El 2025 comenzó con una tragedia devastadora en el festival de música AXE Ceremonia. Dos fotógrafos, Bere y Miguel, perdieron la vida cuando una grúa utilizada en la escenografía del evento colapsó, cayendo sobre ellos mientras capturaban imágenes en medio del bullicio del festival. Lo que parecía ser una jornada más de música, color y energía, se convirtió en una pesadilla que dejó una marca imborrable en todos los involucrados, pero lo más desgarrador de esta tragedia es la falta de responsabilidad que sigue manifestándose entre los organizadores del festival y las autoridades encargadas de garantizar la seguridad en eventos de esta magnitud.
La noticia de la muerte de Bere y Miguel rápidamente se propagó por redes sociales y medios de comunicación. Ambos eran profesionales altamente respetados en el mundo de la fotografía, conocidos por su dedicación y pasión por capturar la esencia de los momentos más fugaces en grandes conciertos y festivales. La comunidad artística, especialmente la relacionada con el mundo de la música, se volcó en un manto de tristeza y solidaridad. Sin embargo, mientras el dolor y la indignación se esparcían, la pregunta que muchos se hicieron fue: ¿quién es responsable de esta tragedia?
La respuesta, lamentablemente, parece ser que nadie. Tras el accidente, las autoridades comenzaron una serie de investigaciones que, hasta el momento, no han dado resultados claros ni contundentes sobre la causa del colapso de la grúa ni de las personas o entidades responsables. En un principio, los organizadores del festival AXE Ceremonia se limitaron a emitir comunicados de condolencias, pero no se ha sabido de ninguna sanción o medida real para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Además, la falta de transparencia en la información sobre lo sucedido ha creado un vacío de confianza en la comunidad, que ahora se enfrenta a la cruda realidad de que los responsables pueden no ser jamás identificados o, lo que es aún peor, sancionados.
La falta de responsabilidad también se extiende a las autoridades locales, quienes, al parecer, no realizaron las inspecciones necesarias en cuanto a la seguridad de las estructuras del evento. En el caso de los grandes festivales, especialmente aquellos que se realizan al aire libre, la seguridad de los asistentes y trabajadores, incluidos los fotógrafos, es una prioridad que no debe ser dejada al azar. Es fundamental que los organizadores presenten un plan detallado de seguridad que sea revisado y aprobado por las autoridades competentes antes de llevar a cabo cualquier evento de esta magnitud. En este caso, no parece que haya existido una supervisión adecuada, lo que ha llevado a una tragedia evitable.
El incidente ha puesto en evidencia un sistema en el que, lamentablemente, las vidas de los trabajadores del arte, como los fotógrafos, no parecen tener la misma importancia que las de los asistentes. Los organizadores y autoridades se lavan las manos, mientras las familias de Bere y Miguel, así como sus compañeros de profesión, siguen buscando respuestas y justicia. Es una situación que no solo ha dejado un vacío en el corazón de la comunidad artística, sino también una preocupación más profunda sobre cómo se gestionan los eventos de alto riesgo en el país.
Este caso debería ser un llamado de atención a todos los organizadores de eventos masivos, así como a las autoridades responsables de la seguridad en los mismos. La vida de los trabajadores del arte y de cualquier persona involucrada en un evento no debe verse como una estadística más ni como un daño colateral de la industria del entretenimiento. Es fundamental que se implementen protocolos más estrictos, que se invierta en infraestructura segura y que se realicen las inspecciones pertinentes para evitar que se repitan tragedias como la del festival Ceremonia.
La memoria de estos dos fotógrafos debe ser un recordatorio de la necesidad urgente de cambio. No basta con emitir condolencias. Es hora de actuar. Es hora de exigir responsabilidad, justicia y, sobre todo, de garantizar que las vidas de los trabajadores de la cultura y el arte sean valoradas como lo que son: vidas humanas que merecen respeto y protección.
Daniela González Lara
Abogada y Dra. en Administración Pública, especializada en litigio, educación y asesoría legislativa. Experiencia como Directora de Educación y Coordinadora Jurídica en gobierno municipal.
