Ambas decisiones son históricas. El máximo tribunal de Colorado fue el primero en aplicar a un aspirante a candidato a la presidencia una inusual prohibición constitucional contra quienes “hayan tomado parte en una insurrección”. La secretaria de Estado de Maine, demócrata, fue la primera alta funcionaria electoral en sacar unilateralmente de las boletas a un aspirante amparándose en esa disposición.

Pero ambas decisiones están en pausa mientras se desenvuelve el proceso judicial.

Eso significa que Trump permanece en las boletas en Colorado y Maine y que su destino político se encuentra ahora en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El fallo de Maine probablemente nunca entre en vigor por sí solo. Su principal impacto es incrementar la presión sobre el máximo tribunal de la nación para que se pronuncie claramente sobre lo siguiente: ¿Puede Trump postularse aún a la presidencia después del ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio federal?

¿Cuál es el problemá jurídico?

Tras la Guerra Civil, Estados Unidos ratificó su 14ª enmienda constitucional para garantizar los derechos de las personas que habían sido esclavas, entre otros. También incluía una cláusula de dos frases llamada Sección 3, diseñada para impedir que quienes habían pertenecido al gobierno confederado recuperaran poder gubernamental tras el conflicto.

La medida dice:

“No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñar cargo civil o militar alguno en Estados Unidos o en cualquier estado, quien, habiendo jurado previamente defender la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, funcionario de los Estados Unidos o miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier estado o funcionario ejecutivo o judicial del mismo, haya tomado parte en una insurrección o rebelión contra la misma o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país. Pero el Congreso podrá, con el voto de dos terceras partes de cada cámara, subsanar esa inhabilidad”.

El Congreso retiró esa inhabilitación para la mayor parte de los confederados en 1872, y la disposición cayó en desuso. Pero fue redescubierta tras los sucesos del 6 de enero.

¿Cómo se aplicaría esto a Trump?

Trump ya está siendo procesado por el intento de revocar su derrota electoral de 2020, que culminó con los hechos del 6 de enero, pero la Sección 3 no requiere una declaración de culpabilidad para aplicarse. Se han interpuesto docenas de demandas para inhabilitar a Trump alegando que participó en una insurrección el 6 de enero y ya no está cualificado para postularse a un cargo público.

Todas las demandas fracasaron hasta el fallo de Colorado. Y se ha pedido a docenas de secretarios de Estado que lo retiren de las papeletas. Todos indicaron que carecen de autoridad para hacerlo si no reciben una orden judicial, hasta la decisión de la de Maine, Shenna Bellows.

La Corte Suprema nunca se ha pronunciado con respecto a la Sección 3. Es probable que lo haga al sopesar las apelaciones a la decisión de Colorado: el Partido Republicano estatal ya recurrió y se espera que Trump interponga el suyo propio pronto. El fallo de Bellows no puede ser apelado directamente ante la Corte Suprema federal, sino que primero tiene que ser recurrido en la cadena judicial, comenzando con un tribunal de primera instancia en Maine.

Sin embargo, la decisión de Maine sí obliga al máximo tribunal a examinar el caso. Ya era muy probable que los jueces escucharan el caso de Colorado, pero la decisión de Maine elimina cualquier duda.

Trump perdió en Colorado en 2020 y no necesita ganar allí para lograr una mayoría en el Colegio Electoral el año próximo. Pero sí obtuvo uno de los cuatro votos colegiados de Maine en las últimas presidenciales al imponerse en el 2º Distrito del Congreso, por lo que la decisión de Bellows tendría un impacto directo sobre sus posibilidades en los comicios de noviembre.

Hasta que el máximo tribunal emita su fallo, cualquier estado podría adoptar su propia norma acerca de si Trump, o cualquier otra persona, pueda estar en las boletas. Este es el tipo de caos jurídico que se supone que la corte debe evitar.

¿Cuáles son los argumentos en el caso?

Los abogados de Trump tienen varios argumentos contra la presión para inhabilitarlo. Primero, no está claro si la Sección 3 es aplicable al presidente: un borrador antiguo mencionaba ese puesto, pero fue retirado, y las palabras “funcionario de Estados Unidos” en otras partes de la Constitución no se refieren al presidente, según alegan.

