La demanda de PDVSA alega que estaba al borde de la quiebra en 2017 y necesitaba alguien que les ayudara a mejorar su reputación y sus relaciones con la clase política estadounidense.
Miami, Flo. (VOA) – Un excongresista cubanoamericano de Miami, reconocido por sus recalcitrantes posturas contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, está siendo demandado por Petróleos de Venezuela (PVDSA) y por su subsidiaria en Estados Unidos PDV USA, ahora controlada por el presidente encargado, Juan Guaidó, por supuesto incumplimiento de un contrato de relaciones públicas por 50 millones de dólares, informó el viernes el diario The New York Times.
La demanda de PDVSA alega que estaba al borde de la quiebra en 2017 y necesitaba alguien que les ayudara a mejorar su reputación y sus relaciones con la clase política estadounidense.
PDVSA buscó entonces al ex congresista estatal, David Rivera, con quien firmó un contrato por 50 millones de dólares. La empresa de Rivera, Interamerican Consulting, funcionaba desde el condominio de Rivera y su única empleada era una hermana del entonces legislador, explica el Times.
En la demanda, PDVSA alega que a Rivera se le entregaron 15 millones de dólares a través de una subsidiaria en Estados Unidos, PDV USA. A cambio, alega la demanda, Rivera entregó dos reportes con un total de cinco páginas con información vaga que no representa lo que se esperaba por 50 millones de dólares.
La compañía de Rivera “no realizó ningún servicio significativo bajo el acuerdo, y definitivamente no llevó a cabo el nivel de servicios que podría razonablemente esperarse por un pago de 17 millones al mes”, durante tres meses, afirma la demanda.
Horas más tarde de darse a conocer la demanda, la embajada de Venezuela en Washington, controlada por Guaidó, dio a conocer que ellos también están demandando a Rivera como los legítimos representantes del estado de Venezuela.
“Esta demanda surge de una auditoría realizada en CITGO, (empresa en Estados Unidos de PDVSA), después de ser recuperada para los venezolanos por el legítimo gobierno”, dijo la embajada en un comunicado enviado a la Voz de América. “Tras la investigación, tenemos suficientes evidencias para afirmar que, a pesar de no haber hecho ningún trabajo justificable, la PDVSA controlada por Maduro le pagó 15 millones de dólares a Rivera, de un contrato por 50 millones”.
Que Rivera, que ha sido investigado por prácticas electorales cuestionables, esté siendo demandado no es novedad, dijo el Times. Lo novedoso es que haya firmado un contrato con representantes del régimen al que públicamente tanto ha atacado.
Al preguntársele sobre el contrato el miércoles, Rivera respondió en un mensaje de texto: “pregúntenle a los 6 de Citgo”, refiriéndose a cinco ciudadanos estadounidenses y un residente legal que han estado arrestados en Venezuela desde noviembre de 2017. Un abogado de Tomeu Vadell, uno de los ejecutivos de Citgo presos en Venezuela, rechazó cualquier vínculo con el caso.
Rivera insinuó que estaba trabajando con la oposición venezolana, pero esa versión fue tajantemente rechazada por una vocera de Leopoldo López, un dirigente opositor que en esa fecha estaba tras las rejas y ahora está refugiado en la embajada española en Caracas.
“Ellos manejaron todo ese esfuerzo, incluyendo todo el dinero, en coordinación con la oposición venezolana, incluyendo a Leopoldo”, dijo Rivera. Agregó que la administración Trump tenía conocimiento del asunto. El viernes por la noche no fue posible obtener comentarios de la Casa Blanca.
A través de una portavoz, López rechazó cualquier vínculo con el contrato, que fue firmado mientras él estaba en prisión.
“Es absurdo, cualquier intento de crear un vínculo entre Leopoldo López y un contrato firmado por representantes del régimen de Maduro cuando ese mismo régimen tenía al señor López aislado y torturado en una prisión militar”, dijo la portavoz, según el Times.
En el momento de la firma del contrato, la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, PDV USA, era controlada por el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Luego que la administración Trump impusiera sanciones a Venezuela, los activos de dicha subsidiaria pasaron a ser controlados por el presidente designado, Juan Guaidó.
Las acciones del señor Rivera lo implican en actividades criminales en Estados Unidos”, dijo la embajada venezolana en su comunicado. “En consecuencia, le damos la bienvenida a una revisión completa de las actividades del señor Rivera y esperamos los resultados del proceso legal iniciado en Nueva York”.
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