El fallo de 6-3, con tres de los seis jueces conservadores en desacuerdo, restableció la sentencia de un juzgado estatal, el cual sentenció que la prohibición casi total del aborto en Idaho debe ceder ante una ley federal de 1986 conocida como Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia (EMTALA, en inglés), en el caso que los dos estatutos entren en conflicto.

Una versión del fallo fue publicada inadvertidamente el miércoles en el sitio web del tribunal. El texto fue rápidamente retirado, pero no antes de que medios estadounidenses lo obtuvieran.

La opinión publicada este jueves por el Supremo, de mayoría conservadora, parece muy similar al borrador. Con ella, se levantó un bloqueo que los jueces habían colocado sobre el fallo del tribunal inferior en enero.

Sin embargo, la decisión no resuelve las cuestiones centrales del caso y en su lugar opta por desestimar el caso, lo que significa que los mismos jueces que hace dos años votaron para , pronto podrían volver a considerar cuándo los médicos pueden realizar este procedimiento en casos de emergencia.

La administración del presidente Joe Biden había demandado a Idaho, argumentando que EMTALA tiene prioridad sobre la ley estatal. EMTALA garantiza que los pacientes puedan recibir atención de emergencia en hospitales que reciben fondos del programa federal Medicare. Idaho se encuentra entre los seis estados que prohíben casi totalmente el aborto y no ofrecen excepciones para proteger la salud de las mujeres embarazadas.

“La orden de hoy de la Corte Suprema garantiza que las mujeres en Idaho puedan acceder a la atención médica de emergencia que necesitan mientras este caso regresa a los tribunales inferiores”, dijo Biden en un comunicado. “A ninguna mujer se le debe negar atención, obligarla a esperar hasta que esté al borde de la muerte u obligarla a huir de su estado natal sólo para recibir la atención médica que necesita. Esto nunca debería suceder en EEUU”.

“Sin embargo, esto es exactamente lo que está sucediendo en los estados de todo el país desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade”, añadió Biden, refiriéndose a la decisión de 2022 que revirtió el precedente de 1973 que había reconocido un derecho constitucional al aborto.

Biden, que busca la reelección este año, ha tratado de hacer del derecho al aborto una pieza central de su campaña.

Por su parte, el expresidente Donald Trump, principal candidato republicano y responsable del nombramiento de tres de los seis jueces que eran mayoría en el fallo sobre el aborto de 2022, ha resaltado su parte en esta decisión.

Lupe Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva señaló, a través de un comunicado remitido a la Voz de América que, a pesar de que siente alivio de que la Corte Suprema “desestimara este caso”, al final “no lograron defender las protecciones para las pacientes embarazadas ni garantizar que los extremistas antiaborto no puedan negarles atención de aborto de emergencia” a nivel federal.

Rodríguez afirmó que, desde “la desastrosa decisión” de la Corte Suprema de revocar Roe v. Wade hace dos años, “el acceso a la atención del aborto se ha visto diezmado” y advirtió que las “comunidades de color visitan las salas de emergencia en mayor proporción debido a barreras sistémicas a la atención médica”.

Además, insistió en que los ataques continuarán “como parte del objetivo final de los extremistas antiaborto de prohibir el aborto en todo el país”.

Por su parte, Gretchen Borchelt, vicepresidenta de derechos reproductivos y salud del Centro Nacional de Derecho de la Mujer, dijo que la Corte Suprema “no merece ningún crédito por esta decisión”.

“Este es el mínimo indispensable que merecen las personas embarazadas y los proveedores en Idaho. La Corte creó esta crisis cuando anuló Roe y luego, nuevamente, cuando permitió que se eliminara la prohibición penal del aborto en Idaho, en plena vigencia, innecesariamente y con consecuencias nefastas, como la Corte admite ahora”, agregó.

Borchelt también enfatizó en que se encuentran “en una coyuntura peligrosa” con esta Corte, pues tres de los jueces “están dispuestos a dejar que los pacientes sangren en los estacionamientos”.

‘Frágil distensión’

La jueza liberal, Ketanji Brown Jackson, en una opinión separada estuvo de acuerdo con la decisión del tribunal de levantar su suspensión, pero dijo que no habría desestimado el caso, calificando la situación legal como una “frágil distensión”.

“Este tribunal tuvo la oportunidad de aportar claridad y certeza a esta trágica situación, y la hemos desperdiciado”, escribió Jackson. “Y mientras nos neguemos a declarar lo que exige la ley, las pacientes embarazadas en Idaho, Texas y otros lugares pagarán el precio”.

En otro caso, la Corte Suprema, en una decisión unánime del 13 de junio, rechazó un intento de grupos antiaborto y médicos de restringir el acceso a la píldora abortiva mifepristona, al considerar que los demandantes carecían de la capacidad legal necesaria para proseguir el litigio contra la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU. Los jueces tampoco decidieron las cuestiones legales subyacentes en ese caso, dictaminando que los grupos antiaborto y los médicos que presentaron la impugnación carecían de la capacidad legal necesaria para presentar el caso.

La llamada ley “desencadenante” del aborto de Idaho, adoptada en 2020, entró automáticamente en vigor tras la revocación de Roe. La ley estatal prohibía casi todos los abortos a menos que fueran necesarios para evitar la muerte de la madre, amenazando a los médicos que la violaran con dos a cinco años de prisión y la pérdida de su licencia médica.

EMTALA exige que los hospitales que reciben fondos del programa federal Medicare “estabilicen” a los pacientes con afecciones médicas de emergencia. Los expertos médicos han dicho que condiciones que podrían amenazar la vida y la salud de la mujer -desde hipertensión gestacional hasta sangrado excesivo- podrían requerir un aborto para estabilizarla o evitar convulsiones, daño y falla de órganos vitales o la pérdida del útero.

El juez de distrito estadounidense B. Lynn Winmill, con sede en Boise, bloqueó en 2022 la aplicación de la ley de Idaho en casos de abortos que son necesarios para evitar poner en “grave peligro” la salud de la mujer o correr el riesgo de “deterioro grave de las funciones corporales”.

En una encuesta de Reuters/Ipsos de mayo, el 82 % de los votantes registrados que respondieron, incluido el 88 % de los demócratas y el 79 % de los republicanos, dijeron que apoyaban exigir que los estados con prohibiciones estrictas del aborto permitan un aborto si es necesario para proteger la salud de una paciente embarazada que enfrenta una emergencia médica.

Alrededor del 57 % de los encuestados dijeron que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, frente al 46 % en las encuestas de Reuters/Ipsos realizadas hace una década. Alrededor del 31 % de los encuestados en la encuesta de mayo dijeron que el aborto debería ser ilegal en la mayoría o en todos los casos, frente al 43 % en las encuestas de 2014. Alrededor del 10% de los encuestados afirman sistemáticamente que no están seguros.

[Con información de Reuters y AP]