El pasado viernes, 14 de junio, en la mesa permanente del Congreso del Estado, exhortamos al fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Victoria Hernández Acosta para que actúen en estricto apego a la ley y al debido proceso en lo correspondiente a las investigaciones y procesos judiciales en contra del César Horacio D.J.
Lo que sucedió el pasado 4 de junio, es un insulto a la inteligencia de las y los Chihuahuenses. La jueza de Control, Hortensia García Rodríguez, ordenó la liberación de Duarte Jáquez; justo dos días después de las elecciones del pasado 2 de junio. Obviamente, la liberación no podía hacerse antes de la elección por el efecto adverso que hubiera tenido entre los chihuahuenses y posiblemente en todo el país.
El exgobernador enfrentará en arraigo domiciliario el juicio en su contra por los presuntos delitos de peculado y asociación delictiva, ambos con penalidad agravada.
La fiscalía general del Estado de Chihuahua no apeló la decisión y pidió únicamente que se coloque al acusado un brazalete electrónico para localizarlo. De esta forma, el último gobernador priista de Chihuahua, a quien se le imputan una larga serie de delitos de corrupción en el desvío de 96.7 millones del erario para beneficio personal, podrá enfrentar su proceso en la comodidad de su hogar.
Recordemos que este personaje fue detenido en el 2020 en Miami, mientras escapaba de la justicia, así que podemos suponer que quien antes se sustrajo a la acción de la justicia lo podría volver a hacer. Si eso ocurre, la responsabilidad recaerá sobre el Poder Judicial y el Gobierno del Estado, y de todos aquellos que coadyuvaron en la liberación del exgobernador.
La liberación de esta persona que saqueó miles de millones de pesos de las arcas de Chihuahua es una burla para el país. Lo ocurrido con el exgobernador es simplemente inconcebible en la actualidad política. Los esfuerzos diplomáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que logró que Estados Unidos enviara a Duarte a Chihuahua para ser juzgado, se fueron al traste.
Otra vez los privilegios de unos cuantos que robaron todo lo que pudieron al abusar de un cargo público, se imponen en nuestra realidad de impunidad. Dejar libre a Duarte es un mensaje grave para una sociedad que no quiere regresar al pasado de corrupción. Chihuahua, no se merece el gobierno que, por encima de la justicia, antepone privilegios y corrupción, estamos cansados de ver estos casos de impunidad en el estado.
La red de complicidades en torno a C. H. Duarte no podría ser más evidente en Chihuahua. De hecho, la misma jueza que ha permitido que este personaje salga de prisión, es quien ordenó la detención y vinculación a proceso por una supuesta “tortura psicológica” contra al ex fiscal anticorrupción que coordinó la Operación Justicia para Chihuahua, en la que dos casos relevantes fueron la Nómina Secreta y la operación Safiro.
En este caso, se pudieron solicitar nuevas medidas cautelares ante el evidente riesgo de que un personaje tan corrupto, concluya su juicio en libertad o arresto domiciliario, pero la Fiscalía no impugnó. Es claro que existe un acuerdo político al más alto nivel y una operación policial y judicial para brindar las condiciones más favorables a C. Duarte, quien parece que tiene la capacidad de presionar tanto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, como al Fiscal del estado y a la propia gobernadora. Es necesario preguntarnos, qué le deben estos personajes al exgobernador C. Duarte.
Estos lamentables casos, evidencian la urgente necesidad de una reforma al Poder Judicial. No queremos autoridades que ayuden a aquellos que afectaron a nuestro Estado, no queremos un proceso viciado, ni retroceder.
¡Las y los chihuahuenses exigimos que no haya ni un paso atrás en este caso!
Leticia Ortega Máynez
Ingeniera apasionada por las matemáticas y la investigación. Con doctorado en Manchester, ha contribuido al procesamiento de imágenes médicas. Además, ha participado activamente en movimientos sociales y políticos, abogando por los más vulnerables. Actualmente es Diputada Local por el Distrito 02 en Ciudad Juárez.
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