El acceso a Internet se convirtió en un derecho constitucional reconocido para todas y todos los mexicanos desde 2013 y ha ido adquiriendo importancia a su vez por el acceso que habilita a otros derechos fundamentales como la información y el acceso a las tecnologías de la información.
Es una cuestión evidente que la digitalización ha revolucionado la manera en la que realizamos las actividades incluso más cotidianas, sobre todo a raíz de la pandemia que nos confinó obligándonos a recurrir a la tecnología para solventar algunas de las necesidades más apremiantes.
En México como población hemos seguido el mismo camino que a nivel mundial y hemos ido aceptando cada vez más plataformas de negocios y realizando cada vez más transacciones electrónicas, ya sea desde aplicaciones de redes de transporte hasta a través de sitios web de comercio; el ecosistema digital es cada día un espacio al que recurrimos de manera más frecuente, aunque a la par del desarrollo en estos medios digitales aumentan los riesgos y desafíos en materia de regulación.
Partiendo de una creciente queja generalizada, se ha encendido una alerta respecto a las aplicaciones que ofrecen préstamos fáciles a través de alguna aplicación; solicitando aparentemente mínimos requisitos y prometiendo solución en minutos, se engancha a las personas quienes a cambio del financiamiento otorgan acceso a datos sensibles e incluso a información de terceros, misma que es utilizada de manera indebida.
Si bien existen aplicaciones que solicitan al usuario el acceso a la cámara de su celular, además de acceso a sus contactos, ubicación y almacenamiento -lo cual muchas veces es desconocido por usuarios- existe otro tipo de aplicaciones de préstamos en la que, a cambio del financiamiento se solicita al solicitante una cantidad a manera de anticipo, cantidad que es prácticamente robada y por cuyo pago no se obtiene préstamo alguno.
Sin embargo, eso no es lo peor: lo peor es el uso que le dan a la información de las personas, quienes motivadas por algún apuro recurren a todos los medios a su alcance, confiando en que las aplicaciones serán una solución. Nada mas lejos de la realidad: las aplicaciones de préstamos no registradas resultan ser todo un problema ya que al momento del cobro sacan el cobre y hacen uso de insultos, amenazas y acceden a fotografías y contactos para solicitar el pago; atemorizan a las personas haciéndose pasar por alguna autoridad y se burlan de la necesidad de la gente presumiendo la impunidad.
Si bien, como se dice coloquialmente, “para todo hay maña” consideramos que también para todo debe haber una solución. Con esa premisa en mente, se busca actualizar las conductas ilegales que se hacen como parte de la cobranza y emprender acciones conjuntas aprovechando el avance que a nivel federal hay en cuestión de seguridad cibernética para evitar estos abusos. Si nos lee de manera frecuente, a estas alturas ya debe saber: la intención es poner primero a la gente.
Benjamín Carrera Chávez
Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.
Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1.
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