El viernes 14 de junio dos tipos asesinaron a una mujer y un hombre que se encontraban junto a otro grupo de personas en un puesto de comida del sur de la Ciudad de México. Un bebé de ocho meses de edad murió después en un hospital a consecuencia de las heridas infringidas en el ataque; otra mujer fue internada por las lesiones sufridas.
Una de las cámaras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital captó el momento de la agresión en el que se aprecia como de un taxi descienden los dos sujetos para disparar a quemarropa a los comensales; el hombre cae de inmediato, hasta donde puede apreciarse la mujer corre y es perseguida por sus victimarios.
Cuatro días después, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de Daniel N., alias “El Trompas”, presunto líder criminal a quien se le adjudica la autoría del ataque. Al presunto delincuente se le dictó prisión oficiosa por el homicidio de otras dos personas también al sur de la capital metropolitana.
Eso de atrapar días después al supuesto responsables del asesinato, que se califique de legal su detención, conseguir la vinculación a proceso y la prisión oficiosa invita a pensar que en la CDMX la seguridad y la justicia van a un ritmo diferentes del resto del país. Lo malo es que este ataque es uno más de los capítulos que hacen caer el mito de que la capital está en una burbuja que la protege de la barbarie que se vive en todo México.
Por años, quienes residimos en la CDMX nos creímos exentos de los horrores de la guerra contra el narco, ilusamente pensábamos que albergar las sedes de los Poderes de la Unión y ser esa cosmopolita urbe nos ponía en un lugar aparte; no compartíamos para nada la violencia de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Morelos, Guerrero, Veracruz, Jalisco…
La ceguera, estoy segura, nos impidió como sociedad darnos cuenta de que mientras otras instituciones policiales avanzaban en sus capacitaciones, certificaciones y entrenamientos, la policía de la CDMX seguía con sus peores prácticas (recuérdese, por ejemplo, el caso de la desaparición forzada contra Marco Antonio Sánchez, o cuando en mayo de este año se hizo público el video de una patrulla que escoltaba a unos sujetos cuando realizaron un secuestro). Los chilangos tampoco nos dimos cuenta de que nuestro sistema de justicia no avanzaba conforme a los estándares impuestos por la reforma penal. Tampoco apreciamos a tiempo la ineptitud de la Procuraduría -ofrezco solo como botón de muestra, en su actuación respecto al feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, revictimizada hasta el cansancio-.
Una y otra vez, la Ciudad de México se mostró orgullosa de estar blindada frente a la violencia. “Los cárteles del narco no operan aquí”, dijo alguna vez el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el mismo que abandonara su puesto para buscar una senaduría plurinominal. Ciegos fuimos ante la presencia de cárteles del narco, pero también de bandas internacionales de tratantes de personas. Nada hicimos ante las narcomantas que de a poquito comenzaron a aparecer en algunas partes de la ciudad.
Creímos que lo violento quedaba en colonias por excelencia satanizadas.
Hoy es evidente que la violencia del narco en su peor cara actúa sin cortapisas en el corazón del país. Nosotros, víctimas de la ceguera, poco hicimos para prevenirlo. Cambiar el panorama requiere inversión, paciencia, determinación, inteligencia, paciencia y la convicción de que el trabajo es de seis años, sin pensar antes en el siguiente escalón, ¿habrá quien se aviente el paquete?
¿La solución ofrecida desde el gobierno será la de crear zonas seguras diseñadas para ser excluyentes donde puedan vivir solo quienes puedan pagar por su tranquilidad, como sucede en otras partes de México?
¿Habrá manera de construir un modelo eficaz y replicable en otras latitudes?, ¿será integral la estrategia de seguridad de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum?
Mientras vemos qué sucede en la capital, duele ver cómo se derriban los sueños guajiros de que hay todavía rinconcitos seguros en este país.
DESDE LA FRANJA. El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua aprobó las solicitudes para iniciar el proceso de plebiscito para que sea la ciudadanía la que rechace o avale los proyectos de inversión en alumbrado público de Chihuahua capital y de Ciudad Juárez. El Consejo Coordinador Empresarial estatal publicó un posicionamiento que en alguna parte reza: “Consideramos que dispensar recursos para realizar la consulta ciudadana resulta ocioso, y no beneficiará a las instituciones, organizaciones civiles involucradas y finalmente a la ciudadanía. El recurso debe ser correctamente destinado y no para beneficio de unos cuantos, que podría interpretarse un asunto político y no de construcción social”. En efecto, el CCE quejándose de beneficiar a unos cuantos y del involucramiento de la ciudadanía para el gasto de miles de millones de pesos públicos. Ni la burla perdonan, en serio.
Itzel Ramírez
Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma y El Diario de Juárez. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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