Segundo, incluso si es aplicable a la presidencia, sostienen, esta es una cuestión “política” sobre la que deberían decidir los votantes, no jueces que no obtuvieron el cargo por elección popular. Tercero, si los jueces desean involucrarse, de acuerdo con los letrados, estarían infringiendo el derecho de Trump a un proceso jurídico imparcial al determinar categóricamente que no es elegible sin llevar a cabo algún tipo de proceso de investigación como un largo juicio penal. En cuarto lugar alegan que lo ocurrido el 6 de enero no fue una insurrección en el sentido de la Sección 3, sino un motín. Finalmente, incluso si fue una insurrección, señalan que Trump no estuvo involucrado, simplemente estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión.

Por supuesto, los abogados que quieren inhabilitar a Trump también tienen argumentos. El principal es que el caso es realmente muy sencillo: lo ocurrido el 6 de enero fue una insurrección, Trump la incitó y está inhabilitado.

¿Por qué ha demorado tanto?

El incidente ocurrió hace tres años, pero las impugnaciones no estuvieron “maduras”, por usar el término jurídico, hasta que Trump solicitó entrar en las boletas estatales este otoño.

Pero el hecho de que haya transcurrido tanto tiempo tiene que ver también con otra cuestión: nadie ha querido emitir realmente un fallo sobre los méritos del caso. La mayoría de los jueces han descartado las demandas por cuestiones técnicas, incluyendo que las cortes carecen de autoridad para decir a los partidos a quién poner en sus papeletas para las primarias. Los secretarios de Estado también han evitado actuar, normalmente diciendo a quienes les piden que prohíban que Trump se postule que carecen de la autoridad jurídica para hacerlo a menos de que una corte se lo ordene.

Nadie puede evadir el asunto ya. Expertos legales han advertido que, si la Corte Suprema federal no emite una directriz clara sobre el asunto, podría derivar en un caos en noviembre, o en enero de 2025, si es que Trump gana las elecciones. Imaginen, apuntan, si el máximo tribunal evade la cuestión o dice que no es una decisión que le corresponda a las cortes y los demócratas ganan por una leve mayoría en el Congreso. ¿Confirmarían a Trump o declararían que es inelegible bajo la Sección 3?

¿Por qué lo hizo Maine?

Maine tiene un proceso inusual en el que se requiere que el secretario de Estado lleve a cabo una audiencia pública sobre impugnaciones a las posiciones de los políticos en las papeletas y luego emita un fallo. Diversos grupos de votantes de Maine, entre ellos uno bipartidista de exlegisladores estatales, interpusieron una reclamación de este tipo, lo que provocó la decisión de Bellows.

Bellows es demócrata, exdirectora de la sección de la Unión Americana de Libertades Civiles en el Estado y cuenta con una larga trayectoria de críticas a Trump en redes sociales. Los abogados de Trump le pidieron que se recusara del caso, citando publicaciones en las que calificó lo sucedido el 6 de enero como “una insurrección” y lamentó la absolución del exmandatario en su juicio político por el incidente.

Se negó alegando que no estaba emitiendo un fallo con base en sus opiniones personales. Pero el precedente que establece es notable, según sus críticos. En teoría, funcionarios electorales de todos los estados podrían decidir que un candidato no es elegible basándose en un novedosa teoría jurídica con respecto a la Sección 3 y suspender así sus candidaturas.

Los conservadores alegan que la Sección 3 podría aplicarse a la vicepresidenta, Kamala Harris, por ejemplo. Si en su día se utilizó para impedir que accedieran a un puesto público incluso aquellos que donaron sumas pequeñas a individuos confederados, ¿no podría usarse contra de Harris, dicen, porque recaudó dinero para los arrestados en los disturbios que siguieron al asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en 2020?

¿Es este un asunto partidista?

Desde luego que lo es. Bellows es demócrata y todos los jueces de la Corte Suprema de Colorado fueron designados por demócratas. Seis de los 9 magistrados de la Corte Suprema federal fueron nombrados por republicanos, tres de ellos por el propio Trump.

Pero los tribunales no siempre se dividen en líneas partidistas predecibles. El fallo en Colorado fue de 4-3: tres jueces nombrados por demócratas no estuvieron de acuerdo en inhabilitar a Trump. Varios juristas conservadores destacados han promovido el uso de la Sección 3 en contra del expresidente.