano, porque, de resto, no hay más nada de dónde agarrar para cobrar y Venezuela está arruinada. Por eso, Citgo se ha vuelto el centro de la atención”, afirmó Morillo, uno de los responsables de la creación del complejo de tres refinerías en Estados Unidos, en los años 80.

Estimaciones independientes advierten que la deuda externa acumulada de Venezuela asciende a entre 120.000 y 160.000 millones de dólares.

¿Cuándo y cómo sería la subasta?

Según Morillo, el proceso de subasta se ceñirá a un cronograma acordado por el juez Stark. “Todavía faltan algunos pasos y meses, pero en teoría está avanzando”, dijo.

Fuentes especializadas en procesos de litigios y embargos vinculados a la industria energética explicaron a la Voz de América bajo condición de anonimato, por no estar autorizadas para hablar del caso venezolano, que el cronograma fijado por el juez Stark cerrará el registro de postores de las acciones de Citgo a mediados de enero.

La subasta está prevista para junio de este año, precisaron los especialistas, que consideran que el proceso luce “inevitable” por la falta de solvencia de Venezuela.

Inicialmente, habrá un precio base de cada acción, que podrá subir de acuerdo con la “puja” de los participantes en la subasta, quienes dependerán al final de la aprobación de esa compra por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, explicaron.

Se desconoce exactamente por cuánto dinero se venderían las acciones necesarias para honrar las deudas de los acreedores y tenedores de bonos.

Dependerá del “nivel de puja” entre los postores, que, se prevé, sean esencialmente grupos de inversión, indicaron. Se espera, además, que la subasta de acciones ocurra en la propia corte de Delaware.

“Se va a adjudicar al mejor postor y el precio del remate se distribuye entre los acreedores acreditados, los privilegiados, que son los bonistas, y, si sobra algo, se le asigna a los accionistas actuales”, es decir, a Citgo, aclararon las fuentes expertas que conversaron con la VOA sobre el proceso.

Acuerdos como contrapropuesta

Mientras el gobierno de Maduro reaccionó tachando los fallos del lunes en Estados Unidos como “un vulgar despojo”, la junta administradora ad hoc de PDVSA, designada por diputados de partidos antichavistas y que gerencia actualmente Citgo, dijo que la subasta no es “el método más apropiado” de zanjar las deudas.

Los directivos de la petrolera en Estados Unidos abogaron por “acuerdos negociados” con los acreedores y, además, advirtieron que la venta de acciones podría generar “inequidad” y que “unos pocos cobren mucho y muchos cobren nada”.

La junta subrayó también que el análisis de la corte en Delaware “otorga reconocimiento de actos de Estado a conductas del régimen usurpador de Maduro”, lo que, a su juicio, “contradice la política exterior” del gobierno de Estados Unidos.

El gobierno de Maduro y La Casa Blanca reactivaron sus negociaciones directas en un marco político distinto al de hace cuatro años, con el interinato opositor cesado y el alivio de sanciones económicas para incentivar acuerdos políticos de naturaleza electoral.

La esperanza venezolana: un veto federal

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, parte del gobierno federal, ha protegido a Citgo de sus acreedores desde 2020, cuando el gobierno interino de Guaidó aún estaba en vigor -cesó en diciembre de 2022 por decisión de la mayoría de los legisladores que componen el Parlamento venezolano de 2015-.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos publicó en octubre pasado unalicencia para autorizar todas las transacciones relativas a los bonos PDVSA 2020 a partir del 18 de enero de 2024, no obstante.

Estados Unidos ha prorrogado esa prohibición de negociar con activos del Estado venezolano, pero la última extensión fue sólo por tres meses, no de seis, como estilaba.

Morillo dijo interpretar ese plazo como una “señal” de apertura del gobierno norteamericano para reivindicar eventualmente los derechos de los acreedores.

En mayo pasado, la OFAC autorizó las negociaciones para acuerdos de pago de deudas de PDVSA y sus filiales con la Asamblea Nacional electa en 2015.

El antichavismo propuso usar las regalías de las exportaciones petroleras para crear un fideicomiso destinado a honrar las deudas con los acreedores de PDVSA. También, su comisión legislativa dijo haber aprobado la extensión de los bonos de su estatal hasta 2028, lo que, en la práctica, no parece haber desestimado las demandas.