Abogados gubernamentales que participaron el viernes en una audiencia en un tribunal federal de Los Ángeles argumentaron que la supervisión judicial bajo el Acuerdo Flores ya no tiene razón de ser y se requieren nuevas normas. Los abogados dijeron que proporcionarían más detalles a la jueza el próximo lunes antes de que ella emita su fallo, incluida información sobre cómo asegurarán la supervisión de instalaciones no gubernamentales que atienden a niños con necesidades acuciantes.

El gobierno de Biden le pidió a la corte el mes pasado que suspendiera parcialmente las normas, semanas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicara sus propias salvaguardas —que entrarán en vigor el 1 de julio—, que el secretario Xavier Becerra dijo establecerán “estándares claros para el cuidado y el trato de niños (migrantes) no acompañados”.

Actualmente, los activistas que representan a niños migrantes tienen amplia autoridad para visitar instalaciones de custodia y efectuar entrevistas al personal y a otros migrantes, y se les permite presentar quejas ante la corte, que puede ordenar cambios.

Leecia Welch, subdirectora de litigación en el organismo activista Children’s Rights, que representa a los niños en el caso, dijo que la supervisión judicial es ahora más necesaria que nunca. Los activistas dicen que el Acuerdo Flores ha sido decisivo para garantizar condiciones seguras para los niños, en especial en medio de crecientes detenciones fronterizas durante los últimos dos años que incluyeron a casi 300.000 menores que viajaban solos.

“Llega un momento en que todos los acuerdos de conciliación necesitan llegar a su fin, pero ahora no es ese momento”, declaró Welch.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios.

El acuerdo de 1997 fue el resultado de más de una década de litigio entre abogados que representaban los derechos de niños migrantes y el gobierno federal con respecto a denuncias generalizadas de malos tratos en la década de 1980.

La demanda original fue presentada en nombre de cuatro adolescentes, entre ellos Jenny Lisette Flores, una chica de 15 años oriunda de El Salvador. La demanda explicaba cómo el gobierno mantuvo detenidos a Flores y a los otros querellantes por periodos prolongados, con frecuencia en instalaciones junto con adultos ajenos, y no recibieron educación ni atención médica adecuada.

En 2014, un incremento en la llegada de niños solos a la frontera generó un mayor escrutinio por parte del gobierno federal. Desde entonces se han incrementado los arrestos de niños que viajan solos en la frontera con México, detenciones que el año pasado superaron 130.000.

El departamento de salud entrega a la gran mayoría de los niños solos a parientes cercanos mientras jueces de inmigración sopesan qué determinarán para su futuro.

El gobierno de Biden le está pidiendo a la corte que ponga fin al acuerdo con el departamento, que asume la custodia de los niños no acompañados tras cumplirse 72 horas de su arresto por parte de la Patrulla Fronteriza.

El acuerdo aún sería aplicable cuando los niños se encuentran en manos de la Patrulla Fronteriza y de su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, incluido un límite de 20 días a la detención de niños solos y de padres que viajan con un niño. Las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza han experimentado hacinamiento extremo; la ocasión más reciente fue en 2021.

El departamento de salud dice que sus nuevas normas cumplen, y de ciertas formas exceden, los estándares establecidos en el acuerdo judicial.

Los abogados de niños migrantes no están de acuerdo. Alegan que el gobierno federal ha sido incapaz de desarrollar un marco regulatorio en estados que revocaron las licencias de instalaciones que atienden a niños migrantes o podrían hacerlo en el futuro.

Dicen que las nuevas normas tampoco abordan debidamente a las instalaciones que atienden a niños con necesidades más apremiantes.

Texas y Florida —encabezados por gobernadores republicanos opuestos a los flujos migratorios sin precedentes— revocaron licencias en 2021, dejando lo que según activistas es un hueco en la supervisión, el cual pone en riesgo la seguridad de los niños.