En las Asambleas Generales de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) se firma una Declaración, cuyo propósito es guiar los esfuerzos de la Organización para favorecer la cooperación a través de acciones conjuntas, el intercambio de buenas prácticas y experiencias que contribuyan a fortalecer las capacidades de cada una de sus EFS miembros y generar valor en una temática trascendental para la región. Durante la más reciente Asamblea General de la OLACEFS, se firmó la Declaración de Oaxaca.
Este documento hace eco de los distintos compromisos internacionales asumidos por los Estados latinoamericanos en materia ambiental, cambio climático, desarrollo sostenible y derechos humanos. De conformidad con distintos tratados internacionales, y su propia legislación, los gobiernos están obligados a prevenir daños ambientales, reducir los riesgos de desastres, evitar que la temperatura media anual rebase el límite de 1.5 °C establecido por el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Conscientes de estas responsabilidades, las EFS han buscado, en el marco de sus facultades y competencias, colaborar en la implementación de estos compromisos globales, considerando los principios tanto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Marco de Pronunciamientos Profesionales de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). En ese sentido, las EFS deben verificar si los recursos públicos se han ejercido de manera económica, eficiente y eficaz, buscando un equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y ambientales, así como evaluar su impacto, especialmente de los programas destinados al combate a la pobreza y la atención sanitaria.
La Declaración de Oaxaca toma como punto de partida estos elementos para promover que las EFS de la región y el Caribe cuenten con equipos auditores con los conocimientos técnicos para realizar auditorías coordinadas de desempeño a las políticas e instituciones públicas encargadas de la atención del cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, generar espacios de diálogo con los poderes legislativos de cada país para analizar el impacto en el ciclo de elaboración de presupuesto, ejecución y rendición de cuentas en dichos temas; intensificar y fortalecer las auditorías a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial aquellas vinculadas con el ODS 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” y sus metas, tales como la restauración ecológica, incrementar la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres y la mitigación del cambio climático.
Considerando la complejidad de ambos fenómenos, la Declaración de Oaxaca convoca a las EFS a generar alianzas con el sector privado, la academia y la sociedad civil y terceros interesados, como la OCDE, el BID o la GIZ-Cooperación Alemana, para enriquecer los enfoques, metodologías y herramientas tecnológicas para el ejercicio fiscalizador de la reducción del riesgo de desastres y cambio climático.
La Declaración de Oaxaca dará paso a una comunidad auditora experta en la fiscalización de situaciones de emergencia que aportará conocimientos al resto de las EFS de INTOSAI ejerzan un rol más activo en la lucha contra el cambio climático y la gestión de desastres para consolidar su gobernanza y, con ello, contribuir a preservar el bienestar de la ciudadanía, ya que Latinoamérica y el Caribe son dos de las regiones más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, cuyas consecuencias se agravan en el contexto de desigualdad que, tristemente, aún caracteriza a nuestra región.
David Colmenares Páramo
Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978.
Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México.
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