El juez federal de distrito Stephen Locher, nombrado por el presidente Joe Biden, se puso del lado del estado en una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en la capital de Iowa, Des Moines, en nombre de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos de Iowa y cuatro ciudadanos recientemente naturalizados. Los cuatro estaban en la lista del estado de registros cuestionables que serían impugnados por los funcionarios electorales locales.

El fiscal general estatal, republicano, y el secretario de gobierno argumentaron que investigar y potencialmente eliminar 2.000 nombres evitaría el voto ilegal de no ciudadanos. Funcionarios del Partido Republicano en todo Estados Unidos han hecho del posible voto de migrantes no ciudadanos un punto clave de debate en el año electoral, aunque esté sea poco común. Su enfoque ha surgido a raíz de que el expresidente Donald Trump sugiriera falsamente que sus oponentes ya están cometiendo fraude para evitar su regreso a la Casa Blanca.

En su fallo del domingo, Locher señaló una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos emitida cuatro días antes que permitió al estado de Virginia reanudar una purga similar de sus listas de registro de votantes, aunque estaba afectando a algunos ciudadanos estadounidenses. También citó la reciente negativa de la Corte Suprema a revisar una decisión de la Corte Suprema de Pensilvania sobre las leyes electorales estatales en torno a las boletas provisionales. Esas decisiones de la Corte Suprema aconsejan a los tribunales de menor instancia “actuar con gran cautela antes de otorgar un alivio cautelar de último minuto”, escribió.

Locher también dijo que la directiva del estado no elimina a nadie de las listas de votantes, sino que requiere que algunos votantes usen boletas provisionales.

En un comunicado el domingo, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, republicana, celebró el fallo.

“El fallo de hoy es una victoria para la integridad electoral”, afirmó Reynolds. “En Iowa, mientras alentamos a todos los ciudadanos a votar, aplicaremos la ley y aseguraremos que esos votos no sean anulados por el voto ilegal de un no ciudadano”.

Un portavoz de la ACLU dijo que la organización todavía no tenía comentarios al respecto.

Después de que Locher tuviera una audiencia en la demanda de la ACLU el viernes, el secretario de gobierno Paul Pate y la fiscal general del estado, Brenna Bird, emitieron un comunicado diciendo que Iowa tenía alrededor de 250 no ciudadanos registrados para votar, pero el gobierno de Biden no proporcionaría datos sobre ellos.

Pate dijo a los periodistas el mes pasado que su oficina se vio obligada a recurrir a una lista de posibles no ciudadanos del Departamento de Transporte de Iowa. En ella figuraban personas que se habían registrado para votar o que habían votado después de identificarse como no ciudadanos que vivían legalmente en Estados Unidos cuando solicitaron el permiso de conducir.

“La victoria en el tribunal de hoy es una garantía para todos los habitantes de Iowa de que sus votos contarán y no serán anulados por votos ilegales”, dijo Bird en el comunicado emitido después de la decisión del domingo.

Pero los abogados de la ACLU dijeron que los funcionarios de Iowa estaban admitiendo que la mayoría de las personas en la lista son elegibles para votar y no deberían haber sido incluidas. Dijeron que el estado estaba violando los derechos de voto de los ciudadanos naturalizados al impugnar erróneamente sus registros e investigarlos si emitían boletas.

Pate emitió su directiva el 22 de octubre, solo dos semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre, y los abogados de la ACLU argumentaron que la ley federal prohíbe tal movimiento tan cerca del día de las elecciones.

“Es muy claro que el secretario de estado entiende que esta lista consiste principalmente o completamente en ciudadanos estadounidenses que tienen exactamente el mismo derecho fundamental y central de votar que el resto de nosotros, los votantes ciudadanos de Iowa”, dijo Rita Bettis Austen, la directora legal de la ACLU de Iowa, durante una sesión informativa por Zoom para periodistas después de la audiencia.

Las personas incluidas en la lista estatal de posibles no ciudadanos pueden haberse convertido en ciudadanos naturalizados tras prestar declaración ante el Departamento de Transporte.

La oficina de Pate dijo a los funcionarios electorales del condado que impugnaran sus papeletas y que en su lugar emitieran papeletas provisionales. Eso dejaría la decisión de si se tomarán en cuenta o no a los funcionarios locales tras una revisión posterior, y los votantes tendrían siete días para presentar pruebas de su ciudadanía estadounidense.

En su sentencia, Locher escribió que Pate se había retractado de algunas de sus posiciones iniciales de línea dura en una audiencia anterior. El abogado de Pate dijo que el secretario de gobierno ya no tiene como objetivo requerir que los funcionarios electorales locales impugnen los votos de cada persona en su lista o obliguen a los votantes en la lista a presentar boletas provisionales incluso cuando hayan probado la ciudadanía en un lugar de votación.

La ley federal y los estados ya hacen ilegal que los no ciudadanos voten, y la primera pregunta en el formulario de registro de votantes de Iowa es sobre si una persona es ciudadana estadounidense. El formulario también requiere que los votantes potenciales firmen una declaración diciendo que son ciudadanos, advirtiéndoles que si mienten, pueden ser condenados por un delito grave, punible con hasta cinco años de prisión.

El fallo de Locher también llegó después de que una jueza federal detuviera un programa similar en Alabama impugnado por grupos de defensa de los derechos civiles y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El testimonio de los funcionarios estatales en ese caso mostró que aproximadamente 2.000 de los más de 3.200 votantes que fueron inactivados eran en realidad ciudadanos registrados legalmente.

En el caso de Iowa, los no ciudadanos que están registrados son potencialmente solo una pequeña fracción de los 2,2 millones de votantes registrados del estado.

Pero Locher escribió que parece ser indiscutible que una parte de los nombres en la lista de Pate son votantes registrados que no son ciudadanos estadounidenses. Aunque esa parte sea pequeña, una orden judicial efectivamente obligaría a los funcionarios electorales locales a permitir que votantes inelegibles emitan boletas, agregó.

Demócratas y republicanos llevan meses enzarzados en una extensa lucha legal sobre las elecciones de este año. Los republicanos han presentado docenas de demandas que cuestionan diversos aspectos del escrutinio de votos después de que los jueces les reprendieran repetidamente en 2020 por presentar quejas sobre cómo se desarrollaron las elecciones sólo después de que se contaran los votos. Los demócratas tienen su propio equipo de docenas de empleados que están peleando contra los casos presentados por los republicanos.

Los migrantes obtienen la ciudadanía a través de un proceso llamado naturalización, que incluye establecer residencia, demostrar conocimiento de la historia y las instituciones estadounidenses básicas, así como tomar un juramento de lealtad a Estados Unidos.