El magistrado decidió suspender la audiencia de este lunes porque no procedía la presentación de la propuesta de reparación antes de que se resolvieran varios recursos pendientes tanto por la defensa como por los representantes de las víctimas.

Garduño está acusado de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones. Sigue al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) porque, desde el inicio del proceso, el juez le permitió que lo enfrentara en libertad. Ya entonces, sus abogados plantearon que trabajarían para llegar a una solución alterna porque la ley lo permite en este tipo de delitos.

La Fundación para la Justicia, una de las organizaciones que representa a las víctimas, expresó en un comunicado su satisfacción por la decisión judicial que evitó la impunidad en este caso al negar esta “solución alterna” que, de haberse aceptado, habría implicado el fin de la investigación por parte de la fiscalía.

“Las víctimas nos han hecho una exigencia: que no hay ninguna compensación económica que pueda restituirles sus derechos, en este caso su salud… pero tampoco puede restituirles a su familiar”, dijo Marcos Zavala, uno de los letrados de la Fundación.

Su objetivo es que la investigación continúe para que quede esclarecido el grado de responsabilidad de Garduño.

“Parte de la reparación es que todos los responsables tengan que enfrentar un proceso (penal) en condiciones de igualdad y ya no más se lleven los procesos en ausencia de las víctimas”, agregó. Según había denunciado previamente, no se les tomó en cuenta para ningún tipo de plan de reparación.

Los abogados de Garduño no quisieron hacer declaraciones y no hicieron público en qué consistía su propuesta.

Antes de la audiencia, uno de ellos, Rodolfo Pérez, dijo a The Associated Press, que era “procedente solicitar la suspensión (del proceso mediante una reparación) las ocasiones que considere la defensa hasta en tanto no se dicte el auto de apertura a juicio”, lo que hace suponer que se intentará de nuevo.

El juez ya rechazó una petición de solución alterna hecha el año pasado. La defensa de Garduño apeló y ese es uno de los recursos que están pendientes de resolver, explicó Zavala.

Horas antes de la audiencia, dos de esas organizaciones —el IMUMI y la Fundación para la Justicia— que representan a familias de los que fallecieron y a algunos de los 27 migrantes heridos, denunciaron que la estatal Comisión de Atención a Víctimas estaba intentando persuadir a algunos de ellos para que no se opusieran a la reparación.

El 27 de marzo de 2023, unos 70 hombres estaban hacinados en un dormitorio cerrado con candado, sin ventilación y sin apenas agua en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en la frontera con El Paso.

Al caer la noche un pequeño grupo prendió fuego a unas colchonetas en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo lo cubrió todo. Las cámaras de seguridad grabaron cómo los guardias salieron del lugar pese a los gritos de auxilio y sin siquiera acercarse a abrir las rejas. Sólo las mujeres, retenidas en otra celda, fueron liberadas. La mayoría de las víctimas eran venezolanos y centroamericanos.

El trato del INM a los migrantes que cruzan México ha sido denunciado en numerosas ocasiones desde hace años y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una entidad oficial, ha reconocido en varias ocasiones violaciones graves provocadas por agentes migratorios. Pero el incendio de Ciudad Juárez del año pasado fue el incidente más letal en un centro migratorio de la historia de México que conllevó cambios en este tipo de instalaciones y el cierre de algunas.

Además de Garduño, otro directivo del Instituto Nacional de Migración, Antonio Molina, fue acusado de los mismos delitos y el juez también le permitió seguir el proceso en libertad. Molina dejó su puesto en agosto de 2023. Según el abogado de la Fundación, el exfuncionario tiene otros procesos pendientes y está prófugo porque no se presentó ante la corte cuando debía haberlo hecho.

Hay otros seis agentes migratorios —entre ellos un militar— bajo proceso acusados de homicidio y lesiones, al igual que un guardia de seguridad privada y los dos migrantes señalados de iniciar el fuego.