Cada día que transcurre de la actual administración estatal queda más claro que la gobernadora María Eugenia Campos Galván está dispuesta a avasallar a los poderes Legislativo y Judicial para acomodar todo el esquema de gobierno a intereses ajenos a la mayoría de los ciudadanos chihuahuenses, la hayan beneficiado o no con su voto el pasado mes de julio de 2021.
Es lamentable como, desde el Congreso del Estado, el bloque integrado por PAN-PRI-MC-PT se somete a todos los designios de la gobernadora sin respetar en lo más mínimo el proceso legislativo, mucho menos el Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, al aplicar de manera reiterada la “ley del hacha de las mayorías”.
Este martes 12 de julio fueron sometidos a consideración del pleno del Congreso del Estado 24 dictámenes y muchos de ellos fueron desahogados en abierta violación a los procesos que se deben seguir para la aprobación o no de las iniciativas presentadas tanto por los diputados integrantes de la LXVII Legislatura como por todos los órganos facultados para ese fin, incluida, por supuesto, la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
El caso más claro del largo listado de dictámenes presentado este martes es el de la Reforma a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, entre otras normativas referentes a la cuestión del transporte público en la entidad.
La violación al orden constitucional y legal se presenta al turnar de manera urgente la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo a las comisiones unidas de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo, Movilidad Urbana y de Gobernación y Puntos Constitucionales y que los integrantes de esas comisiones, sin mediar consulta alguna con los sectores involucrados en el tema del transporte, principalmente a los ciudadanos usuarios de ese servicio, como lo exige la ley, y sin dar tiempo al análisis por parte de los legisladores de un tema tan complejo, a tan solo 48 horas de la presentación de esa iniciativa emitieron un dictamen en positivo.
Es obvio que no existe justificación alguna para la premura con la que se procesó la iniciativa, salvo la orden de la gobernadora a sus diputados para que así sucediera, orden cumplida a cabalidad, pues este martes fue sometida a consideración del pleno y aprobada, por supuesto, con el voto en contra de los integrantes de la bancada de Morena que no encontraron un caso de notoria urgencia para acelerar el proceso legislativo, por lo que no ameritaba la dispensa de trámites, pues para ello se hubieran tenido que acreditar: a) la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto; b) la relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues, de hacerse así, ello traería consecuencias negativas para la sociedad; y c) que tal condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios sin que en ningún caso se traduzca en afectación a principios democráticos.
Los diputados de Morena consideraron que se violentó el acceso y derecho de la sociedad chihuahuense a un parlamento abierto debido a que el bloque mayoritario, desde las comisiones en comento, negó la instalación de mesas de trabajo que dieran voz a los transportistas, especialistas en el tema de transporte y, sobre todo, a los usuarios de ese servicio.
Un proceso similar al antes descrito, siguieron diversas iniciativas cuyos dictámenes fueron puestos a consideración del pleno del #Congreso este martes 12 de julio, dejando en claro que mientras las iniciativas de la gobernadora María Eugenia Campos Galván obtienen una aprobación “fast track”, decenas de iniciativas, principalmente las presentadas por los diputados integrantes de la fracción parlamentaria de Morena, algunas hasta con 12 meses de antigüedad, duermen el sueño de los justos sin importar el beneficio que pudieran representar para la buena gobernabilidad y/o el bienestar de los chihuahuenses.
En otro orden de ideas, Luis Villegas Montes es otro que pretende avasallar desde su posición, ilegal a todas luces, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia e integrante del Consejo de la Judicatura.
Coincido con el diputado Gustavo De la Rosa Hickerson respecto de que resulta indigno para el Poder Judicial contar entre sus filas con un personaje que se dirige a los ciudadanos, sea cual sea su calidad, con expresiones que rayan en la vulgaridad y que sustituyen el uso de argumentos válidos, y en los cuales pudiera en determinados casos tener razón el magistrado, por el uso exagerado de adjetivos calificativos (descalificatorios).
Y no me refiero únicamente al intercambio de expresiones que ha tenido con el diputado De la Rosa a raíz del posicionamiento que éste presentó ante la Comisión Permanente del Congreso en la que denunció la ilegalidad de su nombramiento como magistrado e integrante del Consejo de la Judicatura. Tan sencillo como leer los escritos que Villegas Montes sube a su blog https://unareflexionpersonal.wordpress.com/ de manera cotidiana, en los cuales es común la utilización de ese lenguaje soez, descalificatorio y ruin en contra de las más diversas personalidades, incurriendo incluso en violencia de género al proferir larga serie de insultos en contra de mujeres que se han atrevido a manifestarse en contra de las acciones o expresiones de este representante del Poder Judicial.
Pedro Torres
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