Una corte federal de Boston indicó que los abogados de migrantes venezolanos, enviados en avión a Martha’s Vineyard hace casi dos años por el estado de Florida, pueden demandar a la compañía de vuelos fletados que los transportó.
Estados Unidos (VOA) – Los abogados que representan a los migrantes venezolanos enviados en avión a Martha’s Vineyard hace casi dos años por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pueden demandar a la compañía de vuelos fletados que los transportó, según un fallo emitido el lunes por un juez federal en Boston.
Los 50 migrantes fueron enviados a Martha’s Vineyard, situada frente a la costa de Massachusetts, desde San Antonio, Texas, bajo las promesas de oportunidades de trabajo y de vivienda.
De acuerdo con el fallo, los migrantes pueden proceder con su demanda en contra de Vertol Systems Co., con sede en Florida, que había accedido a transportarlos en avión a la isla a cambio de cientos de miles de dólares.
Un correo electrónico enviado a la compañía para solicitarle sus comentarios luego de que el fallo fuera dado a conocer en la tarde no ha sido respondido hasta el momento.
DeSantis, que se postuló infructuosamente a la nominación presidencial republicana antes de abandonar la contienda en enero, también es indiciado en la demanda.
La Corte de Distrito de Massachusetts indicó en su fallo que carece de jurisdicción sobre DeSantis en este caso.
Sin embargo, el tribunal halló que los hechos del caso, “tomados en conjunto, respaldan una inferencia de que Vertol y los otros demandados se centraron específicamente en los querellantes porque eran inmigrantes latinos”.
El gobierno de DeSantis hizo notar que la orden de los jueces desestimó a los demandados estatales.
“Como siempre hemos afirmado, los vuelos fueron efectuados legalmente y fueron autorizados por el Congreso de Florida”, dijo en un comunicado Julia Friedland, secretaria de prensa adjunta para DeSantis. “Esperamos el próximo vuelo de Florida para reubicar a inmigrantes ilegales, y nos alegra atraer la atención nacional a la crisis en la frontera sur”.
El tribunal dijo también que, “a diferencia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas que hacen respetar legítimamente las leyes migratorias del país (…) la corte no ve un propósito legítimo en detener a individuos altamente vulnerables con base en pretextos falsos e introducirlos públicamente a un controvertido debate nacional”.
Iván Espinoza Madrigal, director ejecutivo del grupo activista Lawyers for Civil Rights, dijo que el fallo de 77 páginas representa una gran victoria en el caso de Martha’s Vineyard.
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