La paz se conquista y una forma de hacerlo es identificando y combatiendo las raíces de la violencia.
La violencia es parte integral de la condición humana y el grado en el cual se contiene y encauza es barómetro de los niveles de civilidad de una persona o un país. Uno de los motivos por los que salió de cauce en México es porque abundan las armas de alto poder desde que en 2004 terminara en Estados Unidos la prohibición de vender rifles de asalto (en la actualidad pueden adquirirse por internet los llamados “Cuernos de chivo” y la Barret 50). La embajada de Estados Unidos reconoció en un cable del 25 de marzo de 2009 que “aproximadamente 90 por ciento de todas las armas incautadas e investigadas son de los Estados Unidos” (el porcentaje exacto es parte de un debate inacabado porque también entra armamento a México por la frontera sur).
Todos en México sabemos que las armas vienen de Estados Unidos. Si esto se sabe, ¿por qué no ha tomado medidas el gobierno federal mexicano? Felipe Calderón se distinguió por el vigor retórico de la denuncia pero su flamígero verbo no se tradujo en acciones concretas. Fueron frases cinceladas sobre estelas de jabón. El gobierno de Enrique Peña Nieto ni a eso llega; se atrinchera en un silencio evasivo que según ellos es “oficio” político.
Barack Obama tampoco ha podido (ni querido) frenar el contrabando hacia México o la venta irrestricta de armas en su país pese a que en Estados Unidos mueren cada año 30 mil personas por armas de fuego. Es prisionero de la Asociación Nacional del Rifle. Para que el lector de estas líneas calibre su impotencia, en 2013 la Casa Blanca se quejaba de que el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) “y otras agencias científicas tienen prohibido por el congreso utilizar fondos públicos para ‘promover algún tipo de control de armas'”. Diversas fuentes confirman que, en realidad, los conservadores frenan cualquier investigación sobre las “causas de la violencia causada por las armas”. En un país obsesionado con las estadísticas, el gobierno es incapaz de establecer con precisión la génesis y sintomatología de la epidemia de violencia. Es la victoria de la sinrazón.
Llevamos ocho años de sangre y sufrimiento y es obvio que los gobiernos de Obama y Peña Nieto seguirán haciéndose los desentendidos. Su indiferencia cambiará cuando las sociedades de los dos países los presionen, lo cual requiere como primer paso meter el tema en la agenda. Una parte de Estados Unidos está impulsando de manera organizada algún tipo de control; los mexicanos andamos muy retrasados.
Eso explica el nacimiento, el viernes pasado, de [Des]arma México. Su directora ejecutiva es Miriam Morales y en ella participan abogados como Gonzalo Aguilar Zinser, Fabián Aguinaco, Santiago Corcuera y Felipe Gómez Mont Landerreche; analistas como Denise Dresser, Eduardo Huchim y Edna Jaime; creadores como Pedro Reyes o Eduardo Terrazas; y figuras de la política como Tatiana Clouthier, Angélica de la Peña, Amalia García y Jesús Robles Maloof (la lista completa en http://www.desarmamexico.org).
Además de difundir el tema, [Des]arma México hará peticiones concretas. Pongo un ejemplo: en 2012, la Patrulla Fronteriza tenía 18,546 agentes desplegados en la frontera común y sólo 421 agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El gobierno mexicano debe pedir a su contraparte que incremente el personal de la ATF.
México también es responsable de que la frontera sea una coladera. En 2013, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tenía a 1,400 aduaneros (su nombre actual es oficiales de comercio exterior) para todo el país. Sirven de muy poco. Cualquiera que haya observado los cruces fronterizos en el norte sabe que son rarísimos los controles a los vehículos que ingresan.
Tenemos que frenar a los mercaderes de la muerte que han traído la prosperidad a funerarias y cementerios y el dolor a centenares de miles de familias. El silencio es éticamente insostenible. Nadie nos regalará la paz que no seamos capaces de conquistar.
LA MISCELÁNEA
Diversas entidades están limitando el derecho constitucional a protestar. El próximo lunes 2 de junio vence el plazo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interponga una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo. ¿Defenderá Raúl Plascencia ese derecho o se hará el desentendido alentado por los halagos de sus cómplices en el Senado?
Colaboró Marcela Valdivia Correa.
Sergio Aguayo Q
Académico, escritor, columnista, politólogo y promotor de los derechos humanos y la democracia.
Profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Escritor de docenas de libros y artículos académicos. Reconocido columnista publicando su trabajo semanal en Reforma y 13 periódicos del país entre ellos Juárez a Diario. Politólogo y promotor de los derechos humanos y la democracia. Ha sido, presidente del Consejo Directivo de Fundar, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos e integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica. Preside actualmente Propuesta Cívica. Por su trabajo ha recibido reconocimientos en México y el extranjero.
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