En días pasados en la sede de la ASF, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó dos informes “Auditoría sobre la Gobernanza de la Infraestructura” y “Consideraciones y prioridades para la evaluación de riesgos de integridad”, ambos son producto del acuerdo de colaboración celebrado entre ambas instituciones con el propósito de fortalecer el mandato de la ASF y potenciar sus contribuciones a la buena gobernanza y la eficiencia de las instituciones públicas de nuestro país, generar valor y marcar la diferencia en la vida de la ciudadanía, conforme a lo dispuesto por la INTOSAI P-12 “Valor y beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”.
El primer informe “Auditoría sobre la Gobernanza de la Infraestructura” hace referencia a un tema de vital importancia para el desarrollo sostenible y la consecución de la igualdad en el acceso a los servicios públicos: las inversiones en infraestructura pública son un componente fundamental en la mayor parte de las estrategias de recuperación emprendidas por distintos países para hacer frente a la crisis generada por el COVID 19.
En este escenario, las EFS, han contribuido a asegurar la integridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y relación calidad-precio de este tipo de inversiones. Si bien la ASF ha realizado múltiples auditorías a obras públicas, estas son ex post, por lo que buscan asegurar el cumplimiento del marco normativo, especialmente en las etapas de contratación, ejecución y gestión de contratos y se enfocan en identificar irregularidades y resarcir daños. La OCDE, a partir del estudio de las buenas prácticas generadas por diversas EFS en el mundo, como la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido de la Gran Bretaña y el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, propone adoptar un enfoque de gobernanza como una oportunidad para prevenir el mal uso de los recursos públicos y otros actos de corrupción que pueden comprometer el éxito e impacto de las obras públicas, verificar su resiliencia y recuperación en una situación de emergencia.
El segundo informe, “Fortaleciendo la analítica en la Institución de Fiscalización Superior de México. Consideraciones y prioridades para la evaluación de riesgos de integridad”, la OCDE analizó el uso de los datos y la analítica por parte de la ASF para detectar riesgos de integridad -como la corrupción, el fraude, el desperdicio o el abuso-, en el cual se reconocieron los avances alcanzados en el programa de trabajo de la ASF para la transformación digital.
En este sentido, la OCDE invita a la ASF a adoptar un esquema de monitoreo, mejora y mantenimiento de capacidades continuas que reconozca la naturaleza dinámica y evolutiva de la analítica, explorar nuevas formas de colaboración al interior de la ASF y otras instancias gubernamentales para el intercambio de datos, ya que éstos no tienen un valor por sí mismos, sino cuando se aplican de manera eficaz, a través de la labor de personal capacitado, profesional y estructuras institucionales coordinadas. Además, el informe recomienda el desarrollo de una serie de herramientas y metodologías para mejorar el uso de los datos y la analítica para detectar riesgos de integridad como el análisis de tendencias, el monitoreo continuo, a través de tableros de control y herramientas que analizan datos estructurados y no estructurados.
Las recomendaciones contenidas en ambos informes aportan insumos útiles para proceso de renovación constante de la ASF, el cual se enfoca en promover el alcance tecnológico y de gestión, la calidad y el impacto de su labor fiscalizadora, mantener al día nuestra infraestructura y capital humano, para garantizar que los recursos públicos se ejerzan adecuadamente y contribuir a mejorar la gestión pública en nuestro país.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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