De un lado está una izquierda en el poder que busca tres años más de avance; del otro, una oposición que se une sin idea de cómo mejorar el gobierno… mientras que el crimen organizado manda y actúa sin importar las consecuencias de sus actos.
No es por ser aguafiestas, pero quisiera recordar que a la pandemia de coronavirus, las complicaciones de la distribución y aplicación de las vacunas y la creciente inseguridad, hay que agregarle que, al tratarse de un año electoral, 2021 nos va a traer miles de aspirantes a puestos públicos.
En una democracia, la idea de que periódicamente hay campañas no necesariamente tendría que ser agotadora, pero pensar en el panorama mexicano sí que fatiga: de un lado una izquierda en el poder que busca tres años más de avance de la ola que le ha entregado al Ejército cotos de poder inigualables; del otro una oposición que se une, con lo peor de sus miserias, para mantenerse dentro del presupuesto público, sin agenda, sin idea de cómo mejorar el gobierno del país.
Una y otra vez, quienes votamos tendremos que escuchar promesas que no van a cumplirse, veremos cómo quienes ayer militaban en A, ahora competirán con las siglas de B, con tal de seguir en el poder. Otra vez, el desfile de políticos impresentables –postulados por todos los partidos–, de alianzas imposibles ideológicamente y de los siempre chuscos personajes convertidos a aspirantes serán pan nuestro de cada día.
También se unirán a la contienda quienes han renunciado a un puesto público para competir por otro, es decir, aquellos servidores públicos que han preferido abandonar el cargo que les fue confiado por voto popular para ir por uno más arriba en la escala de poder y dinero.
Legisladores locales, federales, presidentes municipales, gobernadores e integrantes de gabinetes de todo nivel dieron o darán el salto en los próximos días para pedir, nuevamente, la confianza del electorado y ocupar un nuevo cargo público del que, prometerán, no van a separarse como lo han hecho tantas veces antes.
Un caso sobre el que llamo la atención es el de Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal de diciembre de 2018 a octubre de 2020 y actual aspirante a la gubernatura de Sonora por Morena; él, como máximo responsable de la estrategia de seguridad pública en México (apenas por detrás de su jefe, el presidente), dejó su puesto para buscar una nueva chamba sin importarle las cifras de inseguridad que según las proyecciones del gobierno federal arrojó 34 mil 523 homicidios dolosos en 2020.
Durazo se va sin que el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica funcione, sin que la Guardia Nacional tenga una estrategia exitosa de combate al crimen y sin el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
Al legado del exsecretario hay que agregar la creciente violencia en la Ciudad de México, la capital metropolitana que por años parecía blindada del narco y de sus consecuencias para sus habitantes. El atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch y más recientemente el asesinato del empresario francés Baptiste Jacques Daniel Lormand y de su socio Luis Orozco ponen en evidencia que el crimen organizado ya controla buena parte del territorio capitalino, como hace ya en varias entidades de México.
Específicamente, el asesinato de Lormand, un restaurantero con amplia trayectoria empresarial en la capital, muestra hasta qué punto el crimen manda y actúa como le da la gana, sin importar las consecuencias de sus actos.
Acostumbrada a la leyenda romantizada del narcotraficante respetuoso que actuaba por el bien de sus comunidades, la sociedad mexicana ha reproducido hasta el cansancio la visión de que hay criminales no tan malos e inclusive admirables en una suerte de modernos y heroicos personajes asimilables a Robin Hood o Chucho el Roto, para referencia nacional.
Aquellos señores del narco no se meterían con las familias ni con civiles, sino, al contrario, contribuirían para el desarrollo de las comunidades más marginadas; nada más lejos de la verdad, el narcotráfico y sus líderes han construido sus imperios basados en trabajos mal pagados, riesgosos y siempre bajo el yugo de la amenaza y la violencia. Ahora, más atroces e impunes, los criminales actúan sin tapujos a plena luz del día, donde se les da la gana y sin reparar en el daño hecho a la población absolutamente ajena a sus disputas.
Ese mismo narco ha alcanzado no solamente a la población de a pie, sino a los micro, pequeños, medianos y grandes negocios que hay en el país; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 conducida por Inegi, el costo total por la inseguridad y delito ascendió en 2019 a 226 mil millones de pesos, lo que representa el 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto; en tanto que la pérdida por victimización en unidades económicas monetaria fue de 225.9 millones de pesos.
Todas esas cifras se consideran solo para el 8 por ciento de los delitos que se denunciaron o en donde se abrió una carpeta de investigación, es decir que la cifra negra de delitos en unidades económicas fue en 2019 del 92 por ciento, según la estimación de Inegi.
Con semejantes cifras que tienen un impacto directo en la inversión y la creación de empleos, ¿cómo puede Durazo aspirar a ser gobernador, con qué resultados ampara su trayectoria? Lo peor tal vez sea que el exsecretario se enfrentará a Ricardo Bours, hermano del exgobernador Eduardo Bours (en el cargo cuando sucedió la tragedia de la Guardería ABC) e integrante de una de las familias más acaudaladas de México y Ernesto Gándara, exsenador que renunció al PRI en octubre pasado pero que ahora será el abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD.
Como decía al principio, vaya panorama político el de 2021.
DESDE LA FRANJA
Acá las cosas no pintan mejor. Aspirantes todos a la gubernatura de Chihuahua, la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, el presidente municipal Armando Cabada y el senador Cruz Pérez Cuéllar han sido investigados por la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en el esquema de la nómina secreta del exgobernador César Duarte. Aunque Cabada y Pérez Cuéllar ya han sido descartados por Morena, uno busca manera de colarse por otra candidatura en las próximas elecciones y el otro ha impugnado los resultados de la selección de candidato, de manera que se trata de posibles aspirantes a puestos de elección popular.
Itzel Ramírez
Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma y El Diario de Juárez. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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