Al igual que muchas otras cosas en el caso penal y en el panorama político estadounidense actual, el escenario que se desarrollará en un austero tribunal de Manhattan era inimaginable hace apenas unos años. Un juez estatal debe decidir qué consecuencias, si las hay, enfrentará el ex y futuro líder del país por los delitos graves que un jurado determinó que cometió.

A diez días de la investidura de Trump, el juez Juan M. Merchan ha indicado que planea una sentencia sin penalización llamada absolución incondicional y los fiscales no se oponen a ella. Eso significaría que no se impondrían penas de prisión, ni libertad condicional ni multas, pero nada es definitivo hasta que se realice el procedimiento del viernes.

Independientemente del resultado, Trump se convertirá en la primera persona condenada por un delito grave que asuma la presidencia. Trump, que se espera que aparezca por video desde su club Mar-a-Lago en Florida, tendrá la oportunidad de hablar. Ha ridiculizado el caso, el único de sus cuatro acusaciones penales que ha ido a juicio y posiblemente el único que alguna vez lo hará.

El juez ha indicado que planea la liberación incondicional, una rareza en las condenas por delitos graves, en parte para evitar problemas constitucionales complicados que surgirían si impusiera una pena que se superpusiera con la presidencia de Trump.

El caso del dinero por silencio lo acusó de falsificar los registros de su negocio para ocultar un pago de $ 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels. A ella le pagaron, al final de la campaña de Trump de 2016, para que no le dijera al público sobre un encuentro sexual que ella sostiene que los dos tuvieron una década antes. Él dice que no sucedió nada sexual entre ellos, y sostiene que sus adversarios políticos inventaron una acusación falsa para tratar de dañarlo.

“Nunca falsifiqué registros comerciales. “Es una acusación falsa e inventada”, escribió el presidente electo republicano en su plataforma Truth Social la semana pasada. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina presentó los cargos, es demócrata.

La oficina de Bragg dijo en una presentación judicial el lunes que Trump cometió “delitos graves que causaron un daño extenso a la santidad del proceso electoral y a la integridad del mercado financiero de Nueva York”.

Si bien los cargos específicos se referían a cheques y libros contables, las acusaciones subyacentes eran sórdidas y estaban profundamente enredadas con el ascenso político de Trump. Los fiscales dijeron que Daniels recibió pagos (a través del abogado personal de Trump en ese momento, Michael Cohen) como parte de un esfuerzo más amplio para evitar que los votantes se enteraran de las supuestas escapadas extramatrimoniales de Trump.

Trump niega que los supuestos encuentros ocurrieran. Sus abogados dijeron que quería silenciar las historias para proteger a su familia, no a su campaña. Y si bien los fiscales dijeron que los reembolsos de Cohen por pagarle a Daniels se registraron engañosamente como gastos legales, Trump dice que simplemente eso es lo que eran.

“No había otra forma de llamarlo”, escribió en Truth Social la semana pasada, y agregó: “No estaba ocultando nada”.