El 26 de septiembre de 2014, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, marcó un antes y un después en la historia reciente de México. Esta tragedia no solo dejó una profunda herida en las familias de los desaparecidos, sino que también significó el inicio del declive del gobierno de Enrique Peña Nieto y ha puesto en evidencia las contradicciones del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
La desaparición de los 43 normalistas expuso la corrupción y la colusión entre el crimen organizado y las autoridades locales y federales. La “verdad histórica” presentada por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue ampliamente cuestionada y criticada por su falta de transparencia y por las evidencias de tortura a los detenidos para obtener confesiones. Este manejo del caso erosionó la credibilidad del gobierno de Peña Nieto y provocó una ola de indignación nacional e internacional.
Las protestas masivas y la presión social llevaron a una crisis de legitimidad para Peña Nieto, quien ya enfrentaba escándalos de corrupción como el de la “Casa Blanca”. La incapacidad del gobierno para resolver el caso de Ayotzinapa y brindar justicia a las familias de los desaparecidos fue un factor clave en la pérdida de apoyo popular y en el debilitamiento de su administración.
En 2018, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de transformar el país y hacer justicia en casos emblemáticos como el de Ayotzinapa. Durante su campaña, utilizó la tragedia como una bandera para criticar la corrupción y la impunidad de los gobiernos anteriores. Las consignas de “¡Faltan 43!” resonaban en sus mítines y marchas, y prometió no descansar hasta encontrar la verdad y castigar a los responsables.
Sin embargo, a diez años de la tragedia, las promesas del seudo mesías López Obrador han quedado en entredicho. Aunque su gobierno ha reabierto la investigación y ha detenido a algunos funcionarios implicados, la verdad completa sigue siendo esquiva. Además, la relación de López Obrador con el ejército ha generado controversia. A pesar de que las fuerzas armadas han sido señaladas como responsables de la desaparición de los estudiantes, el presidente ha defendido y protegido a altos mandos militares.
La postura del inquilino de palacio hacia las protestas también ha cambiado drásticamente. Hace diez años, él y sus seguidores marchaban exigiendo justicia para los 43 estudiantes desaparecidos. Hoy, su gobierno ha calificado a los manifestantes como “vándalos” y ha amurallado su Palacio Nacional para evitar disturbios. Esta contradicción ha generado críticas y ha sido vista como una traición a los principios que lo llevaron al poder.
Además, figuras como el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, han sido premiadas y protegidas por el gobierno de López Obrador. Cienfuegos, quien fue arrestado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y posteriormente liberado, ha sido defendido por el presidente, mientras que García Harfuch, quien estuvo implicado en la noche de Iguala, ha sido promovido a altos cargos. En un país donde por el hecho de ser del partido en el poder pasar por alto señalamientos directos, en un país donde “no pasa nada”.
A diez años de la tragedia de Ayotzinapa, la herida sigue abierta. Las familias de los 43 estudiantes continúan su incansable lucha por la verdad y la justicia. La consigna de “Ni perdón ni olvido” resuena más fuerte que nunca, recordándonos que la impunidad y la corrupción siguen siendo problemas graves en México. Un México que hoy tiene mas muertos y desaparecidos que en cualquier otro sexenio, aunque la Senadora Chávez tenga otros datos; hoy por hoy es la realidad del país en el que vivimos.
La tragedia de Ayotzinapa no solo marcó el declive del gobierno de Peña Nieto, sino que también ha puesto a prueba la integridad y las promesas del gobierno de López Obrador. La búsqueda de justicia para los 43 estudiantes desaparecidos sigue siendo una deuda pendiente y una herida que no cerrará hasta que se conozca toda la verdad y se castigue a todos los responsables.
Aldonza González Amador
Criminóloga y Empresaria Juarense
Actualmente Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el Estado de Chihuahua (ONMPRI) y Estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de la Rioja España.
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