Lograr que la justicia se aplique no evitará que haya quien continúe accediendo al poder con miras a apoderarse de bienes ajenos o sacar beneficios del tráfico de influencias, pero al menos haría más difícil que lo hicieran
En nuestro México querido el concepto de corrupción está muy ligado, demasiado podría decir, a los políticos y a la gestión gubernamental, un fenómeno que está muy justificado dadas las sospechas de siempre y los resultados de las investigaciones que se realizan en la actualidad en contra de decenas de funcionarios que incurrieron en actos contrarios a su tarea de administrar de forma decente y efectiva los recursos públicos de la nación.
Tenemos, por ejemplo, la investigación abierta en contra del expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien es señalado por el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien lo acusó de forma directa por recibir millones de dólares en sobornos y, a la vez, sobornar a legisladores para obtener prebendas.
Antes, ambos fueron colaboradores muy cercanos, Lozoya Austin fue de los principales organizadores de la campaña de Peña Nieto y director de la paraestatal petrolera del 2012 al 2016, así que los vínculos entre los funcionarios de primer nivel es algo público y notorio.
El proceso judicial que ahora los vuelve a unir es el centro de la atención del pueblo mexicano que, como desde hace años, espera que la justicia castigue a quienes robaron recursos públicos y utilizaron sus posiciones para enriquecerse.
También existen acusaciones que señalan a Peña Nieto como quien recibió millones por parte de quien fue el más poderoso narcotraficante no sólo en México, sino que tuvo alcance internacional, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos y no aquí, donde es señalado por miles de homicidios cometidos durante su guerra contra otros carteles.
Esa circunstancia produce una gran decepción entre la sociedad mexicana, quien hubiera visto con buenos ojos que el hombre que por años causó graves perjuicios en diferentes partes del país, incluidos los asesinatos de padres, madres, hermanos, hijos o amigos, pagará aquí sus culpas.
Al parecer, las autoridades locales no tuvieron la capacidad para hacerlo o, simplemente, no quisieron hacerlo por las repercusiones que hubiese tenido si el narcotraficante se decidiera a abrir la boca. No creo que las autoridades estadounidenses estén libres de toda culpa, pero allá si se actuó y ahora lo tienen a la sombra sin posibilidad de que recupere su libertad.
Un panorama similar se vive en Chihuahua, donde funcionarios de primer nivel de la pasada administración estatal cometieron, según las acusaciones de la actual administración estatal, el delito de peculado, por lo que solicitó la aprehensión y extradición –también desde Estados Unidos– del exgobernador, César Duarte Jáquez, quien enfrenta el proceso encarcelado en aquel país.
Lo más triste de este y otros asuntos similares, es que a nadie sorprende que exservidores públicos se aprovechen de su posición privilegiada para beneficiarse, tanto a ellos mismos como a sus socios y familiares. Podemos decir que tomamos tales asuntos como algo normal en nuestro sistema político, cuando no debe ser así.
Por el contrario, todo servidor público que se aproveche para agenciarse recursos de los ciudadanos en vez de utilizarlos para realizar obras que incrementen el bienestar de la sociedad, debe ser perseguido hasta que pague, conforme a la ley, las violaciones que haya cometido.
Tal vez lograr que la justicia se aplique no evitará que haya quien continúe accediendo al poder con miras a apoderarse de bienes ajenos o sacar beneficios del tráfico de influencias, pero al menos haría más difícil que lo hicieran y lo pensarías dos veces antes de atreverse a robar, que es la mejor palabra para describir lo que algunos hacen.
Lo que debe ser normal en nuestra sociedad es que los delincuentes y corruptos sean perseguidos, arrestados y encarcelados, en su caso, además resarcir el daño provocado a la nación aprovechando el trabajo público que se le designó o, en el peor de los casos, para el que fue elegido por los votantes.
Por lo contrario, lo que parece normal en nuestro sistema político es que quien llega a ocupar los cargos de elección popular o que son contratados para desempeñarse en la administración pública es que robe, y si no roba, es que es un… dejaré que usted ponga el calificativo más adecuado.
Los antivalores que por décadas han impedido que México crezca con todo su potencial continúan lacerando al país generación tras generación, ya es tiempo de frenar esa insana tendencia que ahora nos asfixia con pobres expectativas para salir del hoyo en el que nos encontramos. Y no es trabajo sólo de los gobernantes, sino de todos los sectores de la comunidad; sin embargo, requieren de un muy buen ejemplo para seguirlo.
Claro, hay quienes actúan de forma decente, que trabajan cada día desde sus trincheras con la honestidad que también se ejerce, pero hay que inclinar la balanza hacia ese lado, porque la fuerza oscura tiene mucho, demasiado, peso.
Por ejemplo, uno de los actos de corrupción que más ha lastimado a nuestro país es que los funcionarios electos y los contratados, tendieron sendas redes y alianzas con grupos de narcotraficantes. Tal situación puede ser aseverada porque, si no, de que otra forma se explica el empoderamiento de esos grupos, al grado de que en la actualidad no hay forma de controlarlos.
Y aquí estamos, esperando recuperar poco a poco el ejercicio de una real democracia en el territorio, donde quien actúe con responsabilidad tenga todas las ventajas de hacerlo y quien no lo haga que enfrente ineludiblemente a la justicia.
Lo sé, parece un sueño, un catálogo de buenos deseos, teoría pura, pero existen muchos ciudadanos tratando de alcanzar ese ideal.
Después de todo, ¿cuándo habíamos visto a un expresidente de la República, a gobernadores y a funcionarios de primer nivel en medio de una investigación que puede resultar en su encarcelamiento?
Martín Orquiz
Periodista en Ciudad Juárez, desde donde ha publicado para el periódico El Fronterizo, El Diario de Juárez y la revista Newsweek. Se ha desempeñado como reportero, coordinador de información y editor. Es comunicólogo por la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene una maestría en periodismo por la Universidad de Texas en El Paso. Recibió el Premio María Moors Cabot 2011 –en equipo con la redacción de El Diario de Juárez–, también es coautor del libro colectivo ‘Tu y yo coincidimos en la noche terrible’
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