En septiembre de 2022 un cruel caso de maltrato animal en el que más de 60 perros y gatos habían sufrido de todo tipo de abusos e incluso algunos perdieron la vida debido a lo sufrido en manos de un sujeto de la colonia Diego Lucero de la ciudad de Chihuahua, nos hacía ver la necesidad de contar con autoridades capacitadas y enfocadas en la debida atención de este tipo de delitos, por lo que planteamos la creación de una fiscalía especializada.
Lamentablemente, aunque esta propuesta se ha mantenido inmóvil, no han sido así las estadísticas que cada vez nos muestran la cruel realidad que sufren los animales -en su mayoría de compañía- en nuestro país: de acuerdo con la organización AnimaNaturalis y con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, de toda América Latina, nuestro país se disputa entre el primer y tercer lugar con más casos de maltrato y crueldad animal, que comprende diversos abusos que llegan a ser incluso de tipo sexual.
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando, de acuerdo con el INEGI, casi 70% de los hogares tiene una o más mascotas, lo que suma cerca de 80 millones de mascotas de las cuales 43.8 millones son perros, 16.2 millones son gatos y los 20 millones restantes son de diversas especies pequeñas, que no siempre gozan de una tenencia responsable, tal como queda en evidencia con la estadística del propio Instituto que arroja que, de cada 10 mascotas, 7 son víctimas de alguna forma de maltrato.
Como bien habíamos dicho en más de una ocasión, el debate en torno a las cuestiones inherentes al maltrato animal debe quedar rebasado por el avance no solo de la ciencia, sino de la conciencia, argumento que es compartido por más de una legislación que, si bien no reconoce en sí a los animales como sujetos de derechos, sí lo hace como sujetos de protección por el hecho de formar parte del medio ambiente sano al que, constitucionalmente, tenemos derecho las y los mexicanos.
La realidad que últimamente cada vez con mayor frecuencia queda plasmada en notas que alertan de los abusos en contra de animales, nos muestran también que existe una categoría de delitos de índole sexual que se siguen cometiendo y que sin duda alguna demandan de la tipificación precisa a fin de desincentivar su comisión y disminuir la impunidad.
Hemos de decir que, abordar los actos catalogados como zoofílicos o de bestialismo en diversas legislaciones aún se mantienen como un tabú, no podemos negar ni ignorar su comisión, dado que es una cruel realidad que demanda dejar de lado la complicidad de las propias leyes, sobre todo cuando las redes sociales han hecho progresivamente este tipo de casos mucho más visibles, mostrando que incluso hay quienes lucran con la distribución de este tipo de material que queda plasmado en videos.
A nivel local, la penalización de conductas zoofílicas ha sido recurrente en diversas legislaturas, interés que compartimos diversas fuerzas políticas al interior del estado, por lo que esperamos materializar estos esfuerzos y robustecer la legislación en el tema, haciendo frente a una realidad que viven quienes no tienen voz pero que sin duda sufren de este tipo de conductas.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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