En días recientes anunció el presidente de México que, a partir de julio del 2021, un mes después de las elecciones, el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los principales programas sociales del gobierno de México tendría cambios importantes, por ejemplo, la edad necesaria para que las personas sean consideradas población objetivo disminuye de 68 a 65 años, lo que incrementa el padrón de beneficiarios en más de 2 millones de personas, ya que para 2020 fue de 8 millones y pasa a 10.3 millones.
Además, se propone que el monto de apoyo actual, 1,350 pesos mensuales se incrementen gradualmente hasta que se duplique para el año 2024, es decir 6 mil pesos bimestrales.
Así, en 2025, cada bimestre se erogaría más o menos 90.7 mil millones de pesos que beneficiarán directamente al 12% de la población del país, a un segmento de la población más vulnerable.
Sin duda estos cambios significarán un importante esfuerzo presupuestal pues implica incrementar el presupuesto anual para la pensión de adultos mayores a 370 mil millones de pesos, en la actualidad se le destinan 135 mil millones de pesos, lo que representa ya 2.1% del gasto total del gobierno, 2 de cada 100 pesos, y además se dijo que no habría ni más impuestos ni más deuda.
No se requiere ser economista para entender que tal cantidad de dinero transferida de manera directa a más de 10 millones de hogares mexicanos significará un importante estímulo al consumo de las familias y por lo tanto al mercado interno y desde luego un notorio efecto multiplicador y detonador de la economía.
Me parece evidente que el efecto económico de las medidas anunciadas son un paso gigantesco para mejorar el bienestar de los adultos mayores, sobre todo si entendemos que nuestro país presenta un notable proceso de envejecimiento. De acuerdo el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2015, de cada diez mexicanos, tres eran menores de 15 años (27.6%) y solo uno tenía 60 años o más (10%), pero para el año 2050 se prevé que dos de cada diez mexicanos tendrán menos de 15 años (20.7%) y las personas adultas mayores, representarán 21.5 por ciento de la población total.
Ante tales datos es imposible no reconocer que la reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que, las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva fue un gran paso en la dirección correcta.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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