En una pared lateral donde los inmigrantes están sentados en una zona de procesamiento, un video transmite el mismo mensaje reiteradamente.

Rompiendo con una práctica vigente desde 1997, los agentes de la Patrulla Fronteriza en el centro de detención en Tucson, Arizona, y en todo el país ya no preguntan a los migrantes si temen ser deportados. La administración del presidente Joe Biden suspendió temporalmente el asilo en la frontera el 5 de junio y, como parte de esa medida, los agentes no preguntan sobre los temores. Los inmigrantes deben abordarlo ellos mismos.

Los defensores de la inmigración lo llaman la “prueba de gritos”, lo que sugiere que los inmigrantes deben gritar sus miedos, aunque a los agentes se les enseña a responder a otras señales de angustia, como llanto, temblores o un cambio en el tono de voz, y a derivar a los inmigrantes para que sean evaluados si el comportamiento Parece genuino. Cualquiera que no sea examinado puede ser deportado inmediatamente.

No está claro hasta qué punto la “prueba de gritos” es responsable de una disminución de más del 50 % en los arrestos fronterizos desde que se suspendió el asilo, un avance bienvenido para Biden mientras enfrenta ataques republicanos de permitir que la frontera se salga de control.

Pero los funcionarios de la administración dijeron que es un cambio crítico porque es más probable que los inmigrantes digan que temen ser deportados si se les hace una pregunta.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que existen directrices estrictas para que los agentes identifiquen a los migrantes que muestren cualquier signo de miedo. Hay carteles en los centros de detención que explican los nuevos procedimientos y se muestran videos en los más grandes, como Tucson.

“Nosotros entrenamos, actualizamos la capacitación, estamos en constante diálogo con nuestro personal”, dijo Mayorkas en una entrevista. “Cumplimos con nuestras obligaciones internacionales y humanitarias”.

Si pasan un examen de mayor nivel, los inmigrantes pueden permanecer en Estados Unidos para buscar protecciones similares al asilo, como las que establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Al hacerlo, la administración argumentó que está cumpliendo con el derecho estadounidense e internacional que prohíbe enviar personas a países donde enfrentan persecución o tortura.

Los defensores de la inmigración dicen que los inmigrantes que muestran signos de miedo pueden pasar fácilmente por alto. El Centro de Estudios de Género y Refugiados, que demandó a la administración por la suspensión del asilo, dijo que 51 de las 97 familias que entrevistó en 2020, cuando la “prueba de gritos” estuvo brevemente en vigor durante la pandemia de COVID-19, dijeron que hablaron con agentes sobre temores de deportación y otros 21 expresaron señales no verbales, pero ninguno fue examinado.

Araceli Martínez, de 32 años, dijo a AP que temía regresar a casa con su hija de 14 años con un marido que la maltrataba físicamente, pero nadie le preguntó en las instalaciones de Tucson por qué había venido y ella no sabía que había hablar hasta que fue demasiado tarde. Fue deportada a Nogales, México, el mes pasado.

Otro mexicano, Christian Gutiérrez, dijo que les dijo a los funcionarios que quería solicitar asilo durante los tres días que estuvo bajo custodia en San Diego, pero que fue inútil.

“Me ignoraron por completo”, dijo Gutiérrez, de 26 años, a AP sentado en un banco en Tijuana, México, después de ser deportado. “No me dieron la oportunidad”.

Quienes consideran que las políticas de Biden son demasiado suaves restan importancia a la “prueba de gritos” (y a la suspensión del asilo en términos generales) como demasiado poca y demasiado tarde. Robert Law, director de seguridad nacional e inmigración del America First Policy Institute, dijo que la prueba podría tener un impacto limitado, pero no por mucho tiempo.

“Con el tiempo, se correrá la voz entre quienes están entrenando a quienes intentan aprovechar el sistema de asilo”, dijo Law, quien se ocupó del asilo como jefe de políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante la administración del expresidente Donald Trump.

Incluso aquellos que obtienen una entrevista de selección enfrentan nuevos obstáculos. Además de estándares más altos, tienen cuatro horas para llamar a un abogado desde un centro de detención, en comparación con un período anterior de 24 horas para prepararse.

Aquellos que no tienen abogados obtienen una lista de proveedores de servicios legales gratuitos. Los períodos de cuatro horas son de 7:00 am a 7:00 pm, incluidos los fines de semana, cuando muchos proveedores no contestan los teléfonos. Incluso entre semana, pueden sentirse abrumados.

Un sábado por la mañana, después de que se suspendiera el asilo, el mensaje de voz de una mujer comenzó tranquilamente con su nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, número de reserva y fecha de arresto por cruzar la frontera ilegalmente con su hija de 6 años.

Después de una pausa de 20 segundos, empezó a llorar: “¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío, por favor”. Un guardia le preguntó si había terminado y ella dijo que sí.

RAICES, un grupo que brinda asesoramiento legal gratuito a inmigrantes en Texas y que obtuvo el mensaje de voz, encontró a la mujer detenida días después de que no pasó la prueba, pero estaba esperando una apelación. Un juez de inmigración revocó la decisión, diciendo que debería haber sido entrevistada en su idioma nativo, no en español, y que su temor estaba justificado. Fue liberada para continuar con su caso en tribunales de inmigración muy atrasados.

Una mujer guatemalteca de 22 años con un hijo de un año le dijo a su abogado que no entendía el video que instruía a los migrantes a expresar cualquier temor de ser deportados y que se sentía confundida y asustada. Dijo que se comunicó con RAICES cuando la Patrulla Fronteriza le dio una lista de abogados después de no pasar la evaluación.

La mujer le dijo al abogado en una llamada telefónica grabada que huyó a Estados Unidos para trabajar y escapar de “esos carteles”. Conteniendo las lágrimas, dijo que su hijo apenas había comido en días.

“Quiere caminar, quiere salir a jugar, pero no lo dejan”, dijo la mujer. Un juez de inmigración denegó su apelación y fue deportada con su hijo.

RAICES dijo que ha podido responder a 74 de 1.215 llamadas recibidas de personas bajo custodia de la Patrulla Fronteriza desde que se suspendió el asilo el 5 de junio. La organización proporcionó grabaciones de sus clientes a la AP con la condición de que sus nombres y otra información de identificación no se publiquen debido a preocupaciones por su seguridad.

En Tijuana, el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, que brinda asesoramiento legal gratuito a los inmigrantes detenidos en San Diego, ha estado difundiendo los cambios. La abogada directora Melissa Shepard dijo que a las personas que llaman buscando ayuda a menudo solo les queda una hora para prepararse para la entrevista.

“Tú eres quien tiene que decir tengo miedo”, dijo Shepard en un refugio para inmigrantes el mes pasado. La audiencia pareció escuchar atentamente pero no hizo preguntas.