La magistrada de distrito Alia Moses, con sede en la ciudad texana de Del Río, criticó en una orden escrita al Gobierno de Joe Biden por su “fracaso absoluto” a la hora de en el país, pero dijo que era improbable que Texas prevaleciera en sus alegaciones de que la política federal de retirar las vallas estaba fuera de la ley.

Moses denegó la petición de Texas de impedir que los funcionarios federales destruyeran la alambrada hasta que se resolviera la demanda presentada por el Estado en octubre.

El mes pasado, la jueza había ordenado al gobierno federal que se abstuviera temporalmente de cortar o retirar el alambre de espino mientras estudiaba la moción del estado. El Departamento de Justicia estadounidense no respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios.

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, afirmó en un comunicado que su oficina estaba apelando la decisión. “Me decepciona que se permita que continúen los flagrantes y perturbadores esfuerzos del gobierno federal para subvertir la ley y el orden en la frontera de nuestro estado con México”, indicó.

La valla de alambre de concertina fue instalada en una propiedad privada a lo largo del río Grande por la Guardia Nacional de Texas como parte de , una iniciativa lanzada por el gobernador republicano Greg Abbott en 2021 para disuadir el cruce ilegal de la frontera.

La demanda de Paxton alega que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos intensificaron recientemente una práctica existente de cortar, destruir o dañar de otra manera el alambrado que el estado había colocado estratégicamente con el permiso de los propietarios.

A petición del gobierno de Biden, un juez federal ordenó en septiembre de 305 metros, pero un tribunal de apelaciones permitió que se mantuviera temporalmente mientras la oficina de Paxton presentaba un recurso.