David Cornejo Fernández fue arrestado el 17 de mayo por las autoridades peruanas y permanecía en prisión hasta que fue solicitada su extradición y concretada en diciembre.

El hombre fue presentado ante un tribunal federal en Miami.

Según el acta de acusación, desde noviembre de 2012 hasta junio de 2019, Cornejo proporcionó líneas telefónicas basadas en Internet, servicios para suplantar identificadores de llamadas y capacidades de grabación a centros de llamadas fraudulentos. De igual forma el hombre habría facilitado a sus cómplices en Perú tecnología para realizar llamadas fraudulentas y extorsivas a personas hispanohablantes vulnerables en Estados Unidos.

Los hombres con los que trabajaba Cornejo aseguraban falsamente a las víctimas que habían sido seleccionadas para recibir premios, como tabletas con cursos de inglés. Más tarde, se les exigían grandes pagos para recibir dichos premios, según la acusación.

Cuando las víctimas se negaban, los estafadores amenazaban con graves consecuencias, como procesos judiciales, arrestos o afectaciones a su estatus migratorio. Los estafadores se hacían pasar por abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y policías para intimidar a las víctimas y extorsionarlas.

Falsificaban llamadas del USCIS

La acusación revela que Cornejo presuntamente proporcionó software y, en ocasiones, capacitación a sus cómplices para suplantar de manera convincente a funcionarios gubernamentales y donde habría manipulado números telefónicos en los identificadores de llamadas, haciendo parecer que las amenazas provenían de agencias federales, funcionarios judiciales o cuerpos de seguridad estadounidenses.

El hombre habría instalado grabaciones en las líneas entrantes de sus colaboradores que simulaban ser de tribunales, departamentos de policía y agencias federales estadounidenses, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Estas grabaciones fortalecían la credibilidad de las llamadas amenazantes, utilizadas para extorsionar a consumidores en el Distrito Sur de Florida y otros lugares del país.

“La División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y procesará a los criminales transnacionales que se aprovechan de los consumidores vulnerables en EE. UU.”, declaró Brian M. Boynton, Fiscal General Adjunto Principal de la División Civil del Departamento de Justicia.

El acta acusatoria, presentada en febrero de 2023 y revelada tras la extradición de Cornejo, incluye seis cargos: conspiración, fraude electrónico y extorsión. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Un juez federal determinará la sentencia considerando las pautas de sentencia y otros factores legales.

Este caso fue investigado por el USPIS y recibió apoyo de varias agencias, incluidas la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía General del Perú.

Las autoridades han hecho un llamado a las personas que si conocen a alguien que ha sufrido un fraude financiero, puede comunicarse al National Elder Fraud Hotline en donde se dispone de atención en inglés, español y otros idiomas.