En los 80’s se puso en boga en algunos países aplicar la teoría del derrame o del ‘crecimiento por goteo’ planteada por autores como George Simmel a partir de Adam Smith. Su tesis principal era que el incremento de la riqueza total de los países generaría un efecto automático de reducción de la desigualdad en todos sus sectores, mejor distribución del ingreso y, con ello progreso social. Ello condujo en el entramado normativo, a que los países que la adoptaron buscaran fomentar una competencia económica con tendencia a la desregulación.
En la globalización, los países como destinos de inversión que compiten entre sí para mejorar sus niveles de crecimiento y sus condiciones de desarrollo.
El incremento del tamaño de otros problemas públicos y la apuesta global por una agenda común desde las Naciones Unidas (Objetivos para el Desarrollo Sostenible) han provocado —de manera acentuada en los últimos años— renovados bríos y entusiasmo por la cooperación para el desarrollo y una nueva concepción de la competencia económica y el desarrollo.
El paradigma previo –el de la competencia extrema– causó que, sobre todo en regiones como América Latina y El Caribe, los problemas superaran las capacidades institucionales de los gobiernos y la región se ubicara como una de las que más rezagos para la competitividad a nivel mundial.
Ante la necesidad urgente de resolver los problemas de pobreza y desigualdad en la región, se consideró por un tiempo que el solo hecho de competir con países de todas las regiones del mundo sería una solución para lograr mejor desarrollo económico y calidad de vida entre las poblaciones. Sin embargo, los asuntos por resolver en la agenda social y económica superaron esa visión unitaria.
Es así como las reuniones y las organizaciones multilaterales ganan mayor utilidad. A propósito, destaco la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) celebrada en Panamá en el mes de octubre de 2024; organización en la que fungimos como Secretaría Ejecutiva.
En ella se realizaron mesas de trabajo sobre temas trascendentales para la mejora de los sistemas de rendición de cuentas, funcionamiento de las entidades fiscalizadoras, implementación de tecnologías alternas (como es el caso de la inteligencia artificial aplicada) y la gestión interna de las instituciones para alcanzar los objetivos de desarrollo e igualdad. El objetivo principal es reafirmar la cooperación regional, para la generación de valor público.
Por otra parte, la Asamblea y la disposición institucional de las EFS de la región deja de manifiesto la vinculación de las tareas de fiscalización, rendición de cuentas y evaluación de programas y políticas públicas con la mejora de las acciones de los gobiernos. Es una muestra de cómo se gestionan colectivamente, retos como la gobernanza de la inteligencia artificial.
Las reuniones de la OLACEFS —así como de otros organismos multilaterales en la América Latina y El Caribe— son un aliciente con gran vigor para la cooperación para el desarrollo. tanto al interior de los países como en la región en su conjunto.
Ello ocurre específicamente para la ASF a través del ejercicio de su mandato legal en la práctica de auditorías, a través de la revisión de la Cuenta Pública 2023, recién presentada al Congreso, que se compone de 2369 revisiones y de la cual, en esta segunda entrega, ocurrida el pasado 30 de octubre se presentaron 678 informes individuales, sumándose a los 68 de la primera entrega en junio pasado. Las 1623 revisiones restantes se presentarán el próximo 20 de febrero; recordemos las entregas de auditorías a la Cámara de Diputados ocurren en tres momentos diferentes (junio, octubre y febrero).
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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