Pues sí, ya lo anunciaron: la CFE va a empezar a hacer revisiones casa por casa. Y aunque suene a “mantenimiento preventivo”, muchos ya sabemos lo que eso realmente significa: otra forma de fastidiar al usuario, disfrazada de protocolo técnico.
En un país donde el servicio eléctrico está en manos de una sola empresa —que además es del Estado—, uno esperaría eficiencia, responsabilidad y un poco de empatía con quienes pagan. Pero no. Lo que hemos visto históricamente es lo contrario: un aparato más preocupado por recaudar que por servir, más obsesionado con castigar que con resolver.
Porque seamos claros: cuando la CFE dice que va a revisar, lo que en realidad va a hacer es aparecerse sin avisar, meter las narices donde se le antoje, y si algo “no le cuadra”, te corta la luz. Así, sin más. Luego viene el recálculo —ese cobro extraño, casi místico, que aparece de la nada y que nadie puede explicar con claridad, pero que tienes que pagar sí o sí si quieres que te reconecten.
Y claro, todo esto sin cumplir con el procedimiento que marca la ley. Porque por ley, deberían avisar, darte oportunidad de estar presente, explicarte lo que revisan… pero eso nunca pasa. Lo que pasa es una visita sorpresa que acaba en multa, corte o amenaza.
El problema ya no es solo el servicio —que de por sí deja mucho que desear—, sino el modelo de autoridad que se impone: uno que entra a tu casa, no para ayudarte, sino para fiscalizarte como si fueras culpable de entrada.
Porque vamos a ser claros: ¿cuántas veces no hemos visto que, en lugar de darte soluciones, la CFE solo te da dolores de cabeza?
Desde los famosos sobrecargos que te quieren cobrar de más de dos años atrás —cuando la propia ley les marca un límite—, hasta las cuentas absurdas que adjudican a usuarios que ni viven en ese domicilio… la lista de abusos es larga. Y a eso súmale que si se te ocurre ir a reclamar, muchas veces los funcionarios te tratan con soberbia, como si fueran los dueños de la luz y tú un simple mortal por usarla.
Ahí están las manifestaciones recientes afuera de las oficinas de la CFE: gente frustrada, harta, sin respuestas. Mientras tanto, los de adentro, los intocables, siguen ignorando a los usuarios como si no existieran.
Y ojo: ya están facultados para mandarte al buró de crédito, así que cada vez más gente prefiere agachar la cabeza y pagar lo que sea, aunque no les toque, con tal de no quedarse sin servicio ni con el historial manchado. Porque la CFE no negocia: impone. Y si no te alineas, se cobra “a la malagueña”… o a quien se deje.
Y si alguien todavía duda de que esto no es un problema aislado, basta con ver lo que está pasando en casos como el de muchos propietarios o comerciantes en Juárez: la CFE les niega el contrato del servicio eléctrico por supuestos adeudos… que no son suyos. Así, sin más. No hay juicio, no hay investigación, no hay resolución por escrito. Solo hay funcionarios que deciden a discreción, como si la energía fuera un favor y no un derecho.
Porque el fondo del problema es ese: la empresa del Estado no se conduce como institución de servicio público, sino como autoridad incuestionable. Niega el acceso a la electricidad sin avisos, sin sustento técnico, sin explicaciones, y lo peor: con criterios ajenos a la legalidad, ignorando la individualidad de los usuarios y aplicando castigos colectivos.
Y mientras tanto, las personas —muchas de ellas adultos mayores, enfermos, comerciantes en crisis— se ven atrapadas entre la necesidad urgente del servicio y la cerrazón de una burocracia que ni escucha ni responde. No hay acta, no hay fundamento, no hay opción de defensa. Y si alzas la voz, la respuesta es el silencio… o el corte.
Esto no se trata de “una queja más” contra la CFE. Se trata de un patrón de conducta que vulnera derechos humanos, rompe con el principio de legalidad, y coloca al ciudadano en total estado de indefensión. La electricidad no puede convertirse en un arma de presión. Mucho menos cuando el único que la controla es el mismo que te la niega.
