Estados Unidos (VOA) – El gobierno de Estados Unidos dio un paso adelante el lunes en su lucha por prevenir y castigar a los responsables de casos de violencia sexual en zonas de guerra.Un memorando firmado por el presidente Joe Biden explica que EEUU ha tomado la medida a fin de “prevenir y responder a la violencia sexual relacionada con los conflictos en todo el mundo”, aún cuando en su propia legislación existen tales sanciones, las cuales -señala- no obstante no son suficientes.

En un conjunto de medidas anunciadas el lunes, la Casa Blanca explicó en el documento que, a pesar de que muchos casos de violación sexual en medio de los conflictos armados quedan en la impunidad, es menester perseguir la equidad de género en el mundo.

Citando datos de las Naciones Unidas, el gobierno de EEUU señala que “por cada violación denunciada en relación con un conflicto, entre 10 y 20 casos quedan sin documentar”.

La nueva normativa comprende la promoción de la equidad e igualdad de género, así como la asistencia urgente a las necesidades de los sobrevivientes, la amplificación de las voces de las víctimas en la justicia transicional y la provisión de servicios a las mismas.

La invasión rusa de Ucrania ha puesto este flagelo en el candelero.

En el mes de abril, un poco más de mes y medio de iniciada la guerra, la ONU, basada en denuncias de activistas dentro de Ucrania, alertó al mundo que eran en ese entonces las mujeres y los menores de edad las personas más propensas a sufrir violaciones sexuales y actividades de tráfico por parte de los combatientes prorrusos.

“Estas denuncias deben investigarse de forma independiente para la justicia y la rendición de cuentas”, dijo al Consejo de Seguridad la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. “La combinación del desplazamiento masivo con la gran presencia de reclutas y mercenarios, y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos, han levantado todas las banderas rojas”.

La proclama presidencial del lunes indica a las agencias gubernamentales de EEUU como el Departamento de Estado y del Tesoro establecer o reforzar su programa de sanciones a entidades e individuos que lideren o permitan actos de violaciones antes descritas, para quienes propone el bloqueo de sus propiedades y el concurso de organismos internacionales afines a la imposición de medidas punitivas.