Si bien las crisis generadas por las fuerzas de la naturaleza son inevitables (en el sentido de que no se pueden prever, o que pudiéndose prever, no se pueden evitar), pero la tecnología nos ha permitido reducir en ciertas regiones, las pérdidas humanas provocadas por ese tipo de desastres.
Al respecto, este año se han dado varios sismos relevantes como el de Turquía y Siria, a principios del año, con alrededor de 59 mil muertos, otro caso es el que acaba de sufrir Marruecos, hace un par de semanas, que ha sido uno de los más intensos de los últimos años, dejó miles de muertos y heridos, con cuantiosas pérdidas en daños a la infraestructura de ese país, a la fecha se han contabilizado cerca de tres mil personas fallecidas, debido a que fue de baja profundidad, sus consecuencias no fueron mayores.
En México, para asombro de los sismólogos, ha temblado la misma fecha en 3 ocasiones registradas, el 19 de septiembre de 1985, 2017 y 2022. El sismo de 2017 no fue de la intensidad del 85, cuando murieron miles de personas y el daño a la infraestructura urbana que obligó tener que levantar viviendas para damnificados. Fue notable, la reacción del pueblo, con una organización social, que rebasó a la burocracia y a los políticos de la época, la cual se activó desde el momento en que comenzaron los trabajos de rescate.
Como anécdota, el año pasado el simulacro se hizo a la mitad de una reunión de los países centroamericanos, miembros de la OCCEF, en la sede de la ASF, y al regresar del simulacro, volvió a sonar la alerta, pero ahora era real, de un sismo de verdad. La sede de la Asamblea este año será en Perú, y dudan replicar el sismo.
El avance en las capacidades del Gobierno y la población entre los sismos de 1985 y los subsecuentes ha sido muy grande. Hoy en día se cuenta con un mejor marco legal para enfrentar este tipo de desastres, se organizan simulacros en todo el País y contamos con alertas que en situaciones “normales” dan un margen de tiempo para que la gente se resguarde.
Otro caso, de las inundaciones recientes, la tormenta Daniel, que empezó en Grecia, “donde –dice la BBC- que solo en 24 horas, cayo el equivalente a 18 meses de lluvia”, provoco un desastre terrible en Libia, donde colapsaron dos represas, información reciente señala 11 mil muertos y cerca de doce mil desaparecidos.
Al respecto, entre los instrumentos para ampliar el marco de prevención y contención, son las alertas tempranas. Que, en el caso de las inundaciones, aun son poco eficaces. No obstante, desde la ONU se ha impulsado la iniciativa “Alerta Temprana para Todos”, que tiene la finalidad de generar un sistema de alerta para todos los habitantes del planeta para 2027, ante terremotos, huracanes, tornados, tormentas, etcétera. Esta iniciativa ha sido declarada de máxima prioridad por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), así esta Iniciativa será prioridad en el Plan Estratégico 2024 – 2027.
El cambio climático ha incrementado las posibilidades de huracanes más poderosos, terremotos, incendios forestales, tornados, incluso inundaciones, claro hay países más vulnerables que otros, relacionado con su nivel de desarrollo.
La Asamblea General de la ONU, en una resolución de marzo de este año, solicitó a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático.
Al respecto, en la Declaración de Oaxaca de 2022, suscrita por los miembros de la OLACEFS, nos comprometimos a Intensificar y fortalecer la auditoría a los ODS y considerar como prioritarias aquellas que estén vinculadas al ODS 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.
El tema está lejos de estar agotado, pero es claro que prevenir es mejor que lamentar.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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