En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) también acusó a las autoridades estadounidenses de no responder a múltiples solicitudes de información sobre el caso y aseguró que la de México a Estados Unidos, donde quedaron detenidos el 25 de julio, tenía múltiples registros y números de identificación, algunos de ellos falsos.

El gobierno estadounidense, a través de su embajador en México, negó tener vínculos con dicha aeronave y afirmó que no sabía que Zambada iba a bordo hasta que el avión estuvo en vuelo.

El comunicado de la fiscalía es el más reciente capítulo sobre todo lo que rodeó la en Texas, uno de los cuales (Guzmán López) supuestamente secuestró al otro (Zambada) y lo llevó en avión a un aeropuerto cercano a El Paso.

En esta historia, no faltan conexiones del cártel con políticos de Sinaloa, homicidios y presunta manipulación de pruebas por parte de la fiscalía local.

El gobierno mexicano anunció que quiere presentar cargos contra Guzmán López pero no por su participación en el cártel fundado por su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán —actualmente cumpliendo cadena perpetua en una cárcel estadounidense—, sino por secuestrar a Zambada, obligarlo a subir al avión y entregarlo a Estados Unidos, lo que México considera un delito de traición.

La fiscalía considera también que dos de los guardaespaldas de Zambada -uno de ellos policía- que desaparecieron tras el secuestro, habrían sido asesinados.

Joaquín Guzmán López llevaba tiempo negociando con Estados Unidos su eventual entrega pero, según el último comunicado de la fiscalía, podría haber llevado a “El Mayo” a Texas —uno de los capos más viejos y astutos de la organización criminal— para conseguir que su hermano, Ovidio Guzmán, detenido y extraditado el año pasado, fuera trasladado de una prisión estadounidense de alta seguridad “desconociéndose, hasta el momento, cuál es el estatus actual de dicha persona y su ubicación dentro del territorio norteamericano”.

“La vinculación entre la situación y ubicación de Ovidio ‘G’; la participación de su hermano Joaquín en el presunto secuestro de Ismael ‘N’; la violencia con la que se llevó a cabo el mismo; así como las evidentes irregularidades del avión y del vuelo del secuestro son materia fundamental de la investigación”, señaló la fiscalía.

A finales de julio, la Oficina de Prisiones de Estados Unidos indicó que el estado de custodia de Ovidio Guzmán había cambiado pero no especificó qué había sucedido. Desde entonces, funcionarios estadounidenses y mexicanos han afirmado que Ovidio sigue bajo custodia, pero no necesariamente en el mismo lugar.

La secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Icela Rodríguez, incluso indicó que había indicios de que Ovidio pudiera estar actuando como testigo colaborador.

El embajador estadounidense, Ken Salazar, aseguró a principios de agosto que “no anda en la calle, está en prisión”. “Vamos a juzgarlo en la manera que lo hacemos en el Departamento de Justicia”.

La fiscalía federal mexicana recordó que el avión en el que supuestamente volaron los dos narcotraficantes hacia Estados Unidos tenía múltiples registros —incluso de Colombia— y algunos falsificados, y que su “aproximación y aterrizaje en ese país fueron autorizados por las agencias competentes del gobierno” estadounidense.

Al margen del vuelo, el departamento federal investiga un asesinato que presuntamente tuvo lugar en el mismo lugar donde Zambada denunció que había sido secuestrado.

Según dijo Zambada en una carta divulgada por su abogado, Joaquín Guzmán López le citó a una reunión para interceder en una disputa entre un poderoso político de Sinaloa, Héctor Cuén, y el gobernador de ese estado, Rubén Rocha, del mismo partido del presidente de México.

Al llegar al lugar solo vio a Guzmán López y a Cuén, quien justo después fue asesinado, pero el hecho de que el poderoso capo, de 76 años y que nunca hasta ahora pisó una cárcel, viera la reunión como viable desencadenó una intensa polémica sobre los vínculos del cártel con autoridades, máxime porque “El Mayo” es considerado por todos los expertos como el capo de mayor influencia en Sinaloa.

El gobernador Rocha negó cualquier relación con los criminales pero la fiscalía federal arremetió contra la de Sinaloa al acusarla de divulgar información falsa sobre el asesinato de Cuén, lo que ya provocó la renuncia de su titular. La fiscalía federal investiga todas esas irregularidades y anunció que citarán a declarar a los servidores públicos que sean necesarios para aclarar el asesinato de Cuén.

El arresto de los capos, que ya se presentaron ante cortes estadounidenses y se declararon inocentes, ha puesto a México y su colaboración con Estados Unidos en una delicada situación, porque el gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador no se enteró de las detenciones hasta después de los hechos.

López Obrador, que desde que llegó al poder en 2018 apoya una política de seguridad basada en el lema de “Abrazos, no balazos”, considera desde hace tiempo una afrenta cualquier intervención estadounidense en México y pidió a Washington que cambiara su política de detener a grandes capos porque, en su opinión, eso no acaba con el crimen organizado.