Una demanda presentada el miércoles por el Departamento de Justicia alega que los empleados de Southwest Key Programs Inc. abusaron sexualmente y acosaron a los niños a su cargo durante al menos ocho años. En ese tiempo, la organización sin ánimo de lucro acumuló miles de millones de dólares a través de contratos con el gobierno y siguió albergando a miles de niños migrantes que entraban en Estados Unidos sin compañía de un familiar adulto.

El viernes seguía sin quedar claro cuántos niños se encuentran actualmente en los refugios de Southwest Key, y los funcionarios federales no respondieron a preguntas sobre si se tomaría alguna medida en respuesta a la demanda. Quienes critican la situación, afirman que refleja un sistema que ha carecido de transparencia durante años.

“El punto central de esta demanda es que existe un patrón y una práctica”, dijo Leecia Welch, subdirectora legal de Children’s Rights. “Si están presentando esta querella de que vieron un patrón y práctica de acoso sexual y la vulneración de estos niños mientras seguían colocando niños en Southwest Key durante el mismo periodo, es por eso que tengo semejante desconcierto”.

Southwest Key, que opera con subvenciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus iniciales en inglés) a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), cuenta con 29 albergues para niños migrantes —17 en Texas, 10 en Arizona y dos en California— con capacidad para más de 6.300 niños.

El HHS no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico en las que se preguntaba si los niños seguirán siendo acogidos allí. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios más allá del anuncio de la demanda el jueves. Southwest Key no respondió a una solicitud adicional de comentarios enviada por correo electrónico el viernes.

“La ORR siguió otorgando contratos a Southwest Key a pesar de conocer algunos de estos problemas, por lo que en este momento no hay otro lugar para poner a todos estos niños”, dijo Diane de Gramont, abogada del National Center for Youth Law. “Y estaríamos extremadamente preocupados si los niños luego terminaran en instalaciones de la Patrulla Fronteriza por períodos más largos porque la ORR no tenía suficientes camas para ellos”.

La Patrulla Fronteriza debe transferir al HHS la custodia de los niños no acompañados en las 72 horas siguientes a su detención, y el HHS entrega la mayoría a sus padres o familiares cercanos tras breves estancias en Southwest Key o en refugios gestionados por otros proveedores contratados.

El Young Center for Immigrant Children’s Rights, una organización sin ánimo de lucro que aboga por los niños migrantes, pidió que los niños bajo custodia sean entregados inmediatamente a sus familiares y tengan acceso a abogados, así como a “tribunales independientes que atiendan sus denuncias por daños”.

Abusos previos cometidos en algunos refugios de Southwest Key llevaron a su clausura, como ocurrió con dos grandes instalaciones de Arizona que cerraron en 2018. El estado revocó sus licencias por no realizar adecuadamente la verificación de antecedentes de sus empleados, y una investigación más exhaustiva reveló varios casos de abusos físicos y sexuales, y acusaciones del gobierno de El Salvador.

El abuso refleja el importante papel que juega la supervisión estatal, algo que ahora falta en estados como Texas y Florida, donde los gobernadores republicanos revocaron las licencias estatales de las instalaciones que albergan a niños migrantes.

Los críticos afirman que no existe un sistema equivalente para denunciar e investigar el maltrato y el abandono infantil a través de la ORR, que supervisa el alojamiento de los niños migrantes.

“Si se produce un incidente de maltrato cuando el estado está allí, hay una línea directa clara a la que cualquiera puede llamar”, dijo de Gramont. “Hay una investigación obligatoria… hay una serie estricta de pasos que se supone que deben darse en ese contexto”.

Algunos expertos también se preguntaron por qué la querella se presentó como una demanda civil en la que no se responsabilizaría penalmente a nadie.

Daniel Hatoum, abogado del Civil Rights Project de Texas, cuya experiencia incluye la defensa de niños sometidos al trabajo de empresas contratistas que trabajan en el ámbito de la inmigración, dijo que una demanda penal podría surgir más tarde.

“La responsabilidad corporativa puede ser mucho más difícil para el Departamento de Justicia que la responsabilidad civil y, especialmente, la responsabilidad penal individual”, dijo. En la demanda civil se solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios para las víctimas de los presuntos abusos.

La demanda del Departamento de Justicia se presenta menos de tres semanas después de que una jueza federal accediera a la petición de la dependencia de levantar la supervisión judicial especial del cuidado de los niños migrantes no acompañados en el HHS, conocida como el acuerdo Flores. Dicho acuerdo daba a los abogados que representan a los niños migrantes amplia autoridad para visitar las instalaciones de custodia y realizar entrevistas con el personal y otros migrantes, así como registrar quejas ante el tribunal.

El gobierno del presidente Joe Biden argumentó que las nuevas salvaguardias federales hacían innecesaria la supervisión especial 27 años después de su inicio. En un documento judicial, Toby Biswas, funcionario del HHS, pintó un panorama optimista de las numerosas protecciones de la nueva normativa para los menores no acompañados, así como de la rendición de cuentas independiente sobre las condiciones de su custodia.

En cambio, los defensores vieron un vacío en la supervisión.

Carrie Van der Hoek, subdirectora del Programa de Defensores de la Infancia del Young Center en Texas, dijo en una declaración jurada en la que se opone a la terminación del acuerdo Flores que su personal informó de aproximadamente 10 casos de presunto abuso y abandono al Departamento de Servicios de Familia y Protección (DFPS por sus silgas en inglés) del estado desde que Texas revocó las licencias en 2021.

“Cuando hicimos estos informes, en algunos casos, los funcionarios del DFPS nos dijeron que no investigarían la queja porque el DFPS no tenía jurisdicción sobre las instalaciones de la ORR”, dijo Van der Hoek. “En otros casos, no recibimos ninguna respuesta y no tuvimos conocimiento de ninguna acción tomada por el DFPS o cualquier otra agencia estatal para investigar el informe”.

Van der Hoek también dijo que si un niño llamara a los teléfonos preprogramados en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, instalaciones que les permiten llegar a la línea directa estatal para denuncias de abuso y abandono infantil, obtendrían la misma respuesta.

Biswas dijo que comenzaron a realizar “revisiones en profundidad” de las denuncias de abuso en las instalaciones de Texas desde marzo de 2022, y que comenzará sus propias investigaciones de presuntos abusos y abandono infantil en Texas “o en cualquier otro estado si deja de realizar tales inspecciones” a partir de julio de este año.