No es buen augurio para la administración de justicia en Chihuahua el que se haya designado a Myriam Victoria Hernández Acosta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia
y mucho menos que esa designación se haya dado por unanimidad luego de la caída de Pablo Héctor González Villalobos de la presidencia de ese órgano y la salida de Roberto Siqueiros Granados del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
¿Qué presiones se ejercieron para que esas dimisiones se dieran cuando a ambos magistrados les faltaba más de un año para cumplir sus períodos al frente de los encargos antes citados y que luego, incluso, ambos votaran a favor del nombramiento de Hernández Acosta como presidenta del TSJ?
El problema no es la persona sino quienes están detrás de todos esos movimientos y la manera en que operaron para que Hernández Acosta llegara a esa posición y se dieran cambios que no corresponden a los tiempos que marca la ley.
Es obvia la intromisión del Poder Ejecutivo y es claro que se repiten esquemas que debieran estar superados: Como gobernador César Duarte impone a 13 magistrados, entre ellos Hernández Acosta, con la finalidad, se dijo entonces, de oxigenar al poder judicial; luego Javier Corral llega y hace lo propio aduciendo también una limpieza en ese poder. La realidad es que ni la oxigenación ni la limpieza han llegado hasta ahora al Tribunal Superior de Justicia, al contrario, es como un auto al que le han quitado el catalizador y ahora emite más contaminantes a su entorno.
Si por las vísperas se sacan los días, sin importar a que acuerdos se hayan llegado para que la votación fuera unánime en la elección de la presidenta del Tribunal y aunque Hernández Acosta haya jurado al tomar protesta que se desempeñaría como lo dictan la moral y la ley, y que encabezará un poder que impartirá justicia y que no operará en base a venganzas ni intereses personales, la tentación de repetir los esquemas ya vistos en los periodos de los gobernadores Duarte y Corral, de mantener el paradigma y que el Poder Judicial continúe sometido a los designios del Poder Ejecutivo, es muy grande.
Además, hay quienes, de entre los magistrados “oxigenadores”, con el magistrado Luis Villegas Montes como punta de lanza, exigen sangre y quieren ver como reses a los carniceros del pasado, es decir, a los magistrados impuestos por Corral, sin importar el desprestigio al que someterían al Poder Judicial con esas acciones.
Si Villegas, como se ha comentado, es colocado como consejero de la Judicatura, se confirmarían los rumores, aunque algunos aseguran que la gobernadora no ve con buenos ojos a Villegas porque lo considera un chivo en cristalería. Ojalá y sea cierto.
A lo anterior agregamos que la cercanía de la nueva presidenta del TSJ al exgobernador César Horacio Duarte Jáquez es incuestionable, a tal grado que en el juicio que éste enfrenta en una corte de Miami en los Estados Unidos Hernández Acosta envió una declaración jurada en la que aseguró que el exmandatario era un perseguido político y ella misma -en declaraciones a la prensa lo ha dicho así- fue una perseguida política por anteriores autoridades y, aunque no dijo cuáles, es claro que se refiere a Javier Corral Jurado y al fiscal César Augusto Peniche Espejel, así como a quienes eran afines a estos al interior del TSJ.
En este contexto cobra relevancia la solicitud que hiciera el diputado por Morena Óscar David Castrejón Rivas ante el pleno del Congreso del Estado de Chihuahua para que se transparentaran los motivos por los que Pablo Héctor González renunció a la titularidad del Poder Judicial. “No aclarar las verdaderas razones por las que tuvo para dimitir a su cargo abren la puerta a la especulación de un conflicto entre el Poder Ejecutivo y Judicial, lo cual, de ser cierto, es una situación muy delicada”. Y vaya que lo es.
Asimismo, por cómo se han venido desarrollando los eventos al interior del Poder Judicial, es de importancia capital lo expuesto por el coordinador de la bancada de Morena, Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, quien considera que el exgobernador César Duarte Jáquez debe ser juzgado por el Poder Judicial Federal para garantizar un proceso imparcial y que haya justicia, en respuesta a la resolución de extradición que autorizó una jueza estadunidense.
Duarte Jáquez enfrenta al menos 20 investigaciones y órdenes de aprehensión por cargos de peculado, malversación de recursos públicos y asociación delictuosa y el hecho de que se le extradite no significa una sentencia o que se le encuentra culpable, “por eso -manifestó Estrada Sotelo- debemos centrar la atención en que queremos juicios sólidos, que las fiscalías realicen efectivamente su trabajo y que los órganos jurisdiccionales efectúen todo bajo el debido proceso”.
De radicarse en un tribunal del fuero común el juicio al exgobernador en el contexto de la trama antes descrita, la imparcialidad no puede gozar de garantía alguna, es un hecho, pero esa es mi opinión y, como siempre, usted estimado lector tendrá la propia, por eso simplemente… se lo dejo de tarea.
Pedro Torres
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