El objetivo de esta legislación, dijo Abbott, es “frenar la oleada de ingresos ilegales a Texas”.

Abbott viajó hasta Brownsville, ciudad fronteriza de Texas con México para firmar las tres leyes.

Conocida en conjunto como SB 4, se espera que la legislación entre en vigor en marzo y tipificará como nuevo delito estatal el ingreso o reingreso ilegal a Texas, con penas que van de 180 días de cárcel a 20 años de prisión.

La nueva ley otorga el derecho a cualquier policía de Texas a detener a sospechosos de haber entrado ilegalmente en el país. Una vez bajo detención, podrían aceptar la orden de un juez del estado de abandonar EEUU o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal. Los inmigrantes que no acaten la orden podrían ser detenidos de nuevo por delitos graves, indicó Reuters.

Abbott enumeró en tuit los logros de su denominada Operación Lone Star, la que según informó, dejó “más de 489.500 detenciones de inmigrantes ilegales, más de 37.500 detenciones de criminales, incautadas más de 450 millones de dosis mortales de fentanilo y más de 80.000 migrantes trasladados en autobús a ciudades santuario”.

El gobernador republicano cargó contra el actual presidente Joe Biden por su política migratoria mientras elogió los resultados de las estrategias de Trump.

“Hace cuatro años Estados Unidos tuvo las cifras más bajas de cruces ilegales en casi 40 años, gracias a cuatro políticas establecidas por el gobierno de Trump: ponerle fin a la detención y liberación, el Título 42, permanecer en México, permanecer en México y levantar el muro fronterizo; eso fue lo que llevó a un número tan bajo de personas cruzando ilegalmente.

Ahora bajo el presidente Biden él ha eliminado todas esas políticas y no ha hecho nada para frenar la inmigración ilegal”, reseñó Abbot.

Más temprano, en la frontera norte de México, un grupo de migrantes, acompañados de defensores y directivos de albergues celebran el Día Internacional del Migrante con algo de pesar.

“Verdaderamente es doloroso porque son tres puntos, o pierden la vida, o quedan encarcelados, o son arrestados y retornados para sus países”, dijo a la Héctor Silva, quien funge como director del Albergue Senda de Vida.

Olivia Lemus, de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Tamaulipas, enfoca su lucha en un tema bastante sensible, la separación de las familias al cruzar.

La mujer dijo que lucha “para que ya no haya más niños que se queden en Estados Unidos solos, o que formen parte del sistema, porque eso es bien triste y es bien lamentable, ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente debería ser separado de su papá o de su mamá”.

Sin embargo, Jeffrey Antonio Sevilla, un migrante hondureño, comprende que son cuestiones dentro de la legalidad.

“Son sus leyes, y hay que respetar las leyes de cada país”, dice resignado.

La Administración Biden ha centrado su estrategia migratoria en “atajar las causas de la migración irregular”. Con proyectos de colaboración con países emisores como Guatemala, Honduras y México como destino final de paso antes de llegar a EEUU, el actual gobierno de EEUU redobló las expulsiones por vía aérea en los últimos meses.

Más de 30 vuelos de repatriación fueron despachados hasta finales de octubre hacia la región y más de 5.000 personas han sido deportadas directamente a México en esfuerzos coordinados por DHS junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En el último año, agentes fronterizos reportaron sobre 2, millones de encuentros con migrantes en la frontera.

CBP cerró el lunes de manera temporal dos pasos fronterizos ferroviarios en Texas con el fin de que sus agentes ayuden a procesar a los inmigrantes. En cambio los operadores ferroviarios dijeron que los cierres en Eagle Pass y El Paso obstaculizarían el comercio antes de Navidad, reportó AP.

[La periodista de la VOA Salomé Ramírez Vargas, contribuyó desde Washington con este reporte]