¿Y quién le pone un alto a la CFE?
Lo más grave de todo esto no es solo el maltrato. Es que la CFE actúa como si estuviera por encima de la Constitución, por encima de los derechos humanos, y desde luego, muy por encima del ciudadano. Es una autoridad que impone, pero no justifica. Que decide, pero no explica. Que niega, pero no firma.
Porque, a ver: ¿en qué parte de la ley dice que te pueden negar el servicio eléctrico por un adeudo que ni siquiera es tuyo? ¿Dónde está escrito que si el inquilino anterior no pagó, el nuevo —aunque tenga contrato y papeles en regla— debe cargar con esa cruz? Eso no es justicia, es castigo colectivo. Y es ilegal.
Y sin embargo, la práctica es común. Y silenciosa. La CFE no te da resolución por escrito porque sabe que si te la da, puedes ampararte. Así que mejor te responde de palabra, o te trae vueltas y vueltas sin respuesta formal. Eso no es negligencia, es estrategia. Una muy perversa, por cierto.
Peor aún: lo hacen con personas que no están en condiciones de litigar. Adultos mayores, enfermos, comerciantes golpeados por la pandemia, gente que solo quiere trabajar y pagar. Y lo hacen porque saben que tienen el poder, y que casi nadie se va a atrever a enfrentarlos.
Pero aquí está el detalle: la energía eléctrica no es un privilegio, es un derecho humano. Está reconocido por la Suprema Corte, está en tratados internacionales, y está implícito en el derecho a una vida digna. Por eso, negarla sin causa legal es no solo un abuso administrativo; es una violación constitucional.
Y si a eso le sumamos la ausencia de transparencia, el incumplimiento del debido proceso, y la negativa a emitir actos fundados y motivados, entonces lo que tenemos no es una empresa pública eficiente, sino una maquinaria de opacidad, abuso y discriminación.
Al final, esto no va solo de medidores, contratos o cables. Va de dignidad. De hasta dónde permitimos que una institución pública —que debería estar al servicio de todos— se convierta en juez, cobrador y verdugo, todo al mismo tiempo.
La CFE, con todo su poder, ha olvidado que no es propietaria de la luz: es solo administradora de un bien que pertenece al pueblo. Y eso implica responsabilidades, límites, y un deber ético que parece haberse extraviado entre escritorios, formatos y funcionarias que deciden con desdén a quién sí y a quién no.
Lo que está en juego no es solo el recibo. Es el derecho a encender un foco sin miedo a ser extorsionado. A conectar un refrigerador sin depender del humor del funcionario de turno. A vivir sin que el Estado te apague la vida desde el switch de una ventanilla.
Porque la luz no se mendiga. Se garantiza. Y si una empresa pública no lo entiende, entonces hay que recordárselo en tribunales, en medios, en redes y en la calle. Porque la verdadera electricidad de una democracia está en su ciudadanía despierta.
Y desde aquí lo digo claro: esta será también mi causa. Porque no podemos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo se pisotea a quienes menos pueden defenderse. Si algo tengo claro como ciudadano y como abogado, es que la defensa del usuario frente al abuso estructural debe ser una misión colectiva, y en lo personal, un deber irrenunciable.
Por cada adulto mayor ignorado, por cada comerciante asfixiado, por cada madre sola que no entiende por qué le niegan un contrato, este servidor está aquí para acompañar, asesorar y pelear, si es necesario, contra ese monstruo que debería dar luz… y solo reparte sombra.
Daniel Alberto Álvarez Calderón
Político y abogado chihuahuense con experiencia legislativa y empresarial. Exsubdelegado de PROFECO, ex dirigente del PVEM en Ciudad Juárez y cofundador de Capital and Legal. Consejero en el sector industrial y financiero, promueve desarrollo sostenible e inclusión social.
