En la entrega pasada tocamos el tema de la seguridad pública, asignatura pendiente del Estado mexicano desde que la violencia comenzó a desbordarse alrededor del año 2008 y que merece profundizarse en su análisis.
Si bien los síntomas de un problema mayor en cuestión de seguridad ya se sentían en años previos, la nación mexicana sufriría algo parecido a una metástasis a partir del sexenio 2006-2012.
De nueva cuenta el factor económico va a ser determinante en el crecimiento de actividades ilícitas, solo que en esta ocasión la violencia calcaría al país.
Me refiero a los efectos de la crisis financiera estadounidense de las hipotecas subprime que derivó en la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 y que en consecuencia desencadenó una gran recesión económica mundial.
Un poco antes de esto, los gobiernos de México y los Estados Unidos de América pactaban un paquete de compromisos de seguridad, que significaban meter a México de lleno a una “guerra contra las drogas” en territorio mexicano, bajo el paradigma del Plan Colombia.
Estos compromisos, signados en la Iniciativa Mérida, entraron en vigor en el año 2008 e implicaban la ayuda financiera de los Estados Unidos, así como colaborar en la reducción del consumo de drogas ilegales en los Estados Unidos y en reducir el flujo de armas a México.
De lo anterior solo se cumpliría en la ayuda financiera, ni el consumo de estupefacientes norteamericano ni tampoco probablemente el flujo de armas a México se redujo, más bien todo lo contrario.
Pero volvamos a la crisis financiera de 2008. México, dependiente como a la fecha de la economía norteamericana, naturalmente resentiría los estragos del desastre económico que impactó al mundo en aquel año.
Dicha crisis tuvo efectos inmediatamente devastadores para fuentes de trabajo en la zona fronteriza norte de México. Es así que ciudades como Juárez se adentraban en una tormenta perfecta.
¿Por qué?, por una parte, grandes capas de la población se estaban quedando sin un ingreso formal, muchos jóvenes (calificados o no) no podrían incorporarse al mercado laboral y el bombardeo publicitario de la sociedad de consumo comenzaría a frustrar a muchas familias.
Aunado a esto, en ciudades como las de la frontera norte se había dejado crecer el problema de consumo doméstico de sustancias ilícitas y parte de la cultura popular ensalzaba y normalizaba ciertas actividades ilegales.
El uso de la violencia no era generalizado, al menos no abiertamente; así que muchas personas que jamás en su vida habían cometido algún delito, ante la necesidad de tener un ingreso se incorporarían a las ya en ese entonces engrosadas filas del hampa.
Es en este contexto que bajo los compromisos de la Iniciativa Mérida y de un posible cálculo por seguir ganando legitimidad y aprobación, que el gobierno federal mexicano de entonces implementa una política de “combate frontal” en contra de las organizaciones del narcotráfico.
Es verdad que algunos grupos criminales en determinados Estados ya asolaban a la población civil y tenían dominio territorial, sin embargo, en ese momento (2007) no se tenía un problema comparable al de Colombia. Para México se ideó un plan (iniciativa Mérida) que paradójicamente metió al país en un problema de ingobernabilidad similar al de Colombia.
Los atomizados grupos criminales, tanto en ese sexenio como en los siguientes; no escatimaron en adquirir y utilizar poder de fuego en disputas internas, contra otros grupos, para “defenderse” del Estado o para extraer rentas de la población civil.
La violencia criminal, pasó de estar encapsulada a los bajos mundos, a extenderse bajo distintos delitos y a cada vez más sectores de la sociedad.
El monopolio de la violencia que solo debe ejercer el Estado no se cumple al verse limitadas las capacidades tanto de los municipios en prevenir y responder a la violencia, como la de los Estados en perseguir delitos y procurar la Justicia.
Es también verdad que la violencia tiene su fuente en la clausura de oportunidades de desarrollo derivadas de un modelo económico que descarta a las personas y funciona en razón de acumular riqueza en pocas manos.
No obstante, es necesario contener la violencia con la fuerza del Estado, fuerza que ningún grupo criminal es capaz de soportar; violencia que puede ser frenada cuando las capacidades de los municipios y Estados se fortalecen.
En sentido contrario, en la práctica se observa el intento por tratar de resolver el problema desde el ámbito federal (fuerzas armadas, policía federal, guardia nacional) creándose un nudo gordiano entre los ámbitos de gobierno.
Si bien las instancias federales tienen mayores y mejores recursos para enfrentar la violencia (sobre todo las fuerzas armadas). Jamás podrá restablecerse la Paz duradera sin antes estabilizar la capacidad de acción de las instancias municipales y estatales para garantizar el orden.
Lo anterior significa invertir de manera permanente en equipamiento y capacitación de policías y ministerios públicos confiables y disciplinados, con mandos libres de compromisos inicuos.
El diseño constitucional actual delimita facultades de los distintos ámbitos de gobierno que deben supervisarse y controlarse por parte de la sociedad civil, de lo contrario deberá modificarse el marco legal, privilegiando siempre el carácter civil de las corporaciones de seguridad.
Es correcto “atacar las causas” de la violencia; brindando becas, oportunidades de desarrollo y apoyos sociales. Igual de necesario es frenar la violencia directa contra la población civil, fortaleciendo a los Estados y municipios en sus capacidades de seguridad; vigilando y controlando el actuar de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno.
“Enséñales los preceptos y las leyes, dales a conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar.
Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de mil, jefes de ciento, jefes de cincuenta y jefes de diez.”
(Éxodo 18:20-21)
Moisés Hernández Félix
Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas.
Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.
