Sin duda uno de los problemas más sensibles para la población de la mayoría de las ciudades o localidades mexicanas es el de las calles, vialidades o caminos en mal estado. La infraestructura vial o vecinal urbana impacta directamente en la calidad de vida de las comunidades, siendo esto una gran responsabilidad para los gobiernos locales.
Las vialidades urbanas o caminos vecinales en buen estado implican algo más que un tránsito cómodo de un punto a otro dentro de la ciudad o localidad, son un claro indicativo de la estructura económica, política y social que impera en determinado territorio.
La funcionalidad de las calles por donde se mueven las personas tiene bastante relevancia pues implica vivir en condiciones de dignidad, seguridad y equidad humana; además de que facilitan y promueven el desarrollo económico de las comunidades.
El grave rezago en pavimentación y mantenimiento de calles en ciudades como Juárez Chihuahua ha ocasionado por décadas un permanente malestar en la ciudadanía, quienes vivimos casi en estado de resignación ante un problema urbano que parece multiplicarse en lugar de aliviarse.
La limitante principal para solucionar de fondo el problema sería la de tipo financiero, los gobiernos municipales o en su caso los estatales, a quienes correspondería resolver dicha situación, alegarán siempre que no se cuentan con los recursos suficientes para dar mantenimiento oportuno y reconstruir las vialidades urbanas con materiales de la debida calidad y durabilidad.
Y efectivamente, el concreto hidráulico, que ya hemos dicho es un material que garantiza calles funcionales por mucho más tiempo que el asfalto, implica mucha más inversión financiera.
Sin embargo, a largo plazo el beneficio supera lo que cuesta, solo comparemos una vialidad de asfalto y otra de concreto hidráulico; la necesidad de inversión en mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción en vialidades de asfalto se hace presente en un tiempo muchísimo más corto que en las de concreto hidráulico.
Esto más aún en zonas áridas como Ciudad Juárez donde la arena es un componente predominante en el suelo y donde las calles requieren de mayor cantidad y calidad de materiales.
Pero no todo depende del material, nuestros centros urbanos en México acumulan en la mayoría de los casos de otros considerables rezagos en materia de drenaje, sistema pluvial, congestionamiento vial y tránsito de vehículos pesados que deterioran y destruyen fácilmente cualquier calle o camino, máxime si no son de concreto hidráulico.
Aquí es donde confluyen niveles de gobierno que de acuerdo a sus facultades deben intervenir y coordinarse. Aquí es también donde aparece un nudo difícil de desatar para lograr resolver el problema y donde por ejemplo es de extrema importancia asegurarse de invertir en vínculo directo con los organismos de sistemas de agua y drenaje.
Es así que la población debe adaptarse o mal acostumbrarse a transitar por vialidades que presentan un grave deterioro, sorteando librar baches o socavones cuando se utiliza algún vehículo.
A nadie se le desea sufrir las consecuencias económicas por averías del vehículo (tan esencial en urbes como Juárez), o peor aún, ser parte de un accidente que ponga en riesgo la salud a causa de las malas condiciones de las vialidades, ni que decir por quienes debemos caminar calles y caminos inseguros y con pésimo aspecto.
El municipio es el ente que por su naturaleza y responsabilidades debe liderar los esfuerzos por que la población pueda disfrutar de calles y vialidades funcionales y seguras, esto debe traducirse en dar oportuno mantenimiento y reconstruir las ya existentes; así como el de proponer, diseñar, construir y gestionar más y mejor de esta infraestructura urbana.
No obstante las limitantes, existen grandes municipios mexicanos donde se cuenta con adecuadas calles y caminos, lo que nos hace pensar que esto es posible de lograr o al menos componer parte del problema de contar con voluntad política.
La participación de los estados, federación o hasta del ámbito internacional es siempre posible y necesaria, ya sea actuando desde sus facultades administrativas o aportando financiamiento para rehabilitación y construcción de vialidades y calles.
La cooperación y coordinación no solo debe darse entre niveles de gobierno u organismos públicos, también es importante incluir a los sectores económico y social, así como a los gremios especializados.
Es así que pueden crearse programas de rehabilitación de calles con la participación, aportación extraordinaria y gestión del sector económico, cuyos vehículos pesados desgastan con mayor celeridad la infraestructura urbana pero que de igual forma pueden ser los primeros beneficiarios de nueva o rehabilitada infraestructura.
Planear, construir, mantener y rehabilitar calles debe obedecer a estándares de eficiencia en obra pública y a una dinámica de monitoreo y control por parte del sector social.
Por principio de cuenta debemos adecuar nuestra legislación local y reglamentación municipal a fin de garantizar la transparencia y el ejercicio racional del presupuesto específicamente para este tópico.
Debemos tener instrumentos de certificación de materiales, planear los trabajos de rehabilitación de noche, evaluar técnicamente las obras, impedir y denunciar la corrupción, adquirir nuevas tecnologías y avanzar gradual pero permanentemente.
Tener seriedad pues, hasta con asfalto pueden lograrse grandes cosas, siempre y cuando se cumpla con la calidad, método y cantidad requerida por la ingeniería civil.
A todos beneficia contar con vialidades en óptimas condiciones, debemos empujar por una mucho mayor inversión y aplicación eficiente de los recursos públicos para tal fin, es en gran parte cuestión de concertar voluntades.
Tenemos derecho a una Ciudad con calles y vialidades dignas. Todos.
“Voy a pasar por tu país; seguiré el camino sin desviarme a derecha ni a izquierda.”
(Deuteronomio 2:27)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
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