Padres y madres de los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, municipio del estado mexicano de Guerrero, compartieron con Sputnik su sentir ante las nuevas líneas de investigación sobre el caso.
Ciudad de México (Sputnik) – “Cuando vas a comer estás pensando en tu hijo, cuando te estás acostando estás pensando en tu hijo. Que si vive, que si no vive, que si está comiendo o está con hambre, o si está muerto. Eso es lo que nos está acabando a nosotras porque eso es un gran dolor para una como madre”. Quien habla es Blanca Nava, madre de Jorge, uno de los 43 estudiantes desaparecidos hace ya siete años.
Hasta ahora, a tres años de la entrada del nuevo gobierno comandado por elpresidente Andrés Manuel López Obrador,no se ha cumplido con la principal exigencia de los padres y madres de las víctimas: la aparición con vida de los jóvenes y castigo a los culpables.
No hay resultados concluyentes. Han pasado siete años de aquella noche en la que los estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron desaparecidos.
De lo que se sabe es que la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, algunos alumnos cuyas edades oscilaban entre los 17 y los 25 años, partieron de la central de autobuses de Iguala a bordo de dos camiones de pasajeros.
Las unidades, de acuerdo con el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, fueron atacados por policías de Iguala, Cocula y civiles armados.
El ataque armado duró al menos tres horas entre las cuales algunos jóvenes fueron asesinados, torturados, lesionados, perseguidos y 43 de ellos desaparecidos.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el cual se registraron los hechos, se investigó el caso y se concluyó en la llamada Verdad histórica, una versión que con el paso de los años ha sido destrozada y si de algo hay certeza es que el gobierno, que aseguró que los jóvenes desaparecidos habían sido quemados en el basurero de Cocula, mintió.
Aunque los familiares reconocen que, a diferencia del gobierno pasado, hay voluntad por parte de López Obrador para resolver el caso, lo cierto es que los resultados son intangibles, afirman.
“Hay que reconocer que con el actual gobierno ha habido una mesa de diálogo que con el anterior no había, teníamos que patear puertas para poder entrar”, diceMaría Elena Guerrero, mamá de Giovanni Galindes y quien recrimina a la actual administración que aún haya en su interior funcionarios del antiguo gobierno que obstaculizan las investigaciones.
Clemente Rodríguez es papá de Christian Alonso, cuyos restos de un pie fueron encontrados en la Barranca de la Carnicería, en la sierra de Guerrero, y analizados en el Instituto de la Universidad de Innsbruck, en Austria, ente que confirmó que se trataba de él. De acuerdo con la versión del gobierno actual, los jóvenes no murieron en dicho sitio, pero sus restos fueron arrojados en el lugar.
A pesar de esto, señala Clemente, la exigencia sigue siendo la misma: saber la verdad. “En este gobierno nos dan una respuesta que son dos fragmentitos de mi hijo. A mi hijo le pueden cortar su pie y la exigencia es igual: lo queremos vivo”.
Santiago Aguirre, titular del de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ente civil que asumió una parte de la representación legal de los padres y madres de los jóvenes, señaló que, aunque los avances son magros, con estos hallazgos se rompe por completo con la versión dada por el gobierno de Peña Nieto.
El litigante coincide con los familiares de las víctimas y asevera que los avances son pocos respecto a la expectativa que se puso a la entrada del gobierno de López Obrador.
“No llegamos con la verdad esclarecida y esa sigue siendo la expectativa de las familias, aclarar qué pasó”, asegura Aguirre quien destaca que el hallazgo de los restos en la Barranca de la Carnicería no es algo concluyente sino una posibilidad de abrir diversas líneas de investigación en el caso las cuales habrá que corroborar con evidencia científica.
“El tema es el paso del tiempo porque estamos llegando a estos pasos incipientes a tres años de la nueva administración”, agrega.
Mientras, los padres y madres de los jóvenes coinciden que su vida no ha vuelto a ser igual tras la desaparición de los estudiantes.
“Es muy triste estar en la casa, no hemos podido estar en paz emocionalmente, ha sido muy complicado. Mi exigencia es la presentación con vida y pruebas, más pruebas que nos den una tranquilidad”, señala Luz María Telumbre, mamá de Christian Alfonso.
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