Hace unos días, habitantes de la Colonia Diego Lucero en la Ciudad de Chihuahua, exponían lo que después se sabría es un verdadero caso de horror: presuntamente un sujeto se hacía pasar por rescatista de animales… pero nada más lejos que un rescate: los animales sufrían diversos abusos incluso de tipo sexual y eran sujetos de maltratos inimaginables.
Con mucho asombro y con el temor de más de una persona, quien fue señalado como el agresor, se encuentra en libertad, lo que ha provocado que este caso haya hecho eco más allá de la Colonia Diego Lucero y nos haga plantearnos lo que hoy tomamos como tema de esta entrega.
A reserva de una discusión jurídica analizando todos los detalles del caso en concreto, y partiendo de que el sistema de justicia en México opera manteniendo la presunción de inocencia, es necesario preguntarnos si contamos realmente con autoridades especializadas que garanticen la debida impartición de justicia. Sin duda alguna, el debate en torno a las cuestiones inherentes al maltrato animal debe quedar rebasado por el avance no solo de la ciencia, sino de la conciencia.
Lo anterior se hace mención no solo desde el enfoque individual: delitos tan desestimados como los cometidos en contra de animales y del medio ambiente, tienen una profunda relación con cuestiones de seguridad y salud no solo de unos pocos, sino de toda forma de vida.
Si bien, aunque virtualmente en la totalidad del país las entidades cuentan con legislación ambiental e incluso con leyes de protección animal es una realidad que las autoridades ejecutoras en estos rubros, se encuentran limitadas ya sea por cuestiones presupuestales o incluso de capacitación. Afortunadamente, podemos tomar precedentes de aquellas resoluciones en la materia así como el avance institucional que se ha dado en este rubro, que si bien lo mantienen como asignatura pendiente, es un área de oportunidad para cualquier administración.
Es por eso que se busca aprovechar para proponer que se cuente con una fiscalía especializada en la atención a delitos ambientales y aquellos cometidos en contra de los animales de compañía, para que autoridades más capacitadas puedan, acompañado de sanciones más severas, garantizar el acceso a la justicia y la seguridad de las comunidades.
Quizá pueda pasar inadvertido, pero integrar una carpeta de investigación en torno a estos delitos, representa un reto para quienes, con falta de especialización, no pueden si quiera determinar a ciencia cierta el daño –ya sea ambiental o bien actos de maltrato- lo que a fin de cuentas hace que la ley sea letra muerta.
Recordemos que, aunque comúnmente desestimadas, las conductas de maltrato animal se relacionan con otro tipo de violencia que puede materializarse en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas.
Por eso hoy, al igual que Abraham Lincoln “Estoy a favor del derecho de los animales, al igual que del derecho de los humanos. Ese es el camino de un ser humano completo”.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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