La orden es una de las medidas más reciente en una serie de acciones enérgicas de la administración Trump para controlar la inmigración porque prohíbe el uso de dinero federal para migrantes en situación irregular y ordena a todas las agencias que identifiquen cualquier programa financiado con fondos federales que lo haga.

La Casa Blanca no dejó claro cuáles prestaciones serán objeto de esta medida. Las personas que están sin documentos legales en el país suelen no calificar para recibirlas, excepto para atención médica de emergencia. Los niños tienen derecho a una educación pública gratuita desde el jardín de infantes hasta el 12mo grado, independientemente de su estatus migratorio, según un fallo de la Corte Suprema de 1982.

La orden señala que una reforma a la asistencia social de 1996 niega la mayoría de las prestaciones públicas a las personas que están en el país de manera ilegal, pero dice que esa ley ha sido socavada gradualmente.

¿A quiénes afectaría?

La orden ejecutiva podría afectar a las personas que se les concedió el permiso condicional humanitario conocido como “parole” bajo la administración de Joe Biden, al ser consideradas “no ciudadanos que califican”, lo que las hace elegibles para recibir algunas prestaciones con base en sus ingresos, pero sólo después de cinco años. Algunos estados han acortado el período de espera de cinco años.

En este grupo estarían las más de 900.000 personas que ingresaron al país a través de una aplicación de citas en línea llamada CBP One utilizada en los cruces fronterizos con México, y más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que volaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario. Ambos programas ya fueron cancelados por el actual gobierno del presidente Donald Trump.

La orden ejecutiva también garantiza que los fondos federales no se puedan utilizar para jurisdicciones “santuario” estatales o locales, según la Casa Blanca. Las ciudades santuario impiden que las fuerzas de seguridad locales ayuden a los responsables federales de inmigración civil.

En otra orden, Trump dio instrucciones a los jefes de cada agencia para que revisen todas las regulaciones junto con miembros del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk. Cualquier regulación que se considere inconsistente con las políticas del Gobierno será rescindida o modificada, decía la orden.

El objetivo de la medida es reforzar la amplia iniciativa de Musk de recortar gastos del Gobierno, que ya se enfrenta a numerosos recursos judiciales sobre su legalidad.

Trump firmó 10 órdenes ejecutivas sobre inmigración en su primer día en el cargo. Estas incluyeron poner fin a la ciudadanía automática para las personas nacidas en Estados Unidos, y al asilo en la frontera sur. La orden sobre la ciudadanía por nacimiento ha sido detenida temporalmente en los tribunales.

Trump también apuntó a una serie de comités asesores y agencias para su eliminación como parte de su campaña más amplia para afirmar el control sobre las agencias ejecutivas independientes.

Entre las agencias que se disolverán están el Instituto Estadounidense para la Paz, que promueve la resolución de conflictos en todo el mundo; la Fundación Interamericana, que financia programas de desarrollo comunitario en América Latina y el Caribe; y la Fundación Estadounidense para el Desarrollo Africano, que invierte en esfuerzos de desarrollo comunitario en África.

Trump firmó las nuevas órdenes en el Air Force One durante un vuelo desde Florida a Washington.

[Con información de Ap y Reuters]