El comité citó a Bannon porque los investigadores creen que tuvo conocimiento de antemano sobre algunos de los elementos del ataque en que cientos de partidarios de Trump trataron de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección presidencial de 2020.
De los varios exfuncionarios de Trump a los que el comité ha solicitado su testimonio, Bannon ha estado entre los más desafiantes, negándose a presentar documentos o asistir a las deposiciones y hacer declaraciones públicas combativas sobre la investigación.
Cada uno de los dos cargos de desacato conlleva una posible sentencia de entre 30 días y un año de cárcel, así como una multa de hasta 100.000 dólares.
La audiencia del lunes dio inicio a un proceso en que los miembros potenciales del jurado responden preguntas de los abogados de ambas partes para establecer su capacidad de considerar el caso objetivamente. Al terminar el día, ocho jurados potenciales habían sido identificados, de un total de los 12, más alternos, que requiere un juicio criminal federal.
Conocimiento del asalto
El comité del 6 de Enero dice que quiere el testimonio de Bannon porque “de acuerdo con muchos reportes publicados y sus propias declaraciones públicas Stephen K. Bannon tenía conocimiento específico de los eventos planeados para el 6 de enero antes que ocurrieran.
En su pódcast del 5 de enero, Bannon advirtió: “el mundo se va a acabar mañana”.
El comité dijo también que además de ayudar a organizar el movimiento “Detener el Robo” que ayudó a alentar el ataque, Bannon participó en una reunión “de guerra” en un hotel cerca de la Casa Blanca el 5 de enero y habló con Trump ese día.
En una resolución de desacato presentada a la Cámara de Representantes, el comité escribió: “En esencia, Bannon parece haber jugado un papel multifacético en los acontecimientos del 6 de enero y el pueblo de Estados Unidos tiene derecho a escuchar su testimonio de primera mano relacionado con sus acciones”.
Argumento de privilegio ejecutivo
Bannon, cuyo título oficial en la Casa Blanca era de estratega jefe y alto asesor del presidente durante los siete meses que sirvió en la administración Trump en 2017, alegó que sus documentos y su testimonio estaba protegidos bajo sus conexiones con el Ejecutivo.
Bajo la doctrina de “privilegio ejecutivo”, ciertas comunicaciones entre un presidente y sus asesores pueden quedar confidenciales.
En una audiencia preliminar la semana pasada, el juez de distrito Carl J. Nichols dictaminó que Bannon, quien dejó su trabajo en la Casa Blanca tres años antes del ataque, no podía reclamar privilegio ejecutivo para su defensa.
En la misma audiencia, el juez, quien fue nombrado por Trump, descalificó casi todas las defensas que planeaban los abogados de Bannon, entre ellas una sugerencia de que el juicio era innecesario porque Bannon ahora estaba dispuesto a considerar un testimonio ante el comité.
El juez dijo que la única defensa remanente de Bannon es argumentar que de alguna manera confundió la fecha de la cita del comité.
El fallo de Nichols dio lugar a un interesante intercambio entre el juez y el abogado de Bannon, David I. Schoen, quien se quejó: ¿Entonces para qué ir a un juicio si no hay defensas?”
“De acuerdo”, replicó el juez.
Pocas alternativas
Noah Bookbinder, exfiscal de corrupción pública ahora presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, dijo que la respuesta del juez indica la difícil situación en que se encuentra Bannon.
“El juez, esencialmente, le dijo a Bannon que se declarara culpable, porque en realidad no ve un camino en que pueda ser declarado inocente”, dijo Bookbinder a la Voz de América.
Agregó que es difícil pronosticar que significaría una declaración o un veredicto de culpabilidad para Bannon.
“No hay muchos precedentes. No hay casos como que vayan a menudo a juicio”, explicó.
Aunque la negativa de Bannon a testificar pudiera no estar al nivel de muchas cosas por las que la gente va a prisión, según Bookbinder es bastante posible que Bannon termine en la cárcel si se niega a suministrar pruebas al comité.
“Imagínense un caso donde el juez dice: ‘No está haciendo nada de lo que lo trajo hasta este punto’. Colocarlo en libertad vigilada no va a ser muy efectivo, y por eso quizás un juez lo envíe a prisión”, dijo Bookbinder.
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