La clínica había trabajado duro para explicar los límites de la ley, que es parte del amplio paquete de políticas de inmigración más estrictas del gobernador Ron DeSantis. La clínica colocó carteles que avisaban a los pacientes que podían negarse a responder la pregunta y a pesar de ello recibirían atención: la información de identificación individual no sería reportada al estado.

“Intentamos explicar esto una y otra y otra vez, pero el miedo era real”, dijo Stephanie Garris, directora general del Grace Medical Home, quien agregó que la mujer finalmente acudió a una sala de emergencias para recibir tratamiento.

Texas será el próximo en poner a prueba una ley similar para los hospitales inscritos en los planes de salud estatales, Medicaid y el Children’s Health Insurance Program (Programa de Seguro Médico para Niños). Entrará en vigor el 1 de noviembre, justo antes del final de una elección presidencial en la que la inmigración es un tema clave.

“Los texanos no deberían tener que asumir la carga de mantener económicamente la atención médica de los inmigrantes ilegales”, dijo Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, en un comunicado en el que anunció su mandato, que difiere del de Florida en que los proveedores no tienen que informar a los pacientes que su estatus no será compartido con las autoridades.

Ambos estados tienen un gran número de inmigrantes, que van desde personas que están en Estados Unidos sin permiso legal hasta personas que tienen casos de asilo pendientes o son parte de familias de estatus mixto.

Y aunque la tasa de personas sin seguro médico en estos dos estados —ninguno de los cuales ha ampliado la cobertura de Medicaid— es más alta que el promedio nacional, las investigaciones han demostrado que los inmigrantes tienden a usar menos y gastar menos en atención médica.

Texas y Florida tienen una larga historia de desafiar las políticas de inmigración del gobierno federal al aprobar políticas propias. Y sus líderes republicanos dicen que las leyes hospitalarias contrarrestan lo que consideran una aplicación laxa de la ley en la frontera por parte del gobierno del presidente Joe Biden, aunque ellos mismos admiten que los primeros datos de la Florida son limitados.

Blaise Ingoglia, el senador republicano estatal de Florida que patrocinó el proyecto de ley para hospitales, dijo en una declaración escrita que la ley es “la ley contra la inmigración ILEGAL más fuerte y completa liderada por un estado”, pero no respondió a las preguntas de AP sobre el impacto de la ley en la comunidad inmigrante o en los pacientes hospitalizados.

Luis Isea, un médico de medicina interna con pacientes en hospitales y clínicas en el centro de Florida, dijo que la ley “crea esa barrera adicional” para pacientes que ya están expuestos a muchas disparidades.

Los grupos de defensa de los inmigrantes en Florida dijeron que enviaron miles de mensajes de texto y correos electrónicos y realizaron clínicas para ayudar a las personas a comprender las limitaciones de la ley, incluido el hecho de que las agencias policiales no sabrían el estatus de una persona porque los datos se informarían de manera global.

Pero muchas de las llamadas no recibieron respuesta. Algunos pacientes reportaron que se iban de la Florida como resultado del impacto de la ley para obtener atención médica y empleo.

El gobierno de DeSantis vinculó el mandato hospitalario a otras iniciativas que invalidaron algunas licencias de conducir, criminalizaron el transporte de inmigrantes que carecían de estatus permanente y cambiaron las políticas de verificación de empleo.

Otros, dicen los defensores, reistieron su dolor o debieron ser persuadidos. Verónica Robleto, directora de programas en el Rural Women’s Health Project (Proyecto de Salud de Mujeres Rurales) en el centro norte de Florida, recibió una llamada antes de que la ley entrara en vigencia —en julio de 2023— de una mujer joven que no tenía permiso legal para estar en Estados Unidos y temía que la separaran de su hijo si daba a luz en el hospital.

“Tenía mucho miedo (pero) terminó por acudir después de hablar conmigo”, reportó Robleto.

Los datos que Florida y Texas recopilen probablemente no serán confiables por varias razones, sugirieron los investigadores. Paul Keckley, economista especializado en salud, dijo que el informe publicado por los funcionarios del estado de la Florida podría tener datos “incompletos, inexactos o engañosos”.

Por un lado, es autoinformado. Cualquier persona puede negarse a responder, una opción elegida por casi el 8 % de las personas ingresadas en el hospital y alrededor del 7 % de quienes acudieron a la sala de emergencias entre junio y diciembre de 2023, según el informe del estado de Florida. Menos del 1 % de las personas que acudieron a la sala de emergencias o fueron ingresadas en el hospital informaron estar en Estados Unidos “ilegalmente”.

La Florida Agency for Health Care Administration (Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida) reconoció grandes limitaciones en su análisis, y confesó que no sabía cuánta de la atención brindada a los “extranjeros ilegales” quedó impaga.

También dijo que no podía vincular los altos niveles de atención no remunerada con el nivel de “extranjeros ilegales” que llegan a un hospital, y agregó que están “más asociados con el estatus de los condados rurales que con los porcentajes de la inmigración ilegal”.

La agencia no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios y más información. Su informe señaló que, durante gran parte de la última década, la cantidad de facturas impagas y deudas no cobradas que tienen los hospitales de la Florida ha disminuido.

En la Florida y en Texas, las personas que están en Estados Unidos ilegalmente no pueden inscribirse en Medicaid —el programa de seguro médico público para personas de bajos ingresos o recursos— excepto en el caso de una emergencia médica.

Múltiples factores pueden afectar el costo de la atención para las personas que están en Estados Unidos sin permiso legal, dijeron los expertos, especialmente la falta de atención preventiva. Eso es especialmente cierto para personas que tienen enfermedades progresivas como cáncer, dijo el doctor James W. Castillo II, autoridad de la salud del condado de Cameron, Texas, que tiene aproximadamente un 22 % de población sin seguro en comparación con el promedio estatal del 16,6 %.

En ese punto, dijo, “generalmente es mucho más difícil de tratar, mucho más caro de tratar”.

Los grupos comunitarios, legisladores y abogados de inmigración de Texas se están asociando con Every Texan (Cada Texano), una organización sin fines de lucro que se centra en políticas públicas y el acceso a la atención médica, para alentar a las personas a no responder la pregunta sobre su estatus, dijo Lynn Cowles, de Every Texan.

Y en la Florida, aunque los temores de deportación disminuyen, persisten las dudas sobre el propósito de la ley.

“Cuánto de esto es una política sustancial y buena política frente a cómo le fue, dejo eso para que otros lo especulen”, dijo Garris, de la clínica de Orlando. “Pero sé que el efecto práctico de la ley fue atroz y degradante para los pacientes que viven aquí, que trabajan aquí. Es simplemente insultante”.