Una responsabilidad ineludible para el Estado es la de evitar en la auténtica mayor medida el sufrimiento derivado de las enfermedades o del deterioro en la salud de las personas. Los gobiernos pueden en gran parte aliviar los costos financieros y la carga de dolor que implican las afecciones físicas, mentales o emocionales de la vida actual.
La Salud es según la Organización Mundial de la Salud un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto implica que además de la homeostasis del cuerpo y de la mente, los individuos se desarrollen en un entorno incluyente y absolutamente equitativo.
Lo anterior es un ideal que existe en muy, muy pocos países del mundo, aún en el llamado primer mundo persisten graves problemas de salud física como el cáncer, diabetes, obesidad y epidemias incontrolables como las adicciones o los trastornos psicológicos
En países como el nuestro, además de ya padecer alarmantemente esos flagelos, existe el agravante de la carestía en los bolsillos y de un insuficiente sistema sanitario. Esto se traduce en dolor para muchas familias y en una obligación impostergable del Estado para encabezar políticas públicas que atiendan este problema.
Es la Salud un Derecho fundamental aún no plenamente garantizado por el Estado mexicano, entendido este como la poderosa organización política investida de autoridad en el territorio nacional cuyo fin es concretar el Bien común de la población fundamentalmente a través de los gobiernos en sus tres niveles, de las leyes y de su cumplimiento.
Lograr una cobertura sanitaria universal gratuita con atención de calidad es una aspiración que por obvias razones beneficia a quienes menos tienen, a los más vulnerables, siendo además una razón de ser del Estado.
Ya hemos dicho que en su momento el Seguro Popular funcionó como instrumento para que millones de personas tuvieran algún acceso a la atención en Salud. Su sustitución por un esquema re centralizado no dio los resultados esperados y al final de la administración federal pasada se optó por darle una mayor absorción de pacientes al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ante estas decisiones no queda por ahora más que trabajar en dotarle al IMSS (ojalá así sea) de las capacidades de infraestructura, humanas y financieras necesarias para dar atención a millones de derechohabientes y no derechohabientes de las entidades federativas incorporadas a IMSS Bienestar. Todo un reto administrativo.
Debemos insistir como en otros temas, en darle a la política de Salud un enfoque descentralizado, es decir, que los estados y municipios ejerzan la parte de responsabilidad que les toca o que encabecen las políticas públicas que pueden ellos implementar según sus propias circunstancias.
No significa esto navegar fuera de un Sistema Nacional de Salud, mucho menos a contra corriente, por el contrario, se trata de que estados y municipios trabajen en la prevención, atención y tratamiento de padecimientos que aquejan a las comunidades y de que estos niveles de gobierno aprovechen el conocimiento inherente del territorio, además de que se puedan generar nuevas capacidades para brindar una atención de calidad y gratuita.
Se trata pues de incidir de manera horizontal en el tema, articulando esfuerzos entre niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja y fundaciones hospitalarias que ya atienden a la población desde su ámbito de acción a bajos costos.
Si bien, los municipios no tienen facultades constitucionales expresas en materia de salud, muchos sí podrían ejecutar al menos programas de atención primaria y de prevención, de hecho muchos de los municipios del país brindan servicio de emergencias médicas, iniciándose en esos casos una inercia de coordinación entre instituciones de salud públicas y privadas.
Pero los municipios no deberían limitarse a proporcionar paramédicos y ambulancias, representan una oportunidad para que al menos las ciudades medianas y grandes cuenten con clínicas de consulta, estudios y medicamento gratuito para la comunidad operadas por el ayuntamiento.
Debería entonces legislarse para que desde los gobiernos municipales comenzaran a atenderse problemas de salud de la población e iniciarse así una dinámica de apoyo en red. Esto implicaría que se designen partidas presupuestales adicionales para generar capacidades que realmente no existen en la mayoría de los municipios del país pero que ayudarían a desfogar carga de trabajo particularmente al IMSS.
Mucho puede hacerse también desde los estados y municipios para prevenir y contener el grave problema de adicciones y trastornos psicológicos que padecen cada vez más personas. Lo que implica recursos, voluntad y un enfoque abierto a otros paradigmas.
Algo así como clínicas municipales o estatales de primer contacto, con medicina ambulatoria y laboratorios que ayuden a detectar padecimientos de manera oportuna, proporcionen los medicamentos necesarios y canalicen de ser necesario a las personas a instituciones especializadas públicas o privadas.
No es aceptable que una persona sufra por falta de atención médica o medicamentos porque no tiene recursos para pagar, para ello debe el Estado intervenir protegiendo a la población vulnerable subsidiándole, diseñando políticas de mediano y largo plazo para fortalecer la plantilla de personal médico especializado, ampliando la cobertura sanitaria hasta hacerla auténticamente universal y gratuita.
Esto para el caso es mucho más que ofrecer consultas médicas en un dispensario o en visitas domiciliarias, es introducir a las personas a una dinámica de cobertura en Salud, significa disponer de instalaciones hospitalarias dignas, con personal, medicamentos y equipo suficiente. Significa contar con la protección del Estado para el bienestar de la población, sobre todo de los más vulnerables.
Y dijo: «Si de veras escuchas la voz de Yahveh, tu Dios, y haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandatos y guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios; porque yo soy Yahveh, el que te sana.»
(Éxodo 15:26)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
