La incertidumbre sobre su caso aumentó, según dijo, tras la suspensión de esta parte del proceso por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)

“Me está generando muchísima ansiedad porque es el hecho de no saber qué hacer, no saber cómo avanzar en mi vida, porque no se sabe el día de mañana qué es lo que puede suceder”, dijo De La Torre a la

El joven de 24 años, solicitó por primera vez al programa dirigido a personas de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití el 15 de enero de 2023. Durante más de un año, no tuvo respuesta alguna sobre su caso, en el que su mamá sirve de patrocinadora.

De La Torre finalmente recibió aprobación de su caso el 21 de mayo de 2024. Al día siguiente, solicitó a la autorización de viaje para salir de Cuba a EEUU, la que aún está esperando.

“Nosotros llevamos en este proceso cerca de siete años y mediante el proceso de reunificación familiar, pasamos por Guyana. En Guyana, pasamos por procesos en los que nos dijeron que no. Y ahora mismo, esto es una situación con muchísima incertidumbre”, describió.

DHS confirmó el viernes a la la suspensión temporal de la emisión de autorizaciones de viaje para nuevos beneficiarios del programa de parole humanitario debido a casos de fraude en las solicitudes.

La agencia aseguró que reiniciará el procesamiento de solicitudes “lo antes posible, con las salvaguardas adecuadas”. Sin embargo, no se ofreció una fecha exacta y al momento, se ha detallado que quienes ya tuvieran sus autorizaciones aprobadas, podrían continuar normalmente con su caso.

“Se va a dar un retraso bastante considerable. Hay demasiados indicios de fraude en varios aspectos. Los más notables son aquellos del aspecto económico, del apoyo financiero, pero más allá están tratando también de determinar la veracidad de números de Seguro Social y otros”, dijo a la VOA Claudia Bernal, abogada de inmigración en Nueva York.

Según Bernal, esto implica también que el escrutinio que las autoridades migratorias usarán para verificar los casos una vez se reanude el procesamiento, podría ser “todavía más severo”.

Las consecuencias de la suspensión

Adam Isacson, experto en inmigración de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), explicó que aquellas personas que tienen sus solicitudes en proceso “simplemente se ven arrojados a la incertidumbre”.

Nelly Fernández, dijo a la VOA que lleva más de 530 días esperando por la aprobación de su caso de parole humanitario en el que su hijo es patrocinador. A la cubana ahora le preocupa que debido a la suspensión de autorizaciones de viaje, su caso se retrase.

“También me preocupa que quiten el programa pues estoy sola, y allá tengo a mis dos hijos y tres nietos y quiero reunirme con ellos”, agregó.

Aunque Isacson no estima que esto produzca un aumento significativo de venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos intentando ingresar irregularmente por la frontera suroeste, no descarta que algunas personas decidan tomar esta vía debido a la incertidumbre.

Para los detractores del programa, agregó Isacson, esto podría llevar a nuevos “ataques de los republicanos y de los conservadores para las personas a las que no les gusta la inmigración”.

“Se han estado quejando de eso durante un tiempo. Y esto les da otro argumento”, agregó.

Ana Gil García, fundadora y directora de la Alianza de Venezolanos en Illinois, dijo que esto es una “desafortunadamente una consecuencia de unos pocos que actuaron mal”.

La mujer residente en Chicago es patrocinadora de tres personas, entre ellas, su hermana y una tía. En el caso de su hermana, recibió confirmación de su caso el 15 de julio de este año, sin embargo, están a la espera de la autorización de viaje.

“No sabemos realmente si va, por cuánto tiempo más hay que esperar, si esto va a afectar de una manera indefinida… esperamos que sea realmente temporal”, dijo.

Andrew Arthur, miembro del Centro de Estudios de Inmigración, una organización de investigación de EEUU, estas alegaciones de fraude “pone en tela de juicio la integridad de la administración”.

“El programa de parole CHNV, que beneficia a los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, no es un programa que el Congreso haya creado jamás, y no es algo que haya sido aprobado o que encuentre mucho apoyo en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Así que esto no es realmente una gran sorpresa”, dijo Arthur.

El experto en asuntos migratorios agregó que debido “a que la administración no nos ha dicho mucho sobre lo que está sucediendo en el curso de esta investigación, no está claro cuánto durará”.

¿Qué ocurre con quienes cometen fraude?

Ariel Ruiz Soto, analista de políticas del Instituto de Políticas Migratorias en Washington, aseguró que es “muy preocupante” que se encuentre evidencia de fraude en el proceso de parole humanitario. Sin embargo, dijo no creer que esto tendría un “impacto profundo”.

“Tenemos que recordar que ya hasta el punto que estamos, hasta antes de que se diera el anuncio de que iba a haber este paso en el programa ya habían muchas personas en fila para empezar esa revisión para entrar a Estados Unidos. Las revisiones continúan”, dijo a la VOA.

Este tipo de solicitudes fraudulentas, detalló, no tienen que ver con los migrantes que ya llegaron a EEUU, pues estas fueron revisadas e investigadas.

“Pienso que en realidad sería un un retraso temporal que pueda ser un poco más tardado el tiempo para que personas ingresen… Al programa imagino que habrá algunas correcciones que son fáciles de hacer en la implementaciones, particularmente por ejemplo, los sistemas informáticos para detectar número de solicitudes de una misma persona”, agregó.

La abogada de inmigración Claudia Bernal, agregó que aquellas personas cuyas solicitudes sean enviadas de maneras fraudulentas, podrían enfrentar serias consecuencias legales.

“El fraude migratorio es una razón de inadmisibilidad e inclusive de expulsión o de portabilidad de aquella persona que a quien se le encuentre culpable”, explicó.

DHS, por su parte, no ha especificado qué tipo de fraude está bajo investigación y en qué área fueron denunciados los casos.

Arthur, del Centro de Estudios de Inmigración, detalló que “es un delito según la ley federal mentir para obtener un beneficio de inmigración o para ayudar a otra persona a obtener un beneficio de inmigración”.

Por esto, las personas involucradas con fraude potencialmente se enfrentan a penas de cárcel “muy largas”.

Al identificarse un caso de fraude, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) tiene la labor de investigar y litigar los casos correspondientes, así como remitir los casos penales al Departamento de Justicia.

Hasta junio de este año, unos 494.799 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos habían entrado a EEUU bajo este programa.

[Laura Sepúlveda, corresponsal de la Voz de América en Texas, colaboró en este informe]