Se estima que más de 80 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad en la región de América Latina y el Caribe, según datos oficiales.
Estados Unidos (VOA) – Un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señala que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus “ha afectado a la población de manera profunda y multidimensional” y América Latina y el Caribe, “que se caracteriza por altos niveles de desigualdad, informalidad laboral y vulnerabilidad, es una de las regiones más afectadas en términos sanitarios, económicos y sociales”.
Pobreza y desigualdad en la región
La investigación de la CEPAL refleja datos de pobreza que “no se observaban desde hacía al menos una década”. En 2021, el número de personas en situación de pobreza se situaba en los 201 millones (el 32,1 % de la población de América Latina) y se estima que los datos sigan en aumento para el período de 2022, del que aún no se han extraído datos oficiales por parte del organismo regional.
De la misma forma, la desigualdad social incrementó en casi un punto porcentual y la actividad económica registró “una contracción histórica” con una caída del 6,8 % del Producto Interior Bruto (PIB) y del 7,7 % del PIB per cápita, lo que supone “la mayor caída anual en los 120 años de historia estadística de la región”.
Otro trabajo del Banco Mundial también pone de manifiesto que la región latinoamericana ha sido de las más afectadas por la pandemia del COVID-19.
“El impacto a corto plazo es principalmente monetario, pero los efectos no monetarios, como la inseguridad alimentaria y la baja participación en la educación, probablemente continuarán incluso en la pospandemia”, explican Javier Romero Haaker y Gabriel lara Ibarra en una comunicación escrita a la que ha tenido acceso la Voz de América.
Las protecciones sociales
La protección social se ha convertido en la principal herramienta que han tenido los gobiernos de la región para brindar asistencia a los niños y sus familias con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la crisis sanitaria.
Pero hay un grupo que ha sufrido especialmente las consecuencias de la pandemia, las personas que padecen algún tipo de discapacidad física o mental, un grupo que ya era vulnerable incluso antes de la pandemia.
“Aproximadamente hoy el 15 % de la población de América Latina y el Caribe tiene una discapacidad, representando a más de 80 millones de personas”, explica Mónica Rubio, asesora regional de políticas sociales para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Según la portavoz de UNICEF, esta tendencia va a seguir aumentando en las siguientes décadas y se estima que haya unos 150 millones de personas con discapacidad en la región para 2050.
“Esto pone por delante el reto de diseñar e implementar políticas y programas que materializan lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece”, expone haciendo referencia al “derecho a la protección social de las personas con discapacidad”.
En esa línea, celebra que “la mayoría de los países de ingresos altos ya cuentan con una importante cobertura de protección social para las personas con discapacidad” y que “hay muchos países de medianos y bajos ingresos que están desarrollando políticas y programas de protección social para la discapacidad”, incluso en la región latinoamericana.
Las personas con discapacidad, con mayor probabilidad de vivir en pobreza
Sin embargo, Rubio asegura que “las personas en situación de discapacidad tienen muchas mayores probabilidades de vivir en pobreza y de tener una menor participación en la vida social, económica y pública” que pone de manifiesto que “una protección social inclusiva es fundamental”.
“(Una protección social inclusiva) la entendemos como una protección social que contribuye de modo efectivo a la realización de derechos como la seguridad social y un estándar de vida digno, con acceso a la educación, a la salud, a oportunidades laborales y sobre todo accesos, apoyo o asistencia para un desarrollo autónomo en la medida de sus capacidades”, dice Rubio.
Desigualdades desde temprana edad
Por otro lado, el investigador Alfonso Tolmos, de la consultora Trans100d, apunta que esa desigualdad se inicia en las primeras etapas de la niñez ya que se observan “diferencias muy importantes entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad” en cuestiones como el alfabetismo o los años de escolaridad.
Tolmos, cuyo estudio se presentó esta semana durante una charla organizada por Diálogo Interamericano, un grupo de pensamiento con base en Washington DC, recalca que “el diseño y la implementación de una serie de programas de protección social” en la región han empezado a causar un efecto positivo. “Ese marco institucional y ese primer establecimiento de políticas nos invitan a recoger una serie de tendencias de política en la región, que vemos esperanza, aunque sabemos que, en la realidad, todavía hay un camino importante por recorrer”, apunta.
Efectos positivos
Uno de esos planes que se contemplan en muchos de los países de la región tienen que ver con la “ampliación de la protección social, que termina también beneficiando a las personas con discapacidad”. En los últimos años, según datos ofrecidos por Tolmos, se ha dado un incremento generalizado del gasto público del 10 % al 14 %, lo que ha permitido atender también a este grupo población.
“Hay una tendencia a ofrecer servicios con cobertura universal y eso ha permitido dar un primer paso para atender también a las poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad”, apostilla.
Con todo, los expertos coinciden al afirmar que “el sistema de protección social puede ayudar” en la coordinación y la implementación de políticas comunes para atender las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad, que siguen siendo las más vulnerables después de la pandemia. “Esto puede ayudar a la gestión de los casos de discapacidad o a la familias de niños y adolescentes con discapacidad para que tengan un mayor acceso a oportunidades”, dice Alexandre Cote, especialista en políticas sociales de UNICEF.
“Pero para eso necesitamos un sistema de protección social y que continúe esta mutación para poder entender cuál es el rol hacia la inclusión de personas y niños con discapacidad”, concluye.